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sábado, julio 19, 2025
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Piden atender el estatus dentro del PPD

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, pidió al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) que inicie un proceso formal para discutir el asunto del estatus político de Puerto Rico, con miras a adoptar una posición institucional definitiva sobre ese tema.

“Desde hace varios años he presentado varias resoluciones ante la asamblea del PPD para que se cree una comisión especial sobre las relaciones políticas de Puerto Rico y los Estados Unidos, la cual analice, delibere y recomiende la posición o fórmula política que debe adoptar el partido como institución. Hasta ahora, ese debate necesario no se ha llevado a cabo”, señaló.

Ayer, lunes, dio a conocer la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre los proyectos de estatus presentados ante el Congreso, tanto por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, como sobre el proyecto de estadidad presentado por la comisionada residente, Jenniffer González.

“Con respecto al ELA y su posible desarrollo, lo dicho por el DOJ plantea serios dilemas que el PPD debe atender como institución. No podemos seguir postergando esta discusión dentro del Partido”, aseveró el representante por Caguas.

“Exhorto al presidente del PPD y presidente del Senado, senador José Luis Dalmau Santiago, y a la Junta de Gobierno del Partido a establecer lo más pronto posible una comisión especial que atienda este tema de manera formal, con la participación de todos los sectores dentro del Partido, de modo que estemos listos para asumir nuestra responsabilidad ante el debate de estos asuntos en Puerto Rico y ante el Congreso”,

De otra parte, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, adujo que- bajo la Constitución de los Estados Unidos- no existe ninguna posibilidad de otra relación política no territorial que no sea la estadidad.

“Estas opiniones del Departamento de Justicia federal debe dar por concluido cualquier ilusión de algunos de los sectores dentro del Partido Popular Democrático de que existe la posibilidad de un Puerto Rico bajo los Estados Unidos sin estar regido por la cláusula territorial. El debate se acabó”, sentenció el expresidente de la Cámara Baja.

Méndez Núñez dijo que el gran perdedor con las ponencias de Justicia federal es el actual presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien buscaba que se enmendara el HR 2070, medida de las congresistas demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, para incluir una versión de estatus no territorial, pero con autonomía en todos los sentidos.

“Ciertamente los grandes perdedores de hoy fueron aquellos que se agarran de la colonia, del inmovilismo con el único objetivo de gobernar la colonia, ser los amos de una finca privada. El actual presidente de la Cámara ha gastado en cabilderos sobre 400,000 dólares en seis meses para tratar de que se acepte en el Congreso un alegado pacto entre dos naciones diferentes como estatus político, pero recibiendo todos los beneficios como los fondos federales y la ciudadanía americana. Estas ponencias de hoy son el final de ese mal sueño que solo él y un grupo de fanáticos pensaban que podía ser”, comentó.

Roban boleto de Pega 3 premiado

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un boleto del Pega 3 que estaba premiado fue robado ayer- lunes- en Caguas, informó la Policía.

De acuerdo a la Policía, al querellante se le despojó del boleto -premiado con $500- mediante fuerza e intimidación. También se le robó $60.

El incidente ocurrió a las 9:54 am. en la avenida Gautier Benítez #40, en Caguas.

No se especificó si el querellante -cuya identidad no fue identificada- resultó ileso.

El caso es investigado por agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Hombre de 26 años muere de Covid

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un hombre de 26 años figura entre las seis víctimas más recientes de COVID-19, reportó el Departamento de Salud.

El hombre provenía de uno de los municipios de la Región Metro y murió el miércoles, 2 de junio.

Mientras las otras víctimas- tres mujeres y dos hombres- fallecieron entre le 12, 13 y 14, de junio. El día más fatal- cuando murieron tres personas- fue el lunes, 14.

Además del hombre de 26 años, las muertes corresponden a:

  • Mujer de la Región Metro de 79 años
  • Mujer de la Región de Bayamón de 85 años
  • Hombre de la Región Bayamón de 69 años
  • Mujer de la Región Aguadilla de 73 años
  • Hombre de la Región de Caguas de 81 años

Por otra parte, Salud agregó 188 casos de coronavirus a las estadísticas de muestras tomadas entre el domingo, 30 de mayo al domingo, 13 de junio:

  • 20 casos confirmados
  • 18 casos probables
  • 150 casos sospechosos

Entretanto, en los hospitales hay 58 personas ingresadas a causa del virus:

  • 37 pacientes adultos
    • 10 en cuidado intensivo
    • 3 conectados a un ventilador
  • 21 pacientes pediátricos

AAPP defiende ejecución de LUMA Energy

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes interrogó hoy -lunes- al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, acerca del cumplimiento de la privatizadora LUMA Energy tras el apagón masivo que el pasado jueves dejó a un estimado de 900,000 clientes sin el servicio de energía eléctrica.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, LUMA Energy ha cumplido con las métricas de cumplimiento establecidas en el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como la comunicación con los alcaldes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) luego de un apagón mayor.

La compañía asumió la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el pasado 1 de junio.

No obstante, reconoció que no existe un documento de evaluación sobre la ejecución de la empresa por parte de la AAPP, agencia encargada de administrar la ejecución de la empresa.

Las expresiones del licenciado, quien ejerce el rol de supervisor del contrato, surgieron en momentos en que ejecutivos municipales han declarado estados de emergencia en sus pueblos por la falta de electricidad en comunidades y han considerado establecer corporaciones municipales para asistir en los servicios de LUMA Energy.

“¿Usted entiende, por lo que hemos visto en el pandemónium que hay allá afuera, que LUMA hoy ha cumplido con eso?”, preguntó el representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la comisión cameral.

“Yo sé que LUMA sí ha estado en comunicación con los alcaldes y con los municipios y con las agencias”, respondió Fontanés, quien defendió la ejecución de la empresa contratada para operar los activos de la AEE a un costo de $1,520 millones por un periodo de 15 años. Hasta la fecha, según trascendió en la vista pública, la empresa ha facturado $163 millones.

Fontanés informó que LUMA Energy certificó el pasado 27 de mayo que contaba con el personal suficiente para iniciar las operaciones, pero reconoció que no ha visto un listado oficial de empleados para evaluar la veracidad del documento.

Según el director ejecutivo, la empresa emplea, a la fecha, 350 celadores. En una vista pública celebrada el pasado marzo, el presidente y CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby, adelantó que necesitaría 750 celadores de línea para comenzar a operar.

“Usted me está diciendo hoy aquí que la única garantía que usted tiene de que LUMA tiene el personal suficiente es que ellos se lo certificaron, pero usted ni siquiera ha visto una lista por lo menos del área que más nos preocupa a nosotros en el país, que son los celadores de línea”, señaló Torres Cruz.

“Yo veo un montón de alcaldes y compañeros legisladores que empiezan a llegar aquí que están desesperados porque la gente los tiene abacorados en sus distritos y en sus municipios diciendo que todavía no hay energía (eléctrica), y que en muchos sitios no aparecen las brigadas de LUMA”, continuó el representante como parte de la extensa ronda de preguntas.

El legislador cuestionó a Fontanés si entendía que estaba cumpliendo con su responsabilidad de supervisión, pero el director ejecutivo evadió responder la pregunta.

“Ellos certifican que están listos. LUMA, como entidad privada, no solo tiene el personal, sino tiene la capacidad de contratar a cualquier contratista en todo momento porque no tienen unos límites que existían anteriormente”, justificó el licenciado. “Es una operación legal. Esto es un acuerdo con consecuencias”.

Fontanés notificó a la comisión cameral que la subestación de Monacillos, conocida como “el cerebro” de la AEE, también cuenta con el personal de celadores necesarios para mantener las operaciones, pues todos los trabajadores de la corporación pública continuaron sus funciones con LUMA Energy.

“El equipo que estaba corriendo Monacillos el día del incidente era el mismo equipo que corría Monacillos el mes pasado, el año pasado y después de (huracán) María. Eso fue un criterio importante para nosotros desde el día uno: asegurarnos que los que corrían el corazón y el cerebro de la AEE eran las personas que tenían esa experiencia, porque es un sistema complejo”, dijo el director ejecutivo.

Por su parte, los directivos de la AEE señalaron a la comisión cameral que, como parte de su rol de fiscalizar la ejecución del contrato, mantienen “comunicación directa” con la administración de LUMA Energy. Sin embargo, tanto Efrán Paredes – director ejecutivo de la AEE – como Ralph Kreil – presidente de la Junta de Gobierno – indicaron que no tienen la autoridad para recomendar la cancelación del contrato en caso de incumplimiento, pues esa acción recae sobre la AAPP y el Negociado de Energía.

“¿Ustedes están satisfechos con el desempeño de LUMA Energy hasta este momento?”, increpó Torres Cruz.

“Con sinceridad, tengo que decirle que en 14 días, con las lluvias y diluvios que ha habido; con la explosión en Monacillos que en menos de 24 horas, comparado con año y medio, que se tardaron más de tres o cuatro días, yo creo que es un poquito prematuro para poder entrar a una determinación”, expresó el ingeniero Kreil.

El representante, no obstante, refutó que la empresa inició el proceso de transición desde junio del 2020, por lo que LUMA Energy “no está empezado desde el 1 de junio”. “Esa historia no se la sigan tratando de vender al pueblo. No engañemos al país. Llevan un año montando su negocio con los chavos del pueblo de Puerto Rico”.

El legislador adelantó a los deponentes que próximamente radicará una resolución con la intención de continuar la fiscalización del contrato durante todo el cuatrienio.

“Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a estar fiscalizando y citándolos todo el tiempo, y cuestionándolos todo el tiempo. Vamos a estar los cuatro años que yo esté aquí fiscalizándolos para asegurarnos de que se haga lo mejor para el país”, manifestó Torres Cruz.

DRNA establece acuerdo de limpieza de cuerpos de agua con municipios

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Por CyberNews

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El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, anunció hoy -lunes- el establecimiento de un acuerdo único de limpieza de cuerpos de aguas con los municipios.

“Este acuerdo facilitará los trámites para realizar trabajos de extrema importancia para proteger nuestras comunidades y las propiedades localizadas en áreas bajas de nuestra isla. Además, el acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, el cual puede ser extendido o revisado, permitiendo de esa manera que los municipios puedan desarrollar planes de trabajo a más largo plazo”, destacó Machargo en comunicación escrita.

Explicó que a este momento se dependía de permisos especiales para cada uno de los municipios. El “Nuevo acuerdo de limpieza de cuerpos de agua”, establece requerimientos mínimos “de forma que estos puedan ser atendidos sin mayores contratiempos”, destacó el titular del DRNA.

El nuevo acuerdo entrará en vigencia tan pronto el municipio lo firme, se agregó.

La Ley 49 de 2003 (Ley de Política Pública sobre la Prevención de Inundaciones en Puerto Rico, la Conservación de Ríos y la Dedicación a Uso Público de Fajas Verdes), establece que es deber del DRNA la vigilancia, conservación y limpieza de playas, y la conservación y limpieza de ríos.

Sin embargo, la misma ley establece que la agencia no es responsable de la limpieza y conservación de quebradas, arroyos, caños y cauces de cuerpos de agua de dominio municipal o privado.

No obstante, el DRNA no ve impedimento legal para llevar a cabo acuerdos en coordinación con municipios y personas privadas, obras de conservación y limpieza de esos cuerpos de agua de acuerdo con un programa de trabajo sufragado por la Asamblea Legislativa o por los municipios.

“El acuerdo nos permite canalizar de manera coordinada los esfuerzos que todos debemos hacer para proteger la población y su propiedad. Ese ha sido el norte que nos mueve y por el cual lo establecemos”, aseguró Machargo.

El acuerdo permite a los municipios limpiar y remover escombros, basura y material vegetativo que impidan el fluir de las aguas, y pueden, potencialmente, causar inundaciones.

Para asegurar que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con la mejor protección de los recursos naturales, se le requiere a los municipios que tengan un biólogo que evalúe esas operaciones, entre ellas determinar si en el lugar existen hábitats críticos que requieran ser protegidos. Además, debe observar si hay especies protegidas y algún otro evento ambiental que requiera detener los trabajos, atender los mismos y determinar la reanudación de los trabajos sin afectar los recursos del área.

El biólogo del municipio deberá enviar sus recomendaciones al director regional del DRNA para evaluación.

Por otro lado, el municipio debe disponer del material recogido según las leyes aplicables y no podrá variar el curso del cuerpo de agua. Asimismo, deberá detener las obras de encontrarse material arqueológico o histórico, según establecidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina de Preservación Histórica y el DRNA.

También será responsable, entre otros requerimientos, de obtener los permisos necesarios para las obras.

El DRNA hizo hincapié en que el acuerdo no puede ser utilizado para establecer una extracción de componentes de la corteza terrestre a gran escala con fines comerciales. Mientras, los árboles deben ser preservados, según las disposiciones de la Ley de bosques (Ley 133-1975).

Los municipios, igualmente, deben coordinar sus operaciones con el Cuerpo de Vigilantes y presentar el plan de trabajo ante el director regional del DRNA.

 

 

Atribuyen a “falla técnica” incendio en Monacillos

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, dijo hoy -lunes- que fue una “falla técnica” lo que provocó el incendio en la subestación Monacillos la semana pasada.

“Puedo adelantar que todo indica que fue una falla técnica del equipo que estaba en el lugar”, dijo Torres a preguntas de la prensa.

“Nosotros lo que buscamos es analizar qué pasó. De respuesta, nos encargamos de controlar el fuego y ver la escena. En cuestión de tecnicismos del equipo, eso no somos nosotros”, añadió.

Asimismo, no respondió si este evento era prevenible. Indicó, además, que “en los próximos días”, producirá un reporte completo donde establecerán las causas del incendio.

En la tarde del jueves, un incendio se suscitó en la subestación de Monacillos, provocando que miles de abonados se quedaran sin el servicio energético.

Las expresiones del titular del DSP se dieron durante la inauguración de un cuartel del Negociado de la Policía en Loíza.

 

Contraloría revela deficiencias en Lajas

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Por CyberNews

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Lajas.

El informe revela que el municipio permitía, contrario a la ley y la reglamentación vigente, que los empleados acumularan tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas para los empleados públicos y 480 horas para los empleados de seguridad o de emergencias.

En el 2018 el municipio pagó $16,798 a cuatro empleados en lugar de permitirles que tomaran el tiempo compensatorio antes de la efectividad de sus renuncias. Además, los auditores de la Contraloría identificaron empleados con tiempo acumulado de hasta 815 horas, balances incorrectos y registros de tiempo compensatorio sin las autorizaciones.

Situaciones similares se habían comentado en los informes de auditoría M-14-40 del 2014, M-10-55 del 2010.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la ausencia de procedimientos y controles internos que regularan las recaudaciones del programa de talleres y adiestramientos del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del municipio. En el programa se realizaron recaudaciones por $29,379 sin expedir recibos de recaudación electrónicos o manuales que estuvieran registrados en el módulo de recaudaciones Ingresys del sistema contable. Además, tampoco se realizaban depósitos ni se emitían informes diarios de lo recaudado.

El 10 de noviembre de 2020, el municipio de Lajas aprobó el reglamento sobre normas y procedimientos para los talleres; sin embargo, dicho reglamento no establece disposiciones que atiendan y corrijan las situaciones señaladas.

La administración del Cementerio Municipal de Lajas, no recibió el pago de arbitrios de un contratista independiente contratado para construir fosas, no cobró el 10% de la contribución especial por parte de dos propietarios que vendieron sus fosas, y no formalizaban contratos escritos con las personas que compraban lotes.

El informe indica que el municipio notificó a la Oficina del Contralor, siete incidencias de pérdida de propiedad por $118,747 hasta 265 días posterior a la fecha reglamentaria. Esta situación no permitió que la Oficina tuviera disponible la información en el tiempo requerido.

La auditoría comenta que Lajas tenía en el 2017, un 28% ($3,100,315 dólares) de déficit del total de su presupuesto; en el 2018, un 32% ($2,959,655 dólares) y en el 2019, un 20% ($1,870,684 dólares). En la preparación y ejecución de un presupuesto, no se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos obligados por ordenanza o resolución.

El Municipio tenía un 80% de los 127 empleados nombrados como transitorios hasta 20 años, en exceso del término de ley. En ocasiones los municipios se ven obligados a nombrar empleados transitorios, pero estos no deben exceder los 12 meses.

Este primer informe de Lajas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019

Farmacéuticos reclaman incentivo por pandemia

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Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico envió hoy -lunes- una comunicación al gobernador Pedro Pierluisi en reclamo a  que incluya a los farmacéuticos y técnicos de farmacia entre los profesionales de salud y primeros respondedores que recibirán un incentivo monetario por trabajar durante la pandemia.

El pago especial consiste de un mínimo de $2,000 por empleado y están destinados a profesionales de enfermería, policías, bomberos y  tecnólogos médicos.

“El CFPR reclama que tanto los farmacéuticos como los técnicos de farmacia sean incluidos como parte de los profesionales de salud y primeros respondedores que recibirán un incentivo monetario por trabajar durante la pandemia”, expresó la presidenta de CPFR, Giselle Rivera en comunicación escrita.

“Nuestros farmacéuticos colegiados han estado activos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, comprometidos  ampliamente  con su responsabilidad de velar por la salud del pueblo puertorriqueño.  Tanto las farmacias de la comunidad como los sistemas de salud públicos y privados se mantuvieron abiertos a pesar de los cierres establecidos. Por lo que, su compromiso debe ser premiado como otros profesionales de la salud con este incentivo”, añadió.

«La meta del Departamento de Salud es aumentar rápidamente la población que reciba la vacuna contra el COVID-19, los farmacéuticos y técnicos de farmacia son los profesionales claves para  impulsar el incremento de personas vacunadas en el país en menor tiempo», sostuvo.

El CFPR es una organización sin fines de lucro, que representa 3,420 colegiados farmacéuticos siendo creada por ley desde el 1938 con el objetivo de velar por el desarrollo profesional y la ética de la práctica de farmacia para que se preste el mejor servicio al paciente.

Sembrarán 5,000 árboles en el Sur

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Por CyberNews

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La organización Distrito Caribe de Conservación de Suelos y Agua se trazó la meta de sembrar 5,000 árboles nativos en los pueblos de Coamo, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Santa Isabel, Salinas y Villalba para hacer frente al cambio climático, proteger la fauna y la flora y, además, recuperar el balance ecológico de las zonas identificadas.

“Esta iniciativa ambiental y de reforestación es subsidiada por fondos federales del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Tenemos como meta sembrar unos 5,000 árboles nativos en espacios públicos que se identificarán en colaboración con los alcaldes o alcaldesas de los municipios», informó el agrónomo Marcos Saliceti en comunicación escrita.

Para lograr este proyecto, la organización sin fines de lucro recaba la colaboración de voluntarios y vecinos de estos pueblos para que sean parte de esta iniciativa. Los interesados pueden enviar un mensaje de texto al 939) 592-6928 o acceder aquí.

Suministrada

El Distrito Caribe se encargará del traslado y siembra de los árboles.

Con estas actividades buscan, además, orientar a las comunidades sobre la importancia de la siembra del árbol correcto en el lugar correcto y de hacerlos parte del proceso. «Queremos concienciar a la ciudadanía, que se sientan parte de su ecosistema y estén comprometidos en protegerlo”, indicó Saliceti.

Asimismo, el agrónomo sostuvo que, “en medio de la pandemia del COVID-19 y tras los efectos de los huracanes Irma y María y los terremotos que afectaron la zona sur, iniciativas como estas son la solución ideal para devolver el balance ecológico al ecosistema”.

Según mencionaron este balance ecológico se puede lograr con la restauración de la flora pérdida, mejorando los hábitats importantes y con el manejo sostenible de los terrenos circundantes a otras áreas naturales protegidas para restaurar los bosques y proteger el suelo.

Algunos de los árboles nativos a sembrarse son robles nativos, uvas playeras, mangle botón, entre otros.

Pierluisi acusa a la Cámara de obstruir y burocratizar el gobierno

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Por Redacción Es Noticia

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El gobernador Pedro R. Pierluisi denunció que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto que le envió la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) con cambios que no representan las prioridades del pueblo y que dejó fuera varias iniciativas incluidas que le llevó.

“En el proceso de elaboración del presupuesto ante la Junta logramos que se incluyeran algunas iniciativas importantes, como por ejemplo, dinero para combatir la violencia de género, para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, para atender el cambio climático, para programas de asistencia social y contra la pobreza , y unos dos millones en aumentos en personal necesario como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y ajustes para cumplir con pensionados de los retirados del gobierno”, señaló Pierluisi.

Explicó que aunque el presupuesto de la Junta «se quedó corto» le llevó a Asamblea Legislativa las asignaciones que «debían tomar en consideración para mejorar los servicios gubernamentales y promover el desarrollo económico, incluyendo fondos para mantenimiento de carreteras, incentivos para promover a Puerto Rico como base de carga aérea, primeras oportunidades de empleo para jóvenes y para reclutar personal retirado en apoyo a nuestras agencias, entre varias otras».

«Para la sorpresa y el perjuicio de nuestra gente, la Cámara de Representantes ignoró la mayoría de las iniciativas de beneficio al pueblo y por el contrario hizo mayores recortes, impuso más burocracia al gobierno y se asignó aumentos en su propio presupuesto”, dijo.

Señaló que el presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes padece de tres defectos principales.

  1. Le recortaron una asignación de gastos operacionales a la Autoridad de Carreteras de sobre $200 millones, los cuales los legisladores del PPD repartieron.
  2. Usaron esa partida para sacar $112 millones para el programa de becas a la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que esos fondos ya estaban asignados y los tiene el Departamento de Hacienda en una cuenta restricta.
  3. Aumentaron su propio presupuesto, el del Senado y el de la Superintendencia del Capitolio en sobre $17 millones.

La Cámara de Representantes, según explicó, en vez de añadir al presupuesto los $112 millones que no se utilizaron para las becas en la Universidad y que no se han usado, los dejan perder y le quitan una cantidad mucho mayor a Carreteras. En resumen, la Cámara aprobó el presupuesto de la Junta, con el equivalente a un recorte de $112 millones, señaló.

Explicó que, a pesar de los recortes a las iniciativas presentadas por el gobierno, los legisladores del PPD aumentaron su propio presupuesto, el del Senado y el de la Superintendencia del Capitolio en sobre $17 millones. “Esto mientras le niegan fondos a agencias clave como seguridad pública, Policía y Educación, y no incluyeron ninguna inversión adicional en desarrollo económico ni en capital humano», dijo.

Pierluisi acusó a la Legislatura de:

  • Recortar un millón de dólares a la nómina del Departamento de Salud.
  • Negar $3 millones al Departamento de Justicia para el reclutamiento de más fiscales.
  • Negar $44 millones del fondo de equiparación a los municipios.
  • No asignar $94 millones para el presupuesto de la UPR.

«En fin, ignoraron las necesidades del pueblo a cambio de fondos para ellos”, dijo el gobernador Pierluisi, quien estuvo flanqueado por integrantes del equipo económico y el expresidente de la Cámara.

«La resolución de presupuesto de la Cámara de Representantes contiene lenguaje que busca obstruir la labor del Gobierno, ya que pretende que el gobierno tenga que regresar a la Asamblea Legislativa para cada ajuste presupuestario, e intenta burocratizar aún más a las agencias».

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