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La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, recomendó hacer un consumo moderado del agua potable debido a la disminución en los niveles de agua en los embalses como Carraízo y Guajataca, como resultado de la merma en lluvias registrada en el país.

Pagán Crespo indicó que se han realizado ajustes para no interrumpir el servicio de agua como cambiar el suplido de agua que sale del lago Guajataca a fuentes de agua potable en Añasco y del área de Rincón. Además, en San Juan también se establecido cambios similares para reducir el uso de agua proveniente de Carraízo.

La funcionaria indicó que desde abril se ha reportado una merma en la cantidad de lluvia que cae en la isla mientras el consumo de agua ha registrado un aumento sustancial, lo que ha causado una disminución el los niveles de agua de los embalses.

“Abril estuvo seco y en meyo no hemos recibido lluvias. Sin embargo, nosotros hace semanas hemos estado haciendo ajustes operacionales internos para lo que es Guajataca y Carraízo por sus niveles actuales, comportamientos y condiciones del tiempo que no nos ayudan”, dijo la funcionaria en una entrevista en la estación de radio WKAQ.

La corporación pública informó hoy que Carraízo está en nivel de seguridad con 39.71 metros de agua. Sin embargo, una vez llegue a 39.70 metros entra en nivel de observación.

En peor estado se encuentra el embalse de Guajataca con 189.33 metros bajo la categoría de ajustes operacionales.
Guajataca, ubicado entre Quebradillas, Isabela y San Sebastián, sufrió serios daños tras el paso del huracán María, en septiembre de 2017.

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Según el último informe del Departamento de Salud, se reportaron dos muertes a causa del coronavirus y corresponden a dos hombres, ambos de 81 años, de las regiones Metro y Mayaguez.

Los decesos reportados por el Registro Demográfico fueron certificados mediante criterio clínico y documentados por un profesional médico, por tener cuadros clínicos compatibles a COVID-19, siendo así catalogado en sus certificados de defunción.

Con las fatalidades añadidas, el total de muertes en la isla asciende a 113, de las cuales 57 fueron reportadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 56 a través del Registro Demográfico

El informe del Departamento de Salud registró 58 casos únicos positivos adicionales por COVID-19 y dos muertes reportadas a través del Registro Demográfico.

Los resultados de los 58 casos únicos positivos adicionales se desglosan en 14 a través de pruebas moleculares y 44 por pruebas serológicas.
Con estos resultados adicionales, el número de casos únicos positivos es de 2,256, que se desglosan en 1,054 que se han obtenido de las pruebas moleculares y 1,202 de las pruebas serológicas.

De esta totalidad de casos únicos positivos, se reporta que 1,133 corresponde a mujeres y 1,123 a hombres.

Para más información, puede acceder directamente a través de la siguiente dirección https://statuscovid19.pr.gov o a través de la página web del Departamento de Salud www.salud.pr.gov/coronavirus.

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Según el último informe del Departamento de Salud el número de casos únicos positivos aumentó de 2,198 a 2,256, lo que implica un alza de 58 casos.

Estos se desglosan en 1,054 que se han obtenido de las pruebas moleculares y 1,202 de las pruebas serológicas.

El número de muertes aumentó de 111 a 113, lo que implica que se han registrado dos nuevas muertes adicionales por coronavirus.

Los nuevos positivos elevan a 666 los casos en la zona Metro; 420 en la región de Bayamón; 238 casos en la región de Mayaguez; 304 en Caguas, 193 casos en Arecibo; 258 casos en Ponce y 61 casos en Fajardo.

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El senador por acumulación Héctor Martínez, propone facultar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para poner en libertad a aquellos miembros de la población correccional que cualifiquen, cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia a raíz de una pandemia, una emergencia sanitaria o de salud pública a través del Proyecto del Senado 1584. ​
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Martínez Maldonado ha liderado los esfuerzos para que por razones salubristas y humanitarias, los confinados no peligrosos puedan terminar de cumplir sus condenas fuera de las instituciones penales para así minimizar los riesgos de propagación del Covid-19. La pieza legislativa establece los criterios a tomar en consideración para dicha excarcelación, y dispone quienes no cualificarán para este proceso que busca proteger la salud pública e institucional. ​
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“El secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, nos ha confirmado varias áreas grises en las leyes habilitadoras que impiden que, en su ejercicio discrecional, pueda liberar confinados por una emergencia de salud. Este Senado va a actuar para proteger la vida de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que, privados de su libertad, es el Estado el custodio de su salud y su seguridad”, indicó el senador novoprogresista. ​
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Fue enfático, el Senador por Acumulación, que no cualificarán para este beneficio aquellos miembros de la población correccional que representen un peligro para la comunidad, que hayan tenido querella por actos de indisciplina en los últimos 12 meses o hayan sido convictos por delitos de agresión sexual. De igual modo, no podrá ser puesto en libertad aquel confinado que tenga pendiente un proceso de extradición para otro país, traslado para las autoridades federales, estado o territorio de Estados Unidos. ​
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En el restante de los casos, siguió diciendo Martínez Maldonado que el Secretario podrá poner en libertad a los miembros de la población correccional que cumplan con al menos uno de cinco criterios establecidos. ​
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Éstos son: que el confinado haya cumplido el 80% de la sentencia impuesta o que le resten 12 meses o menos para extinguir la sentencia; que el confinado se encuentre ingresado por un delito no violento; que padezca de una enfermedad terminal; o que se encuentre dentro del grupo de alto riesgo, según establecido por el Departamento de Salud de Puerto Rico o por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). ​
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Asimismo, explicó categóricamente Héctor Martínez que para tener este beneficio el miembro de la población correccional deberá haber alcanzado un alto grado de rehabilitación y tener un plan de salida viable que incluya, un hogar a residir, y tratamiento médico de así requerirlo, entre otros aspectos.

Esta medida de la autoría del senador Martínez Maldonado establece que el Secretario de Corrección podrá imponer el uso de supervisión electrónica o cualquier otra condición establecida en los programas de desvío, libertad a prueba o bajo palabra. A su vez, para salvaguardar el derecho de las víctimas del crimen, el Secretario vendrá obligado a notificarles de dicha excarcelación.
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“Esta medida no se trata de propiciar la impunidad, sino un acto de humanidad y sensibilidad. El lunes le pediré al Presidente del Senado, que se apruebe.”, finalizó diciendo el senador Héctor Martínez. ​

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La representante Maricarmen Mas Rodríguez afirmó el sábado que urge aprobar legislación que establezca nuevos parámetros de regulación a la naciente industria de los negocios de alimentos preparados ambulantes  en los llamados camiones de comida o food trucks, con el objetivo de nivelar los requisitos operacionales que tiene el gobierno sobre los operadores de estos comercios.

“La proliferación de negocios ambulantes alrededor de la Isla, específicamente los llamados ‘food trucks’, hace necesario aclarar lo que realmente constituye un negocio ambulante. La actual definición, según la Ley 81-1991, es muy amplia, lo que permite que algunos comercios de comida sean tratados y regulados como negocios ambulantes, food trucks, a pesar de que no lo son. Este es un sector de la economía local que en el 2018 generó unos 203 empleos directos con un salario promedio de $2,750 mensual”, dijo Mas Rodríguez.

Del Informe Final de la Resolución de la Cámara 1180, la cual facultó a la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste realizar un análisis profundo de esta novel industria, el cual fue aprobado por dicho cuerpo legislativo el pasado jueves, se desprende que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), así como el Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda recomienda uniformar todos los estatutos vigentes que regula los Food Trucks, a fines de evitar duplicación de leyes, entre otros.

Por su parte, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) indicó que la industria de Food Trucks en los Estados Unidos, incluyendo la Isla, sirve alrededor de 2,500 millones de personas todos los años. La organización también destacó la necesidad de uniformidad en las regulaciones de estos negocios ambulantes.

“Escuchamos a todos, incluyendo la organización Gastronomía Urbana Móvil by Jess, Corp., el Instituto de Estadísticas y el Municipio de Mayagüez, entre otros. Algunos nos indican que se debe enmendar la Ley de municipios Autónomos para regular la industria, otros que sería mejor crear un nuevo Código que incluya todas las leyes existentes que apliquen a la industria, en adición de las nuevas que se tienen que desarrollar”, añadió la legisladora afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP).