Por CyberNews
redaccion@esnoticiapr.com
La Comisión de Bienestar Social recibió hoy -jueves- la visita de agencias gubernamentales y varios profesionales de la salud mental, para continuar atendiendo el Proyecto de la Cámara 768, que busca prohibir la terapia hormonal y cirugías de reasignación de sexo en jóvenes.
Según el texto de la medida, la legislación busca catalogar como maltrato el someter a un menor, o al tener su custodia física permitir que este sea sometido, a tratamientos hormonales y/o cirugías para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual.
En un memorial explicativo, la doctora Carmen Ana González Magaz, secretaria del Departamento de Familia, entiende que su agencia “no puede fomentar legislación que vulnere derechos y/o constituyan una intromisión en el derecho a la patria potestad de los padres. El asunto sobre la identidad de género debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo”.
“Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera unos de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”, explicó la ejecutiva.
González Magaz también explicó que el Estado “está llamado a hacer un balance de derechos en la promoción de los valores que permitan una convivencia fundamentada en el respeto a la dignidad humana”.
Por otra parte, señaló que “la protección contra el maltrato y negligencia no puede ir atada de violar la dignidad de un ser humano de acuerdo con su identidad de género”.
Por otro lado, el Departamento de Salud presentó una opinión sobre la medida en colaboración con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDMPR), adscrita a la agencia.
“La Junta y Salud no se opone a la aprobación del Proyecto de la Cámara 768, pero sí entendemos que no se hace meritorio enmendar la Ley 139, porque de los que se trata de incorporar a la Ley como cuerpo regulador es una prohibición a la realización, por parte de algún médico y osteópata, de algún procedimiento quirúrgico o tratamiento.
Entendemos que al quedar establecido por la Ley que finalmente sea aprobada esta prohibición, la Junta actuará contra cualquier profesional que viole dichas disposiciones e impondrá las acciones disciplinarias contra la licencia de profesionales y la multa que se fije”, explicó el memorial de Salud endosado por el secretario Carlos Mellado López.
El Departamento de Salud señaló que los trabajos de la Comisión de Bienestar Social deberían contemplar añadir al proyecto los privilegios clínicos que confiere los hospitales a sus médicos para realizar procedimientos y tratamientos que podrían incluir lo que la presente legislación propone prohibir.
Por otro lado, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), sometió un memorial explicativo a favor del Proyecto de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, portavoz del Proyecto Dignidad.
“En nuestro ordenamiento legal y jurídico, se considera una persona que no tiene suficiente capacidad para actuar por sí misma en algunas circunstancias de la vida cuando es menor de 21 años…Durante el desarrollo del menor, los padres y cuidadores asumen la responsabilidad de la toma de decisiones relacionadas al menor en busca de su bienestar y el promover un desarrollo óptimo del menor”, explicó en su escrito el secretario de la dependencia, Carlos Rodríguez Mateo.
Según Rodríguez Mateo, la posición a favor de la medida es “con el fin de proteger el crecimiento y desarrollo de nuestros menores de edad, tanto psicológico como físico. Estamos convencidos de que lo planteado en esta ley promoverá un trato digno, humano y la protección de los derechos del menor”.
La discusión sobre el Proyecto de la Cámara 768 continuará hasta la próxima semana.
