La geografía utiliza dos maneras para conocer la ubicación de lugares y puntos en el planeta. La primera es la localización absoluta. Esta se basa en el sistema de coordenadas que hoy día se puede obtener fácilmente por medio de los sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) disponibles en muchos aparatos de telefonía móvil y algunos vehículos.
El segundo acercamiento utilizado para conocer la ubicación es la localización relativa. Para esta opción se analiza la ubicación de objetos y lugares utilizando otros referentes espaciales cercanos. Por ejemplo, de manera general se dice que Puerto Rico tiene una ‘localización relativa’ con la isla de La Española al oeste, el archipiélago de las Antillas Menores al este, el Océano Atlántico al norte y el Mar Caribe al sur.
Asimismo, la ‘localización relativa’ puede servir de referente cotidiano para ubicar lugares y carreteras que utilizamos o mencionamos con frecuencia. Por ejemplo, el Castillo San Felipe del Morro está al noroeste de la comunidad La Perla en el Viejo San Juan.
Pero, ¿qué sucede cuando un ciclón altera espacios y lugares que tradicionalmente usamos como referentes de ubicación y movilidad? ¿Cómo percibimos nuestra geografía local cuando las carreteras y puentes son destruidos o cuando el río se sale de su cauce? ¿Qué punto servirá de guía si el huracán destruye un edificio o si una playa deja de existir como resultado de la erosión ocasionada por la marejada ciclónica?
El huracán María alteró la geografía de Puerto Rico. Los cambios en el espacio incluyeron la destrucción de viviendas, modificaciones en los suelos y la transformación de los paisajes culturales y naturales.
Igualmente cambiaron varios referentes previamente utilizados para comunicar la localización relativa de lugares en Puerto Rico.
En el barrio Collores de Juana Díaz se desplomó un puente, lo que obligó a los vecinos a cambiar su ruta para ir al trabajo o buscar servicios básicos. Los residentes de estas comunidades tuvieron que recurrir a cruzar los ríos a pie, aun cuando representaba una amenaza a la salud debido a enfermedades que se pueden transmitir por el lodo, como la leptospirosis, por ejemplo.
Sin embargo, para sobrevivir y acceder a los servicios esenciales fue indispensable enrollarse los pantalones y retar tanto las corrientes de agua, como las rutas de movilidad tradicionales que en muchos casos ya no existían.
En otros lugares como el barrio Viví Abajo en Utuado y el barrio Palos Blancos en Corozal, los residentes tuvieron que improvisar puentes y vados para poder tener acceso a sus comunidades. Esos puentes provisionales, construidos por los vecinos, siguen utilizándose dos años después de María, a pesar del peligro que representan para quienes los transitan diariamente.
En áreas costeras, algunas playas alteraron su morfología producto de la erosión. Esta situación obligó a comunidades a tener precauciones a la hora de transitar o frecuentar esas rutas. Humacao, Yabucoa, Barceloneta y Rincón son ejemplo de municipios playeros que experimentaron erosión costera acelerada tras el paso del huracán.
A estos cambios en infraestructura y ecosistemas, se suma la emigración de miles de personas a los Estados Unidos, que también altera la demografía e impacta las economías locales. Unos comercios cerraron y otros abrieron en los meses posteriores al huracán. La economía y la disponibilidad de servicios por municipios y regiones cambió.
En Bayamón, por ejemplo, una de las tiendas por departamento más concurridas en el centro comercial Santa Rosa, redujo operaciones a un pequeño local con mercancía limitada y así continúa dos años después de María. Oficinas de servicios de salud cerraron en todo el país como resultado de la aceleración en la emigración de médicos.
El acceso a servicios esenciales se redujo en diferentes municipios. La geografía económica y los escenarios de movilidad se alteraron en detrimento, más que nada, de las personas con menos recursos.
De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre la Comunidad del Censo de los Estados Unidos, Puerto Rico tuvo en el 2018 una reducción poblacional de 142,000 personas con respecto al año anterior. Ese descenso, que representa un 4.3% de la población, se debió a la combinación del aumento en la emigración y al hecho de que se registraron más muertes que nacimientos, según han establecido demógrafos puertorriqueños.
Mientras miles de personas abandonaban Puerto Rico ante la escasez de empleos con una remuneración digna, unos nuevos inquilinos de gran poder adquisitivo vieron en el desastre una oportunidad para llegar a la isla y beneficiarse de legislación que los exime de tributar la totalidad de los intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo para los negocios que establezcan en el país. Uno de estos estatutos, aprobado en 2012, que proyecta a Puerto Rico como un paraíso fiscal en beneficio de estos nuevos inversionistas extranjeros es la Ley 22.
Para cualificar a sus beneficios de exención contributiva, al empresario se le requiere residir en Puerto Rico solo durante la mitad del año. Es una contradicción que debe analizarse: en el mismo periodo en que una parte de la población nacida en la isla tuvo que marcharse en busca de mejores oportunidades económicas, un grupo de extranjeros privilegiados sí encontró las mejores oportunidades en Puerto Rico.
Además de estas modificaciones en la demografía y la geografía económica del país producto de la promoción de Puerto Rico como paraíso fiscal, se han comenzado a trazar otros proyectos, como las denominadas Zonas de oportunidad, dirigidas a inversionistas que no necesariamente aportarán a la creación de empleos dignos y oportunidades de progreso para los sectores de mayor precariedad económica.
Por el contrario, este modelo puede agudizar la desigualdad y la crisis poblacional, al promover el desplazamiento y la gentrificación en aquellas comunidades donde sus habitantes actuales no cuenten con los recursos para lidiar con las nuevas cargas en los costos de renta u otros impuestos que pueden surgir tras las llegada de nuevos inversionistas a su área, según un estudio realizado por Smart Growth en Estados Unidos.
La exclusión documentada de las comunidades de los procesos de consulta y planificación de los proyectos de las Zonas de oportunidad y otros programas de Gobierno como el de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, no ha impedido el desarrollo de iniciativas independientes de empoderamiento ciudadano.
A dos años del huracán María, no han faltado los proyectos comunitarios que abogan por el fortalecimiento de geografías solidarias y participativas, como lo son el movimiento por la energía solar, el surgimiento de comedores sociales, el rescate de terrenos donde había escuelas cerradas y la movilización de ciudadana en reclamo de una recuperación justa.
Desde una perspectiva social, el poderoso ciclón que azotó el 20 de septiembre de 2017 también cambió gran parte de la geografía cultural de Puerto Rico.
La geografía cultural no se refiere a ejercicios triviales de memorización de capitales o a dramatizaciones en las cuales se obliga a estudiantes a disfrazarse de representaciones estereotípicas de grupos nacionales, étnicos o comunidades particulares. Es un área académica que plantea un acercamiento crítico al estudio de las formas en que las sociedades se relacionan con su entorno partiendo del análisis de aquellas ideologías y relaciones de poder que inciden en la producción de espacios y lugares.
Se investigan, además, las estrategias empleadas por las comunidades y grupos culturales que resisten los discursos hegemónicos de exclusión espacial y se organizan para promover geografías más solidarias y participativas.
El Comedor Comunitario en el barrio Mariana en Humacao, así como las iniciativas de rescate de antiguas escuelas abandonadas por el Gobierno, deben resaltarse como ejemplos de los procesos de recuperación gestados desde las comunidades. De igual forma, las campañas en favor de modelos de vivienda justa lideradas por organizaciones como la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO) en Salinas, Guayama,
Arroyo y otros municipios, demuestran el compromiso de las comunidades con promover el acceso a una vida digna e inclusiva, a pesar de los obstáculos gubernamentales para acceder a los fondos de recuperación.
Tras el Verano del 19 y las protestas que resultaron en la renuncia del exmandatario Ricardo Rosselló, han proliferado las llamadas asambleas de pueblo en plazas y espacios públicos alrededor del país. Estos encuentros ciudadanos promueven la revalorización de los centros urbanos tradicionales.
Las ciudadanas y ciudadanos han politizado esos espacios públicos y calles que en tantas ocasiones anteriores se utilizaron como escenario de represión por parte del Estado. En ese sentido, se ha dado, aunque a pequeña escala, lo que el geógrafo urbanista español Jordi Borja identifica como la democratización de la ciudad por medio de la afirmación del espacio público.
De acuerdo con el geógrafo y planificador puertorriqueño Carlos Guilbe, los cambios en el entorno local obligan a las comunidades a organizarse para obtener los servicios esenciales durante períodos de emergencia o épocas en las cuales el gobierno toma decisiones enfocadas en el desmantelamiento de las políticas de beneficencia social.
Conscientes de que la ayuda gubernamental puede ser lenta, o que tal vez nunca llegará, la ciudadanía recurre a otras estrategias para suplir sus necesidades cotidianas.
“La experiencia puertorriqueña en los procesos de recuperación post ciclones siempre ha apuntado hacia la escala comunitaria. Desde esta base se ejerce presión directa sobre los ejecutivos municipales. Este proceso se caracteriza por mayor dependencia en redes informales para obtener unos bienes y servicios básicos”, explicó Guilbe al Centro de Periodismo Investigativo.
Con estas realidades, no es poco común que en distintos barrios surjan las figuras de los ‘chiriperos’, que son personas en las cuales las comunidades usualmente confían para buscar gasolina, ayudar a llenar formularios de FEMA a quienes no tienen Internet, facilitar la transportación hacia hospitales, recoger escombros, entre otras gestiones. Estos intermediarios no tienen ninguna empresa registrada. Lo hacen como un ejercicio basado en la economía informal.
“El hecho que las transacciones sean exclusivamente en efectivo abona a un fortalecimiento de canales que están invisibilizados en la economía formal. Existen experiencias extremas documentadas como los Four Tracks en Cayey en donde los ‘muchachos’ del punto llevaron envejecientes al hospital o buscaron medicamentos en sus vehículos”, explicó Guilbe.
“Estas redes, al ser visibles a nivel de vecindario o comunidad, se consolidan y hasta se hacen legítimas ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales”, añadió el catedrático del Departamento de Geografía en la Universidad de Puerto Rico.
No hay duda de que un evento como el huracán María, sumado a la ineficiencia gubernamental en el período posterior al ciclón, obligó a grupos y comunidades a repensar sus entornos y convivir partiendo de nuevas formas de movilidad y maneras alternativas de acceder a los servicios esenciales.
La población de Puerto Rico no solo comenzó a redefinir sus formas de participación política, sino que además ha experimentado con nuevas maneras de relacionarse con los espacios y lugares que son parte de su cotidianidad. En el proceso de recuperación, la geografía cultural de Puerto Rico también continúa cambiando.
