Por Miguel Díaz Román
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La Cámara de Representantes se propone presentar en las próximas horas ante el Tribunal Superior de San Juan una solicitud de interdicto preliminar y permanente contra el Departamento de Hacienda, porque, alegadamente, sin que mediara una autorización avalada por la legislatura,  la agencia emitió una orden administrativa que exime por un año a las corporaciones de seguros, de telecomunicaciones y de publicidad de emitir las informativas sobre los pagos que reciben e impuso esa responsabilidad en sus clientes.

El presidente de la Cámara, Carlos Méndez y el representante Antonio Soto, quien preside la Comisión de Hacienda, figuran como los principales demandantes contra el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

En la demanda alegan que la orden administrativa 19-08 viola la Ley 60 del 2019, que le impone a las corporaciones de seguros, de telecomunicaciones y de publicidad la responsabilidad de emitir las informativas anuales y enviarlas a sus clientes comerciales o residenciales por los pagos que ellos han realizado.

La demanda que será presentada por el presidente cameral  y  el representante Soto evidencia las fricciones entre el poder legislativo y el Ejecutivo, tras el veto impartido por la gobernadora Wanda Vázquez a un paquete de medidas de origen legislativo.

Entre esas medidas figura el Proyecto de la Cámara 2172, que concedía varios beneficios como una rebaja de un 3 % en la contribución sobre ingresos para los individuos, que podría beneficiar a 875,000 contribuyentes; y un crédito contributivo de $400 a las personas de 65 años o más.

El representante Soto indicó que al vetar el Proyecto 2172, se anula la intención legislativa de dejar sin efecto la orden administrativa 19-08, que en realidad tiene el efecto de penalizar al pequeño empresario porque le impone la responsabilidad de emitir la informativa y evade cumplir con la Ley 60.

“El Proyecto 2172 corregía la determinación administrativa 19-08, emitida por el Secretario de Hacienda, de pretender posponer unilateralmente por un año el requisito de las informativas, sin mediar legislación”, dijo el representante Soto.

En un párrafo de la orden administrativa 19-08 se indica que las industrias de seguros, de telecomunicaciones, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Industriales le solicitaron a Hacienda que pospusiera el requisito de la informativa.

También señala que la exención por un año tiene el objetivo de que “puedan trabajar en la programación de sus sistemas y obtener la data necesaria para cumplir con lo establecido en la Ley 60”.

El legislador agregó que en un carta enviada el pasado 16 de diciembre de 2019, se le solicitó al secretario “que dejara sin efecto la orden administrativa y acatara la Ley. Es harto conocido que la facultad de enmendar, derogar o cambiar una ley reside exclusivamente en los cuerpos legislativos”.

Sobre el veto de Vázquez Garced, el representante Soto sostuvo que “prefiero pensar que la gobernadora fue mal asesorada e inducida a un grave error y no el que La Fortaleza sucumbió ante intereses particulares. Desafortunadamente, el resultado fue el mismo, al vetar la medida la gobernadora da la espalda a más de 875,000 personas, a miles de adultos mayores, a miles de pequeñas y medianas empresas, a miles de personas que brindan servicios profesionales o trabajan por cuenta propia”.

La medida también contemplaba eliminar el impuesto en servicios prestados a otros comerciantes (B2B) en aquellos profesionales cuyo volumen de negocios sea de 300,000 dólares o menos e incorporaba la figura del Contador Especialista, que, alegadamente, representaba un alivio económico para el pequeño empresario en los trámites para cumplir con determinados requisitos de Hacienda.

La medida pospone el IVU durante la temporada de huracanes, exime a la renta de equipos médicos del pago del IVU y elimina el 1.5 % de la patente nacional a los profesionales que le prestan servicios al gobierno.

Otra área atendida por la medida es que exime a las empresas con volumen de negocio de hasta $10 millones del requisito de someter estados financieros auditados y en cambio podrían presentar otro tipo de informe de cumplimiento, lo que reduce el costo de hacer negocios a las pequeñas empresas.

Esta última propuesta del Proyecto 2172 no fue del agrado de los contadores públicos autorizados porque, alegadamemte, tendría el efecto de reducir sus ingresos.

“El proyecto otorgaba $45.6 millones en beneficios contributivos y para subsanar dicha cantidad se limitaban incentivos con retorno de inversión negativos. Es bochornoso que el pueblo de Puerto Rico tenga que padecer por capricho de algunos y por atender sus intereses particulares, le dan la espalda a todos” dijo el representante Soto.

El secretario Parés Alicea ha dicho que sus puertas están abiertas para discutir la medida y  el representante también a usado la imagen de las puertas abiertas para indicar que está dispuesto a dialogar. Por lo pronto ese diálogo se realizará en el Centro Judicial de San Juan.