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miércoles, abril 8, 2026
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Salud y el Instituto de Estadísticas depurarán la información sobre el coronavirus

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

El Departamento de Salud (DS) y el Instituto de Estadísticas (IEPR) acordaron compartir información diariamente sobre los casos positivos a coronavirus y de las personas a las que se le suministran las pruebas para detectar el virus, con el fin de ampliar el sistema de recopilación de datos y el desarrollo de futuros indicadores.

“Vamos a compartir nuestros datos con el Instituto de Estadísticas, de manera tal que podamos maximizar los esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus.”, indicó el secretario del DS, Lorenzo González Feliciano en declaraciones escritas.

Aseguró que diariamente se estarán compartiendo los datos pertinentes de las pruebas realizadas, los casos positivos, así como los que resulten negativos y cualquier otra información que se requiera para estos propósitos.

Explicó que tabular y depurar los datos de cada caso requiere un tiempo determinado y un esfuerzo minucioso. La información de las variables en todos los renglones la trabaja un equipo de profesionales, con el fin de tener la información que se necesita para aportar en la toma de decisiones y evaluar el comportamiento del coronavirus en Puerto Rico.

Por su parte, el doctor Orville Disdier, director ejecutivo del IEPR dijo que “respondiendo a nuestra solicitud, el secretario se ha comprometido en hacernos llegar los datos completos y revisados de los casos ya reportados y continuar proveyendo diariamente los de nuevos casos. De ser así, el instituto podrá desarrollar herramientas que le permitan al Departamento de Salud realizar proyecciones y, a su vez, establecer los planes de acción necesarios para reducir los contagios de coronavirus”.

Denuncian fallas en ley que ordena pagar licencia por coronavirus a empleados del sector privado

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

El portavoz de la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, denunció que la Ley 37 del 2020, que ordena al sector privado pagar una licencia especial por coronavirus a sus empleados, contiene contradicciones e imprecisiones que afectan su puesta en vigor por las empresas.

“Evidentemente en este momento histórico donde la economía está cerrada y donde la mayoría de los patronos llevan sobre 25 días sin laborar, se hace totalmente necesario el tener mucho más cuidado con cualquier ley que se apruebe”, dijo Masses en comunicación escrita.

Alegó que la misma contiene un lenguaje impreciso sobre sospecha de padecer COVID-19.

“Esto genera incertidumbre en la aplicación de la ley y obliga a patronos a activar la licencia, aun en ausencia de un diagnóstico corroborado de dicha condición”, manifestó Masses.

Detalló que, entre las distintas áreas de preocupación sobre esta legislación local, figura el que la misma no permite acreditar este pago de licencia a ninguna contribución estatal, distinto a la ley federal ‘Families First Coronavirus Response Act’, que permite a aquellas empresas a las que aplica, acreditar la licencia de COVID-19, contra la contribución federal de nómina. De igual forma, mencionó que “esta ley no contiene excepciones para las pequeñas o medianas empresas, que luego del cierre establecido no puedan cumplir con esta disposición. La aplicación de la ley tampoco está condicionada a que la empresa continúe operando o no durante la emergencia.  No permite ningún tipo de exención por tipo de empresa, en abierto contraste con la ley federal que permite excepciones para pequeñas empresas y que no aplica cuando la empresa está cerrada por la emergencia”.

“Nuestra exhortación a la Asamblea Legislativa y a la gobernadora, es que se desista de aprobar legislación como esta, que añade otra carga a un sector privado, golpeado severamente con el COVID-19, donde la mayoría de las empresas permanecen cerradas y aquellas que continúan operando, apenas sobreviven en un mercado de incertidumbre, inestabilidad y de pérdida de ingresos”, añadió el representante de la Alianza.

De igual manera, la Alianza reconoce que el estado debe buscar siempre proteger la salud y seguridad de la población, pero debe hacerse estableciendo las bases y los protocolos para la reapertura gradual de la economía, que da el sustento a las familias y de la que se depende para seguir adelante.

“Muchos patronos del sector privado luchan todos los días para salvar sus empresas, tratan por todos los medios de retener o reactivar a sus empleados, en condiciones adversas y complejas. Vaya nuestra solidaridad con los patronos del sector privado, que usarán su capacidad de innovación y creatividad para recuperarse y volver, dentro de las medidas de salud y seguridad ocupacional, a generar la actividad económica que crea tantos empleos en Puerto Rico. Pero esto no se logra con imposiciones adicionales que agravan la severa fragilidad de las empresas. Se logra con medidas ingeniosas que permitan la reapertura gradual de la economía, para que se vayan reinsertando los distintos sectores a la actividad productiva, adoptando las medidas de seguridad y distanciamiento social que correspondan”, finalizó.

Sin acuerdo el gobierno federal y Hacienda sobre cómo se distribuirá el alivio de $1,200

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Por Redacción Es Noticia

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El Tesoro federal y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) no han logrado alcanzar un acuerdo con el Departamento de Hacienda (DH) sobre cómo se realizará la distribución del alivio de $1,200  aprobado por el Congreso.

El DH ha propuesto que los beneficiarios del Seguro Social y los veteranos reciban el incentivo en un desembolso directo de parte del gobierno federal mientras que el Tesoro Federal y el IRS prefieren que sea Hacienda quien lo distribuya.

“El proceso de negociación está activo y el Tesoro federal no ha emitido una decisión final. Por lo tanto, decir que el plan no fue aprobado o que el proceso está paralizado, es falso”, expresó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Parés Alicea afirmó que las conversaciones con el IRS continúan.

“Hoy retomamos la discusión, e insistimos sobre nuestra propuesta de que, tanto los beneficiarios del Seguro Social, como los veteranos, reciban el incentivo de manera directa, sin embargo, la agencia federal planteó que sea Hacienda el que los distribuya. No hay una determinación final sobre este particular, como tampoco la hay sobre el plan en su totalidad. Continuamos compartiendo información con el IRS y el Tesoro y ellos decidirán, finalmente, los términos que van a ser aplicables para el desembolso de los fondos a residentes de Puerto Rico”, explicó el secretario de Hacienda.

El funcionario destacó que Hacienda trabaja en la conceptualización de la distribución por fases y en la infraestructura tecnológica a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para implementarla. 

Explicó que el proceso será por fases que comenzarán con los contribuyentes que radicaron planillas de 2019 y, posteriormente, de 2018.

“Proyectamos que los primeros días de implementación del Plan, parte de esa primera fase, se distribuirían unos 762.3 millones de dólares a unos 463,000. De estos 463,000 hay unos 182,000 que deben reportarnos en qué cuenta de banco debemos depositarles los 285.9 millones de dólares correspondientes. El proceso va a ser simple”, detalló.

Explicó que la herramienta digital, que será habilitada en SURI, no va a requerir tener cuenta. Los contribuyentes tendrán que contestar, de manera sencilla, algunas preguntas básicas para poder adquirir la información de la cuenta bancaria donde se realizará el depósito directo.

“Cuando el Tesoro federal apruebe el plan, comenzaremos de inmediato con los desembolsos ya que tenemos la autorización de la Junta de Control Fiscal para utilizar 400 millones de dólares de la cuenta del secretario para adelantar los pagos y luego solicitar un reembolso”, añadió el secretario.

Sobre las personas que no radican planillas y otros grupos, Parés Alicea los instó a estar pendientes a las comunicaciones oficiales de Hacienda durante los próximos días.

“Próximamente, arrojaremos luz sobre los detalles de distribución, una vez acordados con el Tesoro, para que los participantes del PAN, Seguro Social, entre otros sectores, puedan beneficiarse mediante procesos simples”, concluyó Parés.

Una mujer de Mayaguez la nueva muerte por coronavirus, mientras que Coamo registra su primer caso positivo

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Por Redacción Es Noticia

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Una mujer de 84 años de la región de Mayagüez resultó ser la nueva muerte por coronavirus mientras que el pueblo de Coamo registró su primer caso positivo del virus, según el último informe del Departamento de Salud.

La muerte informada es considerada como un caso confirmado como positivo a coronavirus.El Registro Demográfico no reportó muertes.

Con este caso adicional, el total de muertes en la isla asciende a 64, de las cuales 43 fueron reportadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 21 a través del Registro Demográfico.

 Salud reportó además 46 resultados positivos adicionales a coronavirus.

 De los 46 resultados positivos adicionales, 41 fueron obtenidos a través de los laboratorios privados, cuatro fueron procesados en el Laboratorio de Salud Pública y uno se reportado por el Hospital de Veteranos. 

El tablón digital del Departamento de Salud adjudica a la región de Ponce registró 85 casos, pero al sumar los casos positivos en cada uno de los pueblos de la región suman 88 casos.

Los aumentos se registraron en los pueblos de Coamo con un caso, Guayama con un caso, Yauco con dos casos y Santa Isabel con un caso para un total de cinco casos nuevos. Ayer se había registrado 83 casos y con los 5 nuevos casos, suman 88 casos.

En Puerto Rico ya se han realizado un total de 11,848 pruebas de COVID-19, de las cuales 1,298 pruebas han arrojado resultados positivos, 8,789 han sido negativas, 1,751 están pendiente de resultados y 10 permanecen con resultados inconclusos. 

Para más información, puede acceder directamente a través de la siguiente dirección https://statuscovid19.pr.gov  o a través de la página web del Departamento de Salud www.salud.pr.gov/coronavirus.  

Histórica baja en el precio del petróleo

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Por Redacción Es Noticia

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Por primera vez en su historia, el precio del barril de petróleo de referencia en Estados Unidos se derrumbó ayer lunes a – $37.64 dólares, una caída propiciada por la crisis económica mundial a consecuencia del coronavirus.

Se espera que la baja en los precios del petróleo repercuta a favor de los consumidores en Puerto Rico en los próximas semanas en bajas significativas en el precio del litro de gasolina y en los próximos meses en el precio de la luz eléctrica, pues la Autoridad de Energía Eléctrica aún produce más de 40 % de su energía por medio de la quema de petróleo.

Este precio en cifras negativas significa que los inversores y especuladores deben pagar para encontrar compradores ya que en las capacidades de almacenamiento llegan casi a su límite en Estados Unidos.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, en su penúltimo día de cotización, caía casi 90%, según la agencia AFP.

Los contratos del crudo expiran el martes al cierre, y quienes los tienen deben encontrar compradores interesados en hacerse del crudo rápidamente.

Pero como las reservas en Estados Unidos están cerca de su máximo, deben erosionar el precio para encontrar compradores.

El barril WTI para entrega en junio solo perdía 11%, a $22, mientras el Brent para junio perdía 6%, a $26, en Londres.

Suben a 64 las muertes por coronavirus y 1,298 contagiados

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Según el más reciente informe del Departamento de Salud, se han resgistrado 46 resultados positivos a coronavirus que aumentaron la cifra de casos en la isla a 1,298 casos.

Además, las muertes por coronavirus aumentaron a 64, lo que representa un alza de una nueva muerte.

Los nuevos positivos elevan a 350 los casos en la zona Metro; 169 en la región de Bayamón; 127 casos en la región de Mayaguez; 108 en Caguas, 72 casos en Arecibo; 85 casos en Ponce y 16 casos en Fajardo.

Hasta ahora, un total de 11,848 pruebas de coronavirus se han realizado en Puerto Rico, de las que 1,298 han resultado positivas 8,789 han resultado negativas y aún se esperan por los resultados de unas 1,886 Además, hay 10 casos inconclusos.

Colegio de Abogados pide que comedores escolares operen servicarros y entrega a domicilio de comida preparada

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Con el fin de atender una presunta emergencia alimentaria causada por el coronavirus el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) recomendó  la apertura de los comedores escolares para que operen como fast foods y establezcan servicarros y entrega a domicilio de comida preparada.

El presidente del CAAPR, Edgardo Román Espada, y el presidente de la Comisión en Torno a los Derechos de la Niñez, licenciado Reynaldo R. Alegría, exigieron ayer al gobierno que los comedores escolares operen  en diversos polos regionales y que sean los gobiernos municipales y las organizaciones no gubernamentales, quienes se encarguen de administrarlos.

Los abogados recomendaron que los comedores escolares operen servicarros y realicen entrega de alimentos en las casas de quienes no puedan llegar hasta las escuelas.

 “Las medidas salubristas para evitar el contagio del virus tienen que complementarse con iniciativas que garanticen la seguridad alimenticia de las personas en situaciones de vulnerabilidad.  La apertura de los comedores escolares para distribuir comida, guardando todos los cuidados necesarios para evitar el contagio, no requiere de legislación, sino voluntad y consciencia”, afirmó Román Espada en comunicación escrita.

 El gobierno informó recientemente que ha repartido a organizaciones sin fines de lucro sobre 350,000 libras de alimento, que tienen una fecha de utilidad. Según se indicó, el alimento distribuido rinde para 75,000 personas.

 “No es suficiente. En Puerto Rico viven 3.2 millones de personas, y diseñar un plan para donar un promedio de 4 libras de comida para 75 mil personas, es ofrecer una ayuda muy limitada para solamente el 2.3 por ciento de la población”, sentenció el licenciado Alegría.

 “Somos conscientes de que, durante la emergencia, tenemos que buscar apoyo de todos los sectores, y nadie mejor que las organizaciones no gubernamentales para colaborar, pero ello no es suficiente. Las organizaciones no pueden suplir la gestión y trabajo que le corresponde al gobierno.  Creemos que urge abrir los comedores y ofrecer desayuno y almuerzos todos los días a las poblaciones más vulnerables, principalmente a la niñez y a nuestros viejos”, reiteró Román Espada.

Por su parte, el licenciado Alegría exhortó al gobierno a incorporar a los alcaldes en este esfuerzo.

“En el Puerto Rico de hoy, 6 de cada 10 niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza. Abrir los comedores escolares y permitir que las organizaciones no gubernamentales, junto a los alcaldes y alcaldesas hagan su trabajo es, no solo la movida natural, sino la manera de que las gestiones se ejecuten por quienes tienen la responsabilidad.  El gobierno tiene que abrir los comedores escolares ya, y proveerles desayuno y almuerzo a las familias pobres del País, especialmente, a las que tienen niños y niñas. Estoy seguro de que los alcaldes y alcaldesas podrán repartir esos alimentos diligentemente”, señaló Alegría.

Legislatura se prepara para que veredictos de jurados locales sean unánimes

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El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, ordenó ayer un estudio legal sobre la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declara inconstitucional los veredictos por jurados que no son unánimes y presentar legislación para que los jurados locales actúen conforme a la normativa federal.

En la determinación sobre el caso proveniente del estado de Luisiana se cuestiona un veredicto de culpabilidad en un caso criminal que condenó al acusado a una cadena perpetua por mayoría 10-2.

El Tribunal Supremo determinó que las disposiciones de Luisiana, similares a las de Puerto Rico, que permiten un veredicto de culpabilidad por mayoría son inconstitucionales a la luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En 48 estados de la Unión, así como en toda la jurisdicción federal por disposición de la Sexta Enmienda de la Constitución Federal un veredicto de un caso criminal tiene que ser por unanimidad del jurado que ve la prueba del caso.

 “No cabe la menor duda que esta decisión del más alto foro judicial de nuestra nación tendrá grandes repercusiones en Puerto Rico. Por tal razón, esta Cámara de Representantes ha iniciado un proceso de evaluación detallado del caso y su conclusión para delinear las medidas legislativas necesarias con el propósito de armonizar el sistema jurídico estatal con el de la nación, velando por el derecho de los acusados, mientras que al mismo tiempo se salvaguarda la seguridad del pueblo. Esta histórica decisión cambia el proceder jurídico en Puerto Rico y tenemos que estar seguros de los próximos pasos”, señaló Méndez Núñez en comunicación escrita.

 El presidente cameral indicó, además, que “es imperativo estudiar la posibilidad de que este precedente jurídico sea aplicable a todos los veredictos de culpabilidad que se han tomado por jurados en la Isla través de toda nuestra historia constitucional para determinar el alcance del mismo, como se procederá a implementar el nuevo estatuto y la legislación necesaria para ello, entre otros asuntos”.

 Según explicó Méndez Núñez, el estudio va dirigido a considerar la radicación de una Resolución Concurrente para proponer al Pueblo de Puerto Rico una enmienda a la Constitución, a la Sección 11, del Artículo II para que se considere esta jurisprudencia y se requiera unanimidad en los veredictos de un jurado para casos criminales.

 “No podemos olvidar que en un caso criminal se antepone el derecho fundamental de la libertad, a las consecuencias de acciones penales, que son una afrenta a toda la sociedad. En ese sentido, un acusado se enfrenta a una decisión de culpabilidad, que impone a nombre del ‘Pueblo de Puerto Rico’ un jurado, en donde se expone a severas penas y sanciones. Por lo tanto, estamos ante la consideración de un tema que va a la raíz de nuestro contrato social que se encuentra en nuestra Constitución y por lo tanto requiere el más detallado y sosegado análisis legal y jurisprudencial”, culminó el presidente de la Cámara.

Junta de Planificación investiga venta de pan y huevos por fast foods

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La Junta de Planificación (JP) anunció ayer que evaluará los permisos concedidos a algunas cadenas de restaurantes de comida rápida para verificar si es legal la venta de alimentos no preparados como huevos y pan que ya realizan a través de sus ventanillas de servicio o servicarros.

La presidenta de la JP, María del C. Gordillo, indicó que realizará la investigación cumpliendo con su responsabilidad de fiscalización y cumplimiento de la reglamentación vigente y de permisos otorgados para un fin particular. 

“De estos restaurantes estar operando en violación al permiso que le fue otorgado la agencia podrá emitir un Cese y Desista de las operaciones a dicho restaurante o podrá ser multado.”, expresó la presidenta en comunicación escrita.

La funcionaria indicó que, “estarán atentos a que todo comercio deberá cumplir con lo estipulado en el permiso todo y no se permitirán el mal uso de los mismos, esto para evitar situaciones como las que se están presentando actualmente”.

Además, preciso que, “para poder llevar a cabo esta operación deben contar con el permiso requerido por ley a esos efectos.”

Jayuya compra 2,000 pruebas de COVID-19 para personal que ofrece servicios esenciales

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Por Redacción Es Noticia

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El municipio de Jayuya adquirió 2,000 ‘rapid test’ -están a la espera de la mitad de ellas- para realizar la prueba de COVID-19 a todo aquel personal, público o privado, que ofrece servicios esenciales al pueblo.

Entre el personal incluido se encuentran: empleados del CDT, Departamento de Obras Públicas y Saneamiento, Policía Municipal y estatal, Manejo de Emergencias, Personal de Emergencias Médicas Municipal y Estatal, empleados de AEE y AAA, Bomberos y empleados de comercios locales (supermercados, colmados, estaciones de gasolinas, farmacias, banca, funerarias, entre otros).

Adicional a las pruebas, entre las medidas establecidas para atajar la pandemia se encuentra la instalación de una carpa médica en las afueras del Centro de Diagnóstico y Tratamiento para evaluar y realizar exámenes preliminares a los pacientes que creen haberse contagiado con el virus, informó el alcalde Jorge González en un comunicado de prensa.

El gasto en la adquisición y toma de estas medidas, segn informó, ronda los $500 mil.

Entre las medidas que implementaron:

  • Visitas a comunidades repartiendo hojas informativas y orientando.
  • Establecer protocolo de atención médica a casos confirmados con COVIT-19.
  • Instalar carpa médica externa a los predios del CDT
  • Alquiler de ambulancia adicional únicamente para casos de COVID-19
  • Adquirir cápsula (cámara plástica sellada) para tratar pacientes de COVID-19
  • Repartición de productos o equipos por los barrios
  • Adquisición de alcohol y producto que ayuda a desinfectar equipos, objetos y superficies.
  • Adquisición de mascarillas para repartir a empleados de primera respuesta y próximamente a residentes y comercios locales.
  • Repartición de comida por personal del Centro de Envejecientes.
  • Departamento de Salud entregó 450 pruebas al municipio.
  • Uso del Laboratorio Jomyr, ubicado en el CDT, para validar y administrar las pruebas de “rapid test”.
  • Atención médica, orientación, seguimiento de pruebas y hasta llevarles alimentos, medicamentos y otros suministros a familias en cuarentena.
  • Adquisición de dos ventiladores mecánicos.

«La lucha contra la pandemia nos está enseñando a dar lo mejor de cada uno», expresó el alcalde.