Por Redacción Es Noticia
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El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, ordenó ayer un estudio legal sobre la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declara inconstitucional los veredictos por jurados que no son unánimes y presentar legislación para que los jurados locales actúen conforme a la normativa federal.
En la determinación sobre el caso proveniente del estado de Luisiana se cuestiona un veredicto de culpabilidad en un caso criminal que condenó al acusado a una cadena perpetua por mayoría 10-2.
El Tribunal Supremo determinó que las disposiciones de Luisiana, similares a las de Puerto Rico, que permiten un veredicto de culpabilidad por mayoría son inconstitucionales a la luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
En 48 estados de la Unión, así como en toda la jurisdicción federal por disposición de la Sexta Enmienda de la Constitución Federal un veredicto de un caso criminal tiene que ser por unanimidad del jurado que ve la prueba del caso.
“No cabe la menor duda que esta decisión del más alto foro judicial de nuestra nación tendrá grandes repercusiones en Puerto Rico. Por tal razón, esta Cámara de Representantes ha iniciado un proceso de evaluación detallado del caso y su conclusión para delinear las medidas legislativas necesarias con el propósito de armonizar el sistema jurídico estatal con el de la nación, velando por el derecho de los acusados, mientras que al mismo tiempo se salvaguarda la seguridad del pueblo. Esta histórica decisión cambia el proceder jurídico en Puerto Rico y tenemos que estar seguros de los próximos pasos”, señaló Méndez Núñez en comunicación escrita.
El presidente cameral indicó, además, que “es imperativo estudiar la posibilidad de que este precedente jurídico sea aplicable a todos los veredictos de culpabilidad que se han tomado por jurados en la Isla través de toda nuestra historia constitucional para determinar el alcance del mismo, como se procederá a implementar el nuevo estatuto y la legislación necesaria para ello, entre otros asuntos”.
Según explicó Méndez Núñez, el estudio va dirigido a considerar la radicación de una Resolución Concurrente para proponer al Pueblo de Puerto Rico una enmienda a la Constitución, a la Sección 11, del Artículo II para que se considere esta jurisprudencia y se requiera unanimidad en los veredictos de un jurado para casos criminales.
“No podemos olvidar que en un caso criminal se antepone el derecho fundamental de la libertad, a las consecuencias de acciones penales, que son una afrenta a toda la sociedad. En ese sentido, un acusado se enfrenta a una decisión de culpabilidad, que impone a nombre del ‘Pueblo de Puerto Rico’ un jurado, en donde se expone a severas penas y sanciones. Por lo tanto, estamos ante la consideración de un tema que va a la raíz de nuestro contrato social que se encuentra en nuestra Constitución y por lo tanto requiere el más detallado y sosegado análisis legal y jurisprudencial”, culminó el presidente de la Cámara.
