La doctora Ada Álvarez Conde, académica y activista en contra de la violencia, hizo un llamado a todo el componente del gobierno central a que libere la realidad de los datos relacionados a la pandemia del Covid-19.
“Han recopilado la información de los casos y la han secuestrado, con los resultados que ya todos conocemos. Los alcaldes han sido consistentes en solicitar la información de los casos, con el propósito de brindar asistencia a las familias. Todos los llamados han caído en oídos sordos”, aseguró la también exdirectora ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.
El tema de la falta de transparencia en la recopilación y difusión de los casos relacionados a la pandemia no se limita a la oposición política, pues incluso se le está negando información oficial al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).
“Precisamente ayer (miércoles) el doctor Orville Disdier, director ejecutivo del organismo señaló al secretario del Departamento de Salud, doctor Lorenzo González Feliciano por incumplir con la Ley del Instituto de Estadísticas (Ley 209-2003), porque no se están enviando los datos oficiales relacionados al Covid-19”, añadió Álvarez Conde.
“Si al organismo que hace acopio y analiza los datos del gobierno se les está negando la información, ¿qué credibilidad le queda al gobierno cuando cada mañana produce unos datos que a todas luces son incompletos?”, preguntó.
El Instituto de Estadísticas ha solicitado los datos detallados para cada individuo al cual se le hace la prueba de Covid-19 en Puerto Rico, con:
número de caso
sexo (M, F, u otro)
municipio de residencia
edad
resultados de la prueba de Covid-19 (positivo, negativo, pendiente, indeterminado u otro)
fecha de comienzo de síntomas
fecha de toma de la muestra o fecha de envío de la muestra (día y mes)
si la persona falleció
“Particularmente dramático ha sido el caso del joven Alejandro ‘Saki’ Sacarello, quien publicó en las redes sociales la angustia de saber que su abuela murió luego de un diagnóstico de Covid-19 en un hospital y luego de una semana del fallecimiento, aún el Departamento de Salud no ha registrado ese caso. Incluso, ya Sacarello ha llamado en seis ocasiones al Departamento de Salud y ni siquiera le contestan. Todo esto abona a la desconfianza generalizada de la población”, señaló Álvarez Conde.
El nuevo sistema de vigilancia de muertes por coronavirus del Departamento de Salud elevó el total de personas fallecidas en la Isla por este virus a 33.
El número total incluye dos muertes de personas con resultados positivos al coronavirus, y siete, que fueron añadidos porque sus cuadros clínicos al momento de sus respectivas muertes eran compatibles a los del coronavirus y así fueron clasificados en sus actas de defunción por sus médicos.
Según se informó ayer, el nuevo sistema de vigilancia del Departamento de Salud integra las nuevas guías para recuentos provisionales de muerte por enfermedad por coronavirus establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Estas han sido adoptadas por el Registro Demográfico y establecen que si las características de la persona fallecida eran compatibles a las de coronavirus y un médico así lo certifica, no será necesario esperar por los resultados del laboratorio, pudiendo ser clasificada como una muerte por el novel coronavirus.
“Adoptando estas guías lo que pretendemos es tener un mapa más claro de la evolución y comportamiento del coronavirus en la Isla, lo que nos ayudará a desarrollar un análisis más preciso del mismo para implementar las medidas más apropiadas para contenerlo. A su vez, establecemos un mecanismo uniforme de clasificación de estas muertes guardando relación con lo reportado por los hospitales al Registro Demográfico”, indicó el doctor Lorenzo González Feliciano Secretario de Salud.
Las dos personas fallecidas con resultados positivo a coronavirus, eran varones de la región metropolitana. Uno de ellos, de 78 años, se mantenía recibiendo tratamientos en un hospital de su región y tras complicaciones en su cuadro clínico fallece. El otro, de 43 años, no se encontraba hospitalizado y muere en circunstancias aún desconocidas.
Los siete casos restantes corresponden a personas cuyos decesos fueron registrados desde el mes de marzo hasta ahora, bajo los criterios de sospecha de coronavirus. Tres de estos corresponden a, un hombre de 54 años, una mujer de 77 años y otra mujer de 66 años, de la región metropolitana. Otros dos casos, uno masculino de 56 y la otra, fémina de 70, de la región de Mayagüez. Un varón adicional de 67 años era de la región de Aguadilla y finalmente, una mujer de 53 años de la región de Fajardo.
Por otro lado, se informó que se añadieron 63 resultados positivos al total de casos de coronavirus en la Isla. Con estos, el total de positivos se eleva a 683.
De los nuevos positivos, tres se obtuvieron en el Laboratorio de Salud Pública, dos en el Hospital de Veteranos y 58 positivos adicionales en los laboratorios privados. Al día de hoy, del total acumulado de casos positivos, 329 son femeninas, mientras 354 son masculinos.
“El comportamiento del coronavirus en la Isla ha seguido nuestras proyecciones y la curva de casos sigue en aumento. Según hemos indicado anteriormente, este seguirá siendo la tendencia durante los próximos días por lo que nos corresponde reforzar todas las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno y las de prevención a nivel individual. Solo así podremos desacelerar esa curva de contagio y evitar un mayor impacto en nuestro territorio”, reiteró el doctor González Feliciano.
En Puerto Rico ya se han realizado un total de 6,696 pruebas de coronavirus, de las que 4,703 han arrojado resultados negativos.
Los ciudadanos del pueblo de Juana Díaz están cumpliendo con
la ordenanza que les obliga a utilizar mascarillas o cualquier mecanismo que les
mantenga totalmente cubiertos la boca y la nariz durante
los desplazamientos externos en lugares públicos y que a partir del próximo
lunes 13 de abril los violadores recibirán multas de $500 para la primera
infracción y $1,000 para la segunda, reveló el alcalde de este pueblo, Ramón Hernández Torres.
Con 50,000 habitantes Juana Díaz ha registrado 12 residentes
infectados con coronavirus, que constituye la tasa de contagio más alta de la
zona sur y la séptima más alta en toda la isla, según el informe del
Departamento de Salud emitido ayer 8 de abril y que corresponde a la
actualización de las incidencias de virus hasta el 7 de abril. Juana Díaz y Mayaguez
integran el grupo de siete pueblos con
las tasas más altas de contagios en la isla. Ambos ocupan las posiciones séptima
y sexta con 12 residentes contagiados por cada pueblo.
“Aprobamos esa ordenanza en una reunión extraordinaria de la
asamblea municipal el pasado sábado y durante esta semana hemos estado en un periodo
de orientación con dos brigadas de Manejo de Emergencias y Ornato municipal. También
hemos estado distribuyendo mascarillas. Hasta ahora la gente está cumpliendo
con la ordenanza y eso nos satisface”, dijo Hernández Torres.
El alcalde también dejó saber su insatisfacción con la falta
de información sobre los residentes contagiados de parte del Departamento de
Salud y el task force médico, lo que le ha impedido al municipio ofrecer asistencia
a las familias afectadas.
“Sabemos que esas familias deben estar sufriendo y el municipio
quiere saber quiénes son para ayudarlos con alimentos y suministros si les hacen
falta y darles transportación en caso de que sea necesario. Porque transportar
estas personas enfermas al hospital en ambulancia es un proceso de seguridad que
requiere mucho cuidado antes y después”, dijo el alcalde.
Hernández Torres sostuvo que conoce una familia de cinco
integrantes que están contagiados con coronavirus y con los que mantiene una
comunicación diaria con el fin de garantizar
el suplido de alimentos, medicamentos y otras necesidades.
“Yo dejé saber mi insatisfacción con la falta de información
de Salud y el task force médico para conocer quiénes son esas otras personas.
Tenemos rumores sobre un veterano (contagiado) pero no tenemos constancia. He
hablado con el secretario de Salud y con el doctor Capó y me dijeron que me
iban a dar el listado de las 12 personas y hasta ahora no he recibido nada”, dijo
el alcalde.
Agregó que el municipio ha recibido información sobre una comunidad en la que presuntamente existen varias personas contagiadas, pero hasta ahora la actividad municipal se ha limitado a realizar un monitoreo de esa comunidad. “Estamos monitoreando esa comunidad por información que nos llega, pero nada oficial”, dijo al alcalde.
Ante la alta de tasa de contagios por coronavirus el alcalde tomó la iniciativa
para contener la dispersión del virus en Juana Díaz con la ordenanza para exigir el uso de
mascarillas y con la realización de operativos de desinfección en
establecimientos públicos como bancos, cooperativas, supermercados y áreas públicas.
Brigadas municipales hacen los operatvos de desinfección con la aplicación de un compuesto a base de
clorox y alcohol.
El municipio también adquirió 100,000 mascarillas, de las que ya le han llegado 10,000 y son las se han repartido gratuitamente entre la comunidad.
“Cualquier persona que tenga los síntomas de tos, fiebre y dificultad al respirar o dolor de garganta puede ir a los centros de salud MedCentro y San Cristobal, donde los evaluarán y le harán la prueba. Estamos haciendo lo imposible para detener este virus”, sostuvo Hernández Torres.
El coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Alex Amparo, anunció el jueves que se asignaron $122 millones para reparar y reconstruir edificios públicos representados en 215 proyectos.
“Estos fondos ayudarán a que las instalaciones municipales, organizaciones privadas sin fines de lucro, hospitales, universidades y otras entidades elegibles se recuperen de manera exitosa y puedan ofrecer servicios a las comunidades que sirven”, expresó Amparo en declaraciones escritas.
Alegó que en los últimos 30 días se han aprobado un total de 48 proyectos a fin de reparar edificios, que incluye los componentes estructurales, sistemas eléctricos, el reemplazo de inventario y equipo. Esta es la cantidad más alta de proyectos obligados bajo esta categoría de Asistencia Pública en un solo mes.
Indicó que entre los fondos obligados se encuentra sobre $1 millón para reparar el Centro Comercial Municipal en Lajas, cuyas tiendas han estado cerradas desde la tormenta. Una de las áreas más afectadas del sur, esta obligación es un paso hacia adelante en el camino de la recuperación de Lajas.
Asimismo, señaló que el municipio de Santa Isabel también tuvo dos obligaciones para un total de sobre $23,000 a fin de reparar su estación de bomberos, que actualmente funge como oficina municipal, al igual que para realizar reparaciones a la sede municipal de su uniformada policiaca.
Además, edificios municipales, organizaciones privadas sin fines de lucro como lo es Hogares Teresa Toda, en Loíza también reciben asistencia federal por desastre. Con una obligación de unos $64,000 mil el hogar para niñas y personas que han sido afectadas por la negligencia y el abuso podrá reparar su edificio principal, capilla, edificio educativo y dormitorios.
Otra entidad privada sin fines de lucro que cuenta con el apoyo federal es el Centro Margarita, Inc. en Cidra, que ofrece servicios de rehabilitación a niños con necesidades especiales, donde se han destinado unos $15,000 para realizar reparaciones a sus oficinas de contabilidad y los salones de rehabilitación.
El agente especial a cargo de la División de San Juan del Negociado Federal de Investigación (FBI por sus siglas en ingles), Rafael Riviere Vázquez, exhortó a la ciudadanía a reportar fraudes o tentativas de fraude, relacionadas a la pandemia de coronavirus
“Nos encontramos ante un evento sin precedentes en Puerto Rico y los Estados Unidos. Sabemos la ansiedad e incertidumbre que esto provoca y lo sabemos, porque la estamos viviendo todos juntos. Lamentablemente, existen personas sin escrúpulos que utilizan la tragedia humana para lucrarse. Eso es lo que está comenzando a ocurrir y le tenemos que poner un alto. La escuadra de Crímenes de Cuello Blanco investiga un sinnúmero de modalidades de fraude, desde fraude a los planes médicos hasta las nuevas estafas relacionadas al coronavirus”, dijo Riviere Vázquez en comunicación escrita.
“Mi predecesor solía decir que, el pueblo de Puerto Rico es uno muy astuto y estoy contando con eso. Específicamente estoy contando con que sean valientes y den un paso adelante si han sido víctimas o testigos de cualquier modalidad de fraude o estafa relacionado al coronavirus”, añadió.
Algunos ejemplos de estas estafas lo son:
Laboratorios cobrando excesivamente por pruebas de coronavirus (co-pago excesivo).
Laboratorios que incluyen, con la prueba de coronavirus, otras pruebas no necesarias, aumentando el costo para el paciente.
Promoción de pruebas de coronavirus a personas particulares, por ejemplo, hogares de ancianos.
Llamadas “Robocall” (automaticas pre-grabadas) ofreciendo pruebas, curas o tratamientos a cambio de información personal o dinero.
Recetas de hydroxychloroquine sin justificación – es decir, aquellas recetas que se expiden sin que el paciente haya recibido resultados positivos a coronavirus o que se expiden “por si acaso” a familiares de un paciente que ha obtenido resultados positivos. Esto puede tener como resultado que, personas que no necesitan el medicamento (o para quienes el mismo está contraindicado) se hagan daño tomándolo y que otras, que verdaderamente lo necesitan, no lo encuentren disponible al acudir a una farmacia buscando el mismo.
Sitios falsos de internet, vendiendo productos médicos.
Compañías que alegan tener equipo para el coronavirus, promoviendo la venta de sus acciones en el mercado de valores.
Venta, a precios excesivos, de máscaras, guantes, desinfectantes para manos (hand-sanitizer), y otros. Esto incluye personas que compran productos de esta naturaleza, en grandes cantidades, para retener y luego revender a precios excesivos.
Todas estas instancias describen conducta delictiva dentro del marco de la jurisdicción federal y todas estas conductas ponen en peligro, de alguna forma u otra, el bolsillo, la salud y hasta la vida de ciudadanos, dentro de esta crisis de salud. Esto es inaceptable y es por ello que le recordamos a la ciudadanía que, la ayuda del público es esencial para que el FBI y sus colegas de ley y orden locales, tanto a nivel estatal como federal, puedan traer a delincuentes como estos a la justicia.
Exhortó a que, cualquier persona con información sobre este asunto contacte a la Oficina de San Juan del FBI al 787-754-6000, o someta una confidencia a través de internet a Tips.FBI.Gov. Confidentes podrán permanecer anónimos.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que se han mantenido en sus casas y a los que continúan laborando para que el pueblo reciba los servicios esenciales, en estos momentos difíciles. Gracias a personas como ustedes, podremos superar este reto. Manténganse seguros, positivos y saludables.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló ayer que el coordinador del task force medico, Segundo Rodríguez, fue quién refirió a la compañía APEX al Departamento de Salud para la compra del millón de pruebas rápidas, conocidas como rapid kits, que al final no se entregaron.
“El task force está compuesto de médicos académicos del Recinto de Ciencias Médicas. Son profesores, son académicos, son personas científicas, que dieron un paso para ayudar a Puerto Rico donde teníamos una situación de una emergencia médica. El (doctor Segundo Rodríguez) recibió a esta persona que se identificó como de la compañía APEX o una compañía similar, donde se ofrecía para traer un millón de ‘rapid test’ a Puerto Rico”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa
“¿Y qué hizo el doctor Según Rodríguez? Refirió a esa persona para que hiciera su propuesta a través del Departamento de Salud”, añadió.
De acuerdo a la gobernadora, hubo “muchas personas” que se ofrecieron a conseguir toda clase de equipo médico a través de distintas personas.
Por otro lado, Vázquez Garced admitió que a su entender, no había que informar a la Junta de Control Fiscal (JCF), el contrato de compras de pruebas rápidas, que finalmente fue cancelada.
“Pasó por las manos que tenía que pasar. Independientemente de lo que diga la Junta, a nivel estatal, ese es el procedimiento. En este caso en particular no se notificó porque era una orden de compra y no un contrato. Y lo que va a la Junta son contratos de más de 10 millones de dólares. Hasta el momento ni en María, ni en los terremotos, ni en este momento fue necesario las órdenes de compra. Si hay que enviarlas de ahora en adelante, lo hablaremos. Yo no tengo ninguna objeción, yo tengo una excelente relación con la Junta”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
Cuestionada sobre el por qué esperó hasta este momento para explicarlo, Vázquez Garced contestó: “porque las cosas no tienen tiempo, yo no estoy mirando un reloj para hacer las expresiones. Lo que pasa es que toda esta información, el secretario ya le había dado todos los documentos a la prensa. Y yo estaba concentrada. Estamos trabajando contra un enemigo invisible”.
La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el pasado lunes a la gobernadora, que el proceso de compra de los “rapid test” de COVID-19 no cumplieron con los protocolos establecidos bajo la Ley PROMESA.
“La Junta estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA que requiere, que la Junta apruebe previamente ciertos contratos para asegurar que “promueven la competencia en el mercado” y “no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado.
Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de 10 millones de dólares o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la Política”, dijo Jaresko en una carta enviada a la gobernadora.
“A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados a la Junta”, añadió.
“El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Estos elementos del proceso de adquisición son particularmente críticos durante un estado de emergencia para asegurar que los recursos críticos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Este estado de emergencia no son motivos actuales para ignorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Más bien es especialmente durante los momentos en que el Gobierno debe continuar adhiriéndose a dichos principios para desarrollar y mantener la confianza de todos los interesados”, señaló Jaresko.
Sostuvo que “los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA y los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal puntos de referencia que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia. Celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin consideración de los procesos aplicables o las buenas prácticas de adquisición básica son inaceptables. Además, un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos e inválidos. Como tal, estos acuerdos deberían cancelarse, siempre que no lo hayan cancelado ya, y debe solicitarse el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados en relación con ellos”.
El Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios acuerdos para comprar productos médicos, incluidos kits de prueba rápida para COVID-19, por un precio aproximado de 40 millones de dólares con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contratistas. La JCF entiende que el Gobierno acordó la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors por un monto de 38 millones de dólares. Basado en artículos de prensa, el acuerdo fue cancelado ya que el envío no llegó acordado en la fecha, pero no antes de que el Gobierno hiciera un pago anticipado de 19 millones de dólares.
En otro asunto, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres reveló mensajes telefónicos sobre la supuesta compra de equipos médicos a una compañía de construcción.
“Estoy revelando unos mensajes de texto que deben ser explicados por la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo asesor. Estos mensajes demuestran que personas allegadas al Partido Nuevo Progresista en acuerdo con funcionarios de esta administración, discutieron la compra de equipo y materiales médicos necesarios para atender esta emergencia, a una compañía sin ninguna experiencia en este campo. En específico mensajes entre el licenciado Juan Maldonado y el doctor Segundo Rodríguez. La gobernadora debe explicar de inmediato qué participación tuvieron en esta compra Eduardo “Tito” Laureano, el doctor Segundo Rodríguez y el general José Burgos quien es comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead). El país necesita transparencia y confianza, especialmente cuando esto se trata de vidas, lo que definitivamente no fue la prioridad de las personas que participaron en este tumbe para el país”, dijo Torres en declaraciones escritas.
Suministrada
El coordinador del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez, fue cuestionado sobre el particular.
“Al señor Maldonado no lo conozco. Al igual que al señor Maldonado, a través como usted dice, Tito Laureano, envió un mensaje para que se evaluara una serie de efectos (médicos), eh, pues, recibimos muchísimas comunicaciones diarias de personas que quieren ofrecer sus equipos en diferentes áreas. Este, pero, lo importante aquí es recalcar que, como miembro del Task Force, el Task Force no se encarga de comprar ni de atender a todas las personas que estén ofreciendo esos servicios. Nosotros le agradecemos a todas las personas que quieran ofrecer esos servicios, pensamos que lo hacen con la mejor intención pero, no es nuestra misión evaluar ni reunirnos con las personas que quieran hacer estas recomendaciones. Nosotros en el Task Force estamos para recomendarle al señor secretario de Salud, a la señora gobernadora sobre estudios, investigación y la planificación para atender esta crisis del COVID-19. Y nosotros somos meramente somos consultores y nos dedicamos a asesorar. Nosotros ni atendemos, ni compramos, ni hacemos nada de eso”, respondió el doctor Rodríguez.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que la exsecretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo mintió al asegurar que no participó o que no tuvo acceso a los integrantes del grupo de trabajo y mencionó que espera que, si se prueba que mintió, tenga consecuencias.
“Yo espero que también se llegue a las últimas consecuencias porque una persona que da información que no es correcta, también se ajusta a esas consecuencias. Yo no le digo, nosotros lo estamos probando. Aquí hay funcionarios que estaban en esas reuniones. Esas reuniones eran con mucha recurrencia, porque la emergencia lo requería. Por lo tanto, probablemente es un malentendido de la secretaria, de porque yo no voy a interpretar por qué lo dijo siendo incorrecto evidentemente, porque están las fotografías. Y en ninguna de esas reuniones trajo ninguna preocupación de lo que pasaba en el Departamento de Salud”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.
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Quiñones de Longo confirmó en vistas públicas que la ayudante especial de la gobernadora Wanda Vázquez le pidió que firmara un contrato en 20 minutos para varios respiradores.
“Lo que testifiqué es lo mismo que he dicho públicamente. Me hicieron muchas preguntas sobre la compra de pruebas, compra de ventiladores, todos los eventos que se dieron en las dos semanas que yo estuve como secretaria interina. Yo les contesté y tenía algún material de evidencia que se los pude traer. Ellos quedaron que tienen todavía algunas preguntas que quieren hacer sobre el departamento, que me citarán para alguna otra ocasión”, dijo Quiñones de Longo a preguntas de la prensa.
Cuestionada sobre si Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced le llamó para realizar el contrato en 20 minutos para ventiladores, Quiñones de Longo contestó: “Si”.
¿Quién la llamó?
“Marisol Blasco”, contestó Quiñones de Longo.
¿Para qué?
“Para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos”, dijo.
¿Quién la llamó para decirle que Mabel Cabeza era indispensable cuando usted la sacó?
“Eh, el licenciado Antonio Pabón (secretario de la Gobernación)”, respondió.
Vázquez Garced reaccionó al testimonio de Quiñones de Longo en la Vista Ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la cual confirmó que la ayudante especial de la gobernadora, Marisol Blasco fue la persona que le instruyó a firmar un contrato multimillonario en 20 minutos.
“Si, Marisol Blasco es mi ayudante especial y la información que tengo es que eso no es correcto. Ella en ningún momento le dijo eso así que, hemos visto cómo en otras instancias, en la misma circunstancia de hechos las cosas que ha manifestado la (ex) secretaria interina (de Salud) no es correcto. Ya se los expresé aquí, se los traje y se los he desglosado, así que, en ese sentido, corresponde a los foros pertinentes evaluar los testimonios de todo el mundo y que tomen las determinaciones que entiendan”, dijo la gobernadora.
De otra parte, el representante Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, tras interrogatorio a funcionarios del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en vista pública sobre compra de pruebas COVID-19 expresó: “En la vista pública de hoy, quedó clara la nefasta e irresponsable compra de 39 millones de dólares de pruebas de COVID-19. La misma fue revisada y aprobada por el Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y nadie investigó. Incluso no corroboraron el nivel de peritaje en el área de salud, equipos y pruebas médicas de la empresa que las vendía -que es ninguno- y si las mismas contaban con la aprobación de la FDA.
El Comisionado del NMEAD, José Burgos, aceptó, a preguntas mías, que era correcta la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CIP) a los efectos de que el Dr. Juan Salgado, miembro del “task force” de salud, le refirió suplidores de pruebas de COVID -19 durante la emergencia, aun cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos. Sí negó que el Dr. Salgado hubiera recomendado a la compañía suplidora de las pruebas fallidas por 39 millones de dólares.
Me aceptó que ningún funcionario del Departamento de Salud emitió por escrito algún análisis o recomendación desde el punto de vista de salud pública del porqué contratar a esta compañía, en otras palabras, que nadie dio ninguna recomendación. Como si la emergencia del COVID-19 no fuera suficiente como para que el pueblo de Puerto Rico tenga que lidiar, además, con la ineptitud, falta de transparencia y los gérmenes de corrupción que impiden una recuperación efectiva y ordenada. Exactamente lo mismo que con los huracanes y terremotos”.
Según trascendió, la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo señaló mediante denuncias públicas que recibió una orden de Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para realizar un contrato en 20 minutos para adquirir por 14 millones de dólares 713 respiradores.
Quiñones de Longo, previo a su cita en una comisión cameral que investiga el asunto rechazó haber tenido contacto con representantes de las compañías Apex General Contractors o 313 LLC. Dichas compañías – de construcción y que modificaron en marzo sus objetivos corporativos para incluir servicios de salud- obtuvieron un contrato por 38 millones de dólares para la compra de miles de pruebas rápidas (rapid test) de COVID-19. Sin embargo, la entrega no se completó y se supo que se devolvió al Departamento de Hacienda (DH) un adelanto de 19 millones de dólares. Dicho contrato fue cancelado.
Por otro lado, Adil Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, negó que tuviera vínculos con los contratistas que se agenciaron órdenes de comprar de hasta 38 millones de dólares para pruebas rápidas que miden la posible exposición al COVID-19. Ésta levantó su derecho a estar acompañada de representación legal en la vista Ejecutiva con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y fue citada para el próximo 14 de abril.
La exsecretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo, confirmó -el miércoles- en vista pública que la ayudante especial de la gobernadora Wanda Vázquez le pidió que firmara un contrato en 20 minutos para varios respiradores.
“Lo que testifiqué es lo mismo que he dicho públicamente. Me hicieron muchas preguntas sobre la compra de pruebas, compra de ventiladores, todos los eventos que se dieron en las dos semanas que yo estuve como secretaria interina. Yo les contesté y tenía algún material de evidencia que se los pude traer. Ellos quedaron que tienen todavía algunas preguntas que quieren hacer sobre el Departamento, que me citarán para alguna otra ocasión”, dijo Quiñones de Longo a preguntas de la prensa.
A preguntas sobre si Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, le llamó para realizar el contrato en 20 minutos para ventiladores, Quiñones de Longo contestó: “Si”.
¿Quién la llamó?
“Marisol Blasco”, contestó Quiñones de Longo.
¿Para qué?
“Para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos”, respondió.
¿Quién la llamó para decirle que Mabel Cabeza era indispensable cuando usted la sacó?
“Eh, el licenciado Antonio Pabón (secretario de la Gobernación)”, apuntó.
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Gobernadora rechazó alegaciones de Quiñones de Longo
“Si, Marisol Blasco es mi ayudante especial y la información que tengo es que eso no es correcto. Ella en ningún momento le dijo eso así que, hemos visto cómo en otras instancias, en la misma circunstancia de hechos las cosas que ha manifestado la (ex) secretaria interina (de Salud) no es correcto. Ya se los expresé aquí, se los traje y se los he desglosado, así que en ese sentido, corresponde a los foros pertinentes evaluar los testimonios de todo el mundo y que tomen las determinaciones que entiendan”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
De otra parte, el representante Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, tras interrogatorio a funcionarios del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en vista pública sobre compra de pruebas COVID-19 expresó: “En la vista pública de hoy, quedó clara la nefasta e irresponsable compra de $39 millones en pruebas de COVID-19″.
«La misma fue revisada y aprobada por el Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y nadie investigó. Incluso no corroboraron el nivel de peritaje en el área de salud, equipos y pruebas médicas de la empresa que las vendía -que es ninguno- y si las mismas contaban con la aprobación de la FDA», indicó.
«El Comisionado del NMEAD, José Burgos, aceptó, a preguntas mías, que era correcta la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CIP) a los efectos de que el Dr. Juan Salgado, miembro del “task force” de salud, le refirió suplidores de pruebas de COVID -19 durante la emergencia, aun cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos. Sí negó que el Dr. Salgado hubiera recomendado a la compañía suplidora de las pruebas fallidas por $39 millones».
«Me aceptó que ningún funcionario del Departamento de Salud emitió por escrito algún análisis o recomendación desde el punto de vista de salud pública del porqué contratar a esta compañía, en otras palabras, que nadie dio ninguna recomendación. Como si la emergencia del COVID-19 no fuera suficiente como para que el pueblo de Puerto Rico tenga que lidiar, además, con la ineptitud, falta de transparencia y los gérmenes de corrupción que impiden una recuperación efectiva y ordenada. Exactamente lo mismo que con los huracanes y terremotos”.
Según trascendió, Quiñones de Longo señaló mediante denuncias públicas que recibió una orden de Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para realizar un contrato en 20 minutos para adquirir por $14 millones en 713 respiradores.
Quiñones de Longo, previo a su cita en una comisión cameral que investiga el asunto, rechazó haber tenido contacto con representantes de las compañías Apex General Contractors o 313 LLC. Dichas compañías – de construcción y que modificaron en marzo sus objetivos corporativos para incluir servicios de salud- obtuvieron un contrato por $38 millones para la compra de miles de pruebas rápidas (rapid test) de COVID-19.
Sin embargo, la entrega no se completó y se supo que se devolvió al Departamento de Hacienda (DH) un adelanto de $19 millones. Dicho contrato fue cancelado.
Por otro lado, Adil Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, negó que tuviera vínculos con los contratistas que se agenciaron órdenes de comprar de hasta 38 millones de dólares para pruebas rápidas que miden la posible exposición al COVID-19. Ésta levantó su derecho a estar acompañada de representación legal en la vista Ejecutiva con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y fue citada para el próximo 14 de abril.
Los niños puertorriqueños tienen la oportunidad este domingo, Día de Pascua, de participar en la iniciativa #DesdeMiBalcon haciendo dibujos o carteles que colgarán en sus viviendas, una actividad promovida en la isla por la Cámara Junior de Puerto Rico.
“En estos momentos promover esta iniciativa es una
buena oportunidad no sólo para distraer un poco a los niños, sino que les
permitirá poder ver el aislamiento físico desde su hogar como una perspectiva
positiva”, expresó Humberto L. Nieves Martínez, presidente de la Cámara Junior.
“Nuestro propósito es que los niños no sientan miedo, sino esperanza en estos momentos y tengan la oportunidad de expresarse”, indicó. El tema para que los niños trabajen su creatividad será: ‘Todo va a estar bien‘.
Explicó que la iniciativa busca que los niños
entiendan que el COVID-19 se puede vencer si todos permanecemos en casa y sobre
todo con una actitud positiva.
“Puede que haya momentos en casa en que los niños se agobien, pero el hecho de colgar un simple cartel en los balcones, ya que no pueden salir a buscar huevos de pascua el domingo por la emergencia en que se vivimos actualmente, les permitirá comunicarse con el exterior y que sientan que realmente hay esperanza”, indicó en un comunicado de prensa.
Nieves Martínez exhortó a que una vez colgado en los balcones se tomen fotos y la suban a las redes sociales con el hashtag #DesdeMiBalcon.
La Policía investiga un incidente ocurrido en la tarde del miércoles en el que un hombre, de unos 30 años, resultó herido de bala en Ponce.
La información preliminar apunta a que, frente a una estación de gasolina, en la calle Guadalupe, hubo disparos por lo que alguien llamó al Sistema 9-1-1 para denunciar detonaciones.
Minutos después, personal del Hospital Dr. Pila, también en Ponce, llamó a la Policía para notificar que a la Sala de Emeregencias había llegado un hombre con herida de bala y que la persona era atendida en esa institución.
La identidad del hombre no fue ofrecida por la Policía.
