Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló ayer que el coordinador del task force medico, Segundo Rodríguez, fue quién refirió a la compañía APEX al Departamento de Salud para la compra del millón de pruebas rápidas, conocidas como rapid kits, que al final no se entregaron.
“El task force está compuesto de médicos académicos del Recinto de Ciencias Médicas. Son profesores, son académicos, son personas científicas, que dieron un paso para ayudar a Puerto Rico donde teníamos una situación de una emergencia médica. El (doctor Segundo Rodríguez) recibió a esta persona que se identificó como de la compañía APEX o una compañía similar, donde se ofrecía para traer un millón de ‘rapid test’ a Puerto Rico”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa
“¿Y qué hizo el doctor Según Rodríguez? Refirió a esa persona para que hiciera su propuesta a través del Departamento de Salud”, añadió.
De acuerdo a la gobernadora, hubo “muchas personas” que se ofrecieron a conseguir toda clase de equipo médico a través de distintas personas.
Por otro lado, Vázquez Garced admitió que a su entender, no había que informar a la Junta de Control Fiscal (JCF), el contrato de compras de pruebas rápidas, que finalmente fue cancelada.
“Pasó por las manos que tenía que pasar. Independientemente de lo que diga la Junta, a nivel estatal, ese es el procedimiento. En este caso en particular no se notificó porque era una orden de compra y no un contrato. Y lo que va a la Junta son contratos de más de 10 millones de dólares. Hasta el momento ni en María, ni en los terremotos, ni en este momento fue necesario las órdenes de compra. Si hay que enviarlas de ahora en adelante, lo hablaremos. Yo no tengo ninguna objeción, yo tengo una excelente relación con la Junta”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
Cuestionada sobre el por qué esperó hasta este momento para explicarlo, Vázquez Garced contestó: “porque las cosas no tienen tiempo, yo no estoy mirando un reloj para hacer las expresiones. Lo que pasa es que toda esta información, el secretario ya le había dado todos los documentos a la prensa. Y yo estaba concentrada. Estamos trabajando contra un enemigo invisible”.
La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el pasado lunes a la gobernadora, que el proceso de compra de los “rapid test” de COVID-19 no cumplieron con los protocolos establecidos bajo la Ley PROMESA.
“La Junta estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA que requiere, que la Junta apruebe previamente ciertos contratos para asegurar que “promueven la competencia en el mercado” y “no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado.
Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de 10 millones de dólares o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la Política”, dijo Jaresko en una carta enviada a la gobernadora.
“A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados a la Junta”, añadió.
“El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Estos elementos del proceso de adquisición son particularmente críticos durante un estado de emergencia para asegurar que los recursos críticos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Este estado de emergencia no son motivos actuales para ignorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Más bien es especialmente durante los momentos en que el Gobierno debe continuar adhiriéndose a dichos principios para desarrollar y mantener la confianza de todos los interesados”, señaló Jaresko.
Sostuvo que “los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA y los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal puntos de referencia que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia. Celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin consideración de los procesos aplicables o las buenas prácticas de adquisición básica son inaceptables. Además, un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos e inválidos. Como tal, estos acuerdos deberían cancelarse, siempre que no lo hayan cancelado ya, y debe solicitarse el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados en relación con ellos”.
El Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios acuerdos para comprar productos médicos, incluidos kits de prueba rápida para COVID-19, por un precio aproximado de 40 millones de dólares con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contratistas. La JCF entiende que el Gobierno acordó la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors por un monto de 38 millones de dólares. Basado en artículos de prensa, el acuerdo fue cancelado ya que el envío no llegó acordado en la fecha, pero no antes de que el Gobierno hiciera un pago anticipado de 19 millones de dólares.
En otro asunto, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres reveló mensajes telefónicos sobre la supuesta compra de equipos médicos a una compañía de construcción.
“Estoy revelando unos mensajes de texto que deben ser explicados por la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo asesor. Estos mensajes demuestran que personas allegadas al Partido Nuevo Progresista en acuerdo con funcionarios de esta administración, discutieron la compra de equipo y materiales médicos necesarios para atender esta emergencia, a una compañía sin ninguna experiencia en este campo. En específico mensajes entre el licenciado Juan Maldonado y el doctor Segundo Rodríguez. La gobernadora debe explicar de inmediato qué participación tuvieron en esta compra Eduardo “Tito” Laureano, el doctor Segundo Rodríguez y el general José Burgos quien es comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead). El país necesita transparencia y confianza, especialmente cuando esto se trata de vidas, lo que definitivamente no fue la prioridad de las personas que participaron en este tumbe para el país”, dijo Torres en declaraciones escritas.
El coordinador del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez, fue cuestionado sobre el particular.
“Al señor Maldonado no lo conozco. Al igual que al señor Maldonado, a través como usted dice, Tito Laureano, envió un mensaje para que se evaluara una serie de efectos (médicos), eh, pues, recibimos muchísimas comunicaciones diarias de personas que quieren ofrecer sus equipos en diferentes áreas. Este, pero, lo importante aquí es recalcar que, como miembro del Task Force, el Task Force no se encarga de comprar ni de atender a todas las personas que estén ofreciendo esos servicios. Nosotros le agradecemos a todas las personas que quieran ofrecer esos servicios, pensamos que lo hacen con la mejor intención pero, no es nuestra misión evaluar ni reunirnos con las personas que quieran hacer estas recomendaciones. Nosotros en el Task Force estamos para recomendarle al señor secretario de Salud, a la señora gobernadora sobre estudios, investigación y la planificación para atender esta crisis del COVID-19. Y nosotros somos meramente somos consultores y nos dedicamos a asesorar. Nosotros ni atendemos, ni compramos, ni hacemos nada de eso”, respondió el doctor Rodríguez.
