Por Redacción Es Noticia

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la medida que enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública, a los fines de penalizar por ley a todo aquel que incumpla, desacate o desobedezca una orden ejecutiva que establezca un toque de queda, según un comunicado de prensa emitido por la oficina de la gobernadora.

Según el comunicado, la medida también penalizada toda persona que trasmita o permita trasmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria publica colectiva.

El Proyecto del Senado 1545, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, establece que quienes violen el estatuto, enfrentarán pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá $5,000 dólares o ambas penas a discreción del tribunal.

Además, se penalizará a todo aquel que transmita o permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva, con respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva decretando un estado de emergencia o desastre o toque de queda.

En el caso de que la diseminación de información falsa resulte en daños al erario público, o a terceros, o la propiedad pública o privada, que excedan los $10,000 o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos, se impondrá la pena correspondiente a la de un delito grave en cuarto grado.

“Hemos visto reseñado en los medios de comunicación, que se han efectuado aproximadamente 275 arrestos y 482 denuncias desde que inició el toque de queda. Esta cifra es inaceptable, más aún, cuando está en riesgo la salud y seguridad de nuestro pueblo», concluyó Vázquez Garced.

Por Miguel Díaz Román

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El periodo más cruento del azote del coronocavirus en Puerto Rico se sentirá entre el el 15 de abril y el 8 de mayo, lo que implica que se podría registrar un incremento significativo en el número de casos positivos infectados con el virus y probablemente un alza en el número de muertes a causa de los estragos que la enfermedad provoca en los contagiados, según reveló el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano.

En un lenguaje directo y sin adornos González Feliciano advirtió el pasado sábado que la existencias de ventiladores del país ascienden a 500, mientras que las proyecciones más adversas estiman que en el llamado periodo “pico”, entre el el 15 de abril y el 8 de mayo, podrían haber la necesidad de cerca de 2,500 ventiladores si la dispersión de la enfremedad en la isla se comportal igual que en New York e Italia.

“Si tenemos 500 ventiladores y tenemos 1,000 personas con la necesidad de ventiladores, 500 no los van a tener y si eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, van a morir”, indicó  González Feliciano.

Los ventiladores constituyen un equipo vital para atender a los pacientes de coronavirus en estado de gravedad, pues la enfermedad se caracteriza por disminuir la capacidad pulmonar y en casos severos, causar daños catastróficos a estos órganos.

Ante ese scenario el secretario urgió a los ciudadanos a mantener el distanciamiento social en un máximo de seis de pies de distancia, con respecto a otras personas en lugares públicos como supermercados, farmacias y gasolineras, y reiteró qu el uso de las mascarillas es una medida de protección necesaria.

La necesidad de ventiladores junto con la falta de pruebas para detectar el coronavirus, son dos de los asuntos más importantes para enfrentar el virus.

El pasado viernes el coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez Quilichini,  indicó que en gran medida las muertes que se registren en la isla será por la falta de ventiladores y advirtió que se necesitarían 3,000 ventiladores.

Rodríguez Quilichini dijo que existe un pedido de 500 ventiladores adicionales y otros 2,500 solicitados por Negociado para el Manejo de Emergencia, pero no el médico no abundó sobre cuándo esos equipos estarán en la isla.

Pero ayer el epidemiólogo del Estado, David Capó, durante una conferencia de prensa, dijo que existen 780 ventiladores en la isla, de los cuales 530 están disponibles, que sería la tercera cifra de ventiladores que ofrece el gobierno en las pasados días. Según las proyecciones de task force médico  en una semana habrá 936 casos, y en 14 días el país podría alcanzar la cifra de 1,311 casos

Capó sostuvo que el 10% de esos casos, unos 175 enfermos, podrían necesitar cuidado intensivo y utilizar ventiladores, y la mitad de esos casos podría “experimentar la muerte”, lo que implica que morirían unos 87 enfermos por coronavirus.

“Entre el 15 de abril y el 8 de mayo más gente positiva a coronavirus entrará a los hospitales, y más pacientes con el virus que enfermen necesitarán hospitalización. Ahora se indica que los casos se duplican cada tres días, si pudiéramos, con el distanciamiento social,  estirar ese periodo en siete o diez días que no llegue ese pico o que no llegue tanta gente…porque puede ser un desastre”, dijo la infectóloga Vanessa Olivo Echavarry, especialista de salud pública en enfermedades infecciosas y con oficina en San Juan.

Olivo Echavarry sostuvo que el verdadero problema son las personas  infectadas con el coronavirus que aún no muestran síntomas porque la enfermedad está en el periodo de incubación, y, especialmente, un tipo de asintomático que no padecerá los estragos de la enfermedad como lo pueden padecen la mayoría de los enfermos.

“Hay gente que nunca se enteran de que tuvieron la enfermedad y un día te enteras en un laboratorio y le dices, pero mira tu tuviste esto y ellos te dicen.. si pero eso fue muy leve. Ese es el problema porque esa gente asintomática ve por ahi contagiando a los demás y hay gente con el sistema inmunológico comprometido, aunque sean jóvenes y si son contagiados será muy difícil para ellos”, dijo la doctora.

 “Tu puedes tener una persona de 40 años sana y bien alimentada y otra persona de 40 años con diabetes, problemas del corazón y alta presión. Esa persona no responderá igual a la enfermedad que la otra, aunque tengan los dos 40 años. Además, mientras mayor sea la persona en edad y más condiciones de salud tenga más estará en peligro ”, dijo Olivo Echevarry.

Salud ha sostenido que el 50 % de las personas contagiadas en la isla no tenían historial de viaje y que la enfermedad se registra mayormente en las personas con edades entre 40 y 59 años, lo que es distinto al comportamiento del coronavirus en otros paises del mundo.

“Bueno las enfermedades no se comportan de la misma manera en los distintos paises. Aquí se ha comportado distinto a Italia y a Europa, donde ha atacado más a la gente mayor. Aquí ha tacado a la gente joven y aunque no caen enfermos, si los ha atacado…no se cuál es la razón, si fuera una razón genética”, indicó la doctora.

Olivo Echevarry insistió en la importancia de mantener el distanciamiento social y mantener en aislamiento a las mayores de 60 años que pedecen condiciones de salud, con el fin de evitar que se infecten con el virus. “He sabido de muchos casos de personas que ya están hospitalizados y en estado grave, que van a morir. Lo sé porque conozco los casos. Yo espero que no pase aquí lo de Nueva York, porque sería un desastre. Por eso la importancia de de mantener el distanciamiento social porque no hay muchos ventiladores”, dijo la doctora.

Otro aspecto de vital importancia son los servicios hospitalarios disponibles. La pandemia ha causado una merma palpable en la llegada de pacientes con otras condiciones a los hospitales y en este  momento el 65 % de las camas y otras facilidades de atención en los hospitales  públicos y privados, no están siendo utilizadas. Aunque esto favorece el manejo de la emergencia del coronavirus, también causado el despido temporero de cientos de enfermeras y otro personal hospitalario.

El secretario de Salud anunció un incentivo de $30 millones que se distribuirá entre los hospitales públicos y también mencionó que los hospitales privados recibirán un incentivo cuyo monto no precisó.

El pasado jueves González Feliciano reveló lo que el hospital regional de Bayamón, el cual fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como la instalación única para los casos de coronavirus, ya no tendrá esa designación y agregó que se utilizarían todos los hospitales de la periferia porque todos poseen los equipos e instalaciones, camas y cuartos necesarios

Por Redacción Es Noticia

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El portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en ingles), William Ramírez, informó ayer que junto a tres ciudadanos solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que declare inconstitucional parte de la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que impone un Toque de Queda, restricciones en el tránsito, y otras medidas, ante la pandemia del coronavirus.

“Aquí no se ha declarado una Ley Marcial, y no existen las circunstancias para ello; por tanto, los estados de emergencia no pueden ser utilizados para suspender derechos fundamentales”, dijo Ramirez en declaraciones escritas.

En específico, se solicita que se declare inconstitucional la parte de la orden ejecutiva 2020-029 que pretende castigar con hasta seis meses de cárcel las infracciones a la regulación, la que pretende prohibir el acceso a los hogares de personas que no son parte del “núcleo familiar”; y la orden que favorece actividades religiosas los domingos, mientras prohíbe las actividades comerciales permitidas el restante de la semana.

Asimismo, los tres ciudadanos, quienes tienen a cargo el cuidado de madres con necesidades de salud especiales, también solicitan que la orden ejecutiva se enmiende para que quede claro que ellos están exentos del toque de queda y las restricciones en el tránsito en lo que a los viajes a las residencias de sus familiares se refiere.

Además, reclaman que se imparta instrucciones precisas a la Policía y las Fiscalías sobre la existencia de esta excepción. Las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad y de enmiendas a la orden ejecutiva están contenidas en una demanda de entredicho preliminar y permanente, presentada electrónicamente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Junto a la ACLU, demandaron la gestora cultural Nindra C. Cordero Ulmo, el planificador urbano Pedro Colón Almenas, y el profesor Mario Santana Ortiz.

Están demandados en la acción judicial la gobernadora Vázquez Garced, el Estado Libre Asociado (ELA) y la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en representación de la gobernadora y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Las madres de los tres co-demandantes son adultos mayores y tienen condiciones de salud que requieren cuidados especiales que solamente ellos les están dando y que requieren visitarlas todos los días, incluso de noche.

La madre de Cordero Ulmo tiene afectada su capacidad pulmonar, la de Colón Almenas padece de diabetes y requiere que se le administre insulina y la de Santana Ortiz sufre de demencia senil y tiene problemas para caminar y con ella vive un hijo adulto con impedimento intelectual y otras condiciones médicas.

En específico, argumentaron que por mandato de la Constitución de Puerto Rico y la separación de poderes que establece, solamente la Asamblea Legislativa puede crear delitos menos graves, que son los que tienen una pena de cárcel de seis meses.

Sin embargo, en este caso el poder ejecutivo, a través de una orden ejecutiva de la gobernadora, usurpa los poderes del legislativo para castigar con esa pena de seis meses de cárcel a quienes violen las disposiciones del toque de queda y las otras restricciones que contiene.

“Para que exista un delito que conlleve la pérdida de la libertad es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que detalle la conducta que se quiere prohibir, abundaron. Y, siempre cumpliendo con el debido proceso de ley que exige la Constitución. Además, el derecho de reunión, expresión y privacidad, así como las prohibiciones de registros irrazonables y de quitar la libertad y propiedad sin el debido proceso de ley, impiden que el estado regule quién entra al hogar de una persona con la autorización de ésta.

Aunque los demandantes reconocen que en algún caso podría ser socialmente irresponsable que una familia reciba invitados en estos tiempos precarios, la Constitución lo permite y el rol del estado debe ser de orientación al ciudadano, no de prohibición o castigo; y, ciertamente no irrumpir en el seno del hogar para determinar quiénes de los presentes son miembros de un núcleo familiar.

Particularmente, en estos tiempos en que se ha ampliado el reconocimiento de familias diversas. Esta determinación no puede ser a discreción de oficiales de la policía.

Por otro lado, la orden ejecutiva viola la separación de Iglesia y Estado, garantizada en la Constitución, al prohibir los domingos actividades comerciales que sí están permitidas por la orden durante el resto de la semana, mientras que a las iglesias se les permiten ese día ciertas actividades.

Los demandantes no piden que se eliminen las restricciones comerciales, sino que continúen los domingos lo que ya se permite durante el resto de la semana, y que no se utilice la emergencia de salud del coronavirus para favorecer inconstitucionalmente las actividades religiosas sobre otras actividades legítimas”, expuso Ramírez.