Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

La gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló ayer que el coordinador del task force medico, Segundo Rodríguez, fue quién refirió a la compañía APEX  al Departamento de Salud para la compra del millón de pruebas rápidas, conocidas como rapid kits, que al final no se entregaron.

“El task force está compuesto de médicos académicos del Recinto de Ciencias Médicas. Son profesores, son académicos, son personas científicas, que dieron un paso para ayudar a Puerto Rico donde teníamos una situación de una emergencia médica. El (doctor Segundo Rodríguez) recibió a esta persona que se identificó como de la compañía APEX o una compañía similar, donde se ofrecía para traer un millón de ‘rapid test’ a Puerto Rico”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa

“¿Y qué hizo el doctor Según Rodríguez? Refirió a esa persona para que hiciera su propuesta a través del Departamento de Salud”, añadió.

De acuerdo a la gobernadora, hubo “muchas personas” que se ofrecieron a conseguir toda clase de equipo médico a través de distintas personas.

Por otro lado, Vázquez Garced admitió que a su entender, no había que informar a la Junta de Control Fiscal (JCF), el contrato de compras de pruebas rápidas, que finalmente fue cancelada.

“Pasó por las manos que tenía que pasar. Independientemente de lo que diga la Junta, a nivel estatal, ese es el procedimiento. En este caso en particular no se notificó porque era una orden de compra y no un contrato. Y lo que va a la Junta son contratos de más de 10 millones de dólares. Hasta el momento ni en María, ni en los terremotos, ni en este momento fue necesario las órdenes de compra. Si hay que enviarlas de ahora en adelante, lo hablaremos. Yo no tengo ninguna objeción, yo tengo una excelente relación con la Junta”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre el por qué esperó hasta este momento para explicarlo, Vázquez Garced contestó: “porque las cosas no tienen tiempo, yo no estoy mirando un reloj para hacer las expresiones. Lo que pasa es que toda esta información, el secretario ya le había dado todos los documentos a la prensa. Y yo estaba concentrada. Estamos trabajando contra un enemigo invisible”.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el pasado lunes a la gobernadora, que el proceso de compra de los “rapid test” de COVID-19 no cumplieron con los protocolos establecidos bajo la Ley PROMESA.

“La Junta estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA que requiere, que la Junta apruebe previamente ciertos contratos para asegurar que “promueven la competencia en el mercado” y “no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado.

Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de 10 millones de dólares o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la Política”, dijo Jaresko en una carta enviada a la gobernadora.

“A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados a la Junta”, añadió.

“El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Estos elementos del proceso de adquisición son particularmente críticos durante un estado de emergencia para asegurar que los recursos críticos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Este estado de emergencia no son motivos actuales para ignorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Más bien es especialmente durante los momentos en que el Gobierno debe continuar adhiriéndose a dichos principios para desarrollar y mantener la confianza de todos los interesados”, señaló Jaresko.

Sostuvo que “los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA y los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal puntos de referencia que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia. Celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin consideración de los procesos aplicables o las buenas prácticas de adquisición básica son inaceptables. Además, un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos e inválidos. Como tal, estos acuerdos deberían cancelarse, siempre que no lo hayan cancelado ya, y debe solicitarse el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados en relación con ellos”.

El Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios acuerdos para comprar productos médicos, incluidos kits de prueba rápida para COVID-19, por un precio aproximado de 40 millones de dólares con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contratistas. La JCF entiende que el Gobierno acordó la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors por un monto de 38 millones de dólares. Basado en artículos de prensa, el acuerdo fue cancelado ya que el envío no llegó acordado en la fecha, pero no antes de que el Gobierno hiciera un pago anticipado de 19 millones de dólares.

En otro asunto, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres reveló mensajes telefónicos sobre la supuesta compra de equipos médicos a una compañía de construcción.

“Estoy revelando unos mensajes de texto que deben ser explicados por la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo asesor. Estos mensajes demuestran que personas allegadas al Partido Nuevo Progresista en acuerdo con funcionarios de esta administración, discutieron la compra de equipo y materiales médicos necesarios para atender esta emergencia, a una compañía sin ninguna experiencia en este campo. En específico mensajes entre el licenciado Juan Maldonado y el doctor Segundo Rodríguez. La gobernadora debe explicar de inmediato qué participación tuvieron en esta compra Eduardo “Tito” Laureano, el doctor Segundo Rodríguez y el general José Burgos quien es comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead). El país necesita transparencia y confianza, especialmente cuando esto se trata de vidas, lo que definitivamente no fue la prioridad de las personas que participaron en este tumbe para el país”, dijo Torres en declaraciones escritas.

El coordinador del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez, fue cuestionado sobre el particular.

“Al señor Maldonado no lo conozco. Al igual que al señor Maldonado, a través como usted dice, Tito Laureano, envió un mensaje para que se evaluara una serie de efectos (médicos), eh, pues, recibimos muchísimas comunicaciones diarias de personas que quieren ofrecer sus equipos en diferentes áreas. Este, pero, lo importante aquí es recalcar que, como miembro del Task Force, el Task Force no se encarga de comprar ni de atender a todas las personas que estén ofreciendo esos servicios. Nosotros le agradecemos a todas las personas que quieran ofrecer esos servicios, pensamos que lo hacen con la mejor intención pero, no es nuestra misión evaluar ni reunirnos con las personas que quieran hacer estas recomendaciones. Nosotros en el Task Force estamos para recomendarle al señor secretario de Salud, a la señora gobernadora sobre estudios, investigación y la planificación para atender esta crisis del COVID-19. Y nosotros somos meramente somos consultores y nos dedicamos a asesorar. Nosotros ni atendemos, ni compramos, ni hacemos nada de eso”, respondió el doctor Rodríguez.

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que la exsecretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo mintió al asegurar que no participó o que no tuvo acceso a los integrantes del grupo de trabajo y mencionó que espera que, si se prueba que mintió, tenga consecuencias.

“Yo espero que también se llegue a las últimas consecuencias porque una persona que da información que no es correcta, también se ajusta a esas consecuencias. Yo no le digo, nosotros lo estamos probando. Aquí hay funcionarios que estaban en esas reuniones. Esas reuniones eran con mucha recurrencia, porque la emergencia lo requería. Por lo tanto, probablemente es un malentendido de la secretaria, de porque yo no voy a interpretar por qué lo dijo siendo incorrecto evidentemente, porque están las fotografías. Y en ninguna de esas reuniones trajo ninguna preocupación de lo que pasaba en el Departamento de Salud”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa. Reproductor de audio00:0000:00Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Quiñones de Longo confirmó en vistas públicas que la ayudante especial de la gobernadora Wanda Vázquez le pidió que firmara un contrato en 20 minutos para varios respiradores.

“Lo que testifiqué es lo mismo que he dicho públicamente. Me hicieron muchas preguntas sobre la compra de pruebas, compra de ventiladores, todos los eventos que se dieron en las dos semanas que yo estuve como secretaria interina. Yo les contesté y tenía algún material de evidencia que se los pude traer. Ellos quedaron que tienen todavía algunas preguntas que quieren hacer sobre el departamento, que me citarán para alguna otra ocasión”, dijo Quiñones de Longo a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre si Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced le llamó para realizar el contrato en 20 minutos para ventiladores, Quiñones de Longo contestó: “Si”.

¿Quién la llamó?

“Marisol Blasco”, contestó Quiñones de Longo.

¿Para qué?

“Para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos”, dijo.

¿Quién la llamó para decirle que Mabel Cabeza era indispensable cuando usted la sacó?

“Eh, el licenciado Antonio Pabón (secretario de la Gobernación)”, respondió.

Vázquez Garced reaccionó al testimonio de Quiñones de Longo en la Vista Ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la cual confirmó que la ayudante especial de la gobernadora, Marisol Blasco fue la persona que le instruyó a firmar un contrato multimillonario en 20 minutos.

“Si, Marisol Blasco es mi ayudante especial y la información que tengo es que eso no es correcto. Ella en ningún momento le dijo eso así que, hemos visto cómo en otras instancias, en la misma circunstancia de hechos las cosas que ha manifestado la (ex) secretaria interina (de Salud) no es correcto. Ya se los expresé aquí, se los traje y se los he desglosado, así que, en ese sentido, corresponde a los foros pertinentes evaluar los testimonios de todo el mundo y que tomen las determinaciones que entiendan”, dijo la gobernadora.

De otra parte, el representante Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, tras interrogatorio a funcionarios del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en vista pública sobre compra de pruebas COVID-19 expresó: “En la vista pública de hoy, quedó clara la nefasta e irresponsable compra de 39 millones de dólares de pruebas de COVID-19. La misma fue revisada y aprobada por el Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y nadie investigó. Incluso no corroboraron el nivel de peritaje en el área de salud, equipos y pruebas médicas de la empresa que las vendía -que es ninguno- y si las mismas contaban con la aprobación de la FDA.

El Comisionado del NMEAD, José Burgos, aceptó, a preguntas mías, que era correcta la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CIP) a los efectos de que el Dr. Juan Salgado, miembro del “task force” de salud, le refirió suplidores de pruebas de COVID -19 durante la emergencia, aun cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos. Sí negó que el Dr. Salgado hubiera recomendado a la compañía suplidora de las pruebas fallidas por 39 millones de dólares.

Me aceptó que ningún funcionario del Departamento de Salud emitió por escrito algún análisis o recomendación desde el punto de vista de salud pública del porqué contratar a esta compañía, en otras palabras, que nadie dio ninguna recomendación. Como si la emergencia del COVID-19 no fuera suficiente como para que el pueblo de Puerto Rico tenga que lidiar, además, con la ineptitud, falta de transparencia y los gérmenes de corrupción que impiden una recuperación efectiva y ordenada. Exactamente lo mismo que con los huracanes y terremotos”.

Según trascendió, la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo señaló mediante denuncias públicas que recibió una orden de Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para realizar un contrato en 20 minutos para adquirir por 14 millones de dólares 713 respiradores.

Quiñones de Longo, previo a su cita en una comisión cameral que investiga el asunto rechazó haber tenido contacto con representantes de las compañías Apex General Contractors o 313 LLC. Dichas compañías – de construcción y que modificaron en marzo sus objetivos corporativos para incluir servicios de salud- obtuvieron un contrato por 38 millones de dólares para la compra de miles de pruebas rápidas (rapid test) de COVID-19. Sin embargo, la entrega no se completó y se supo que se devolvió al Departamento de Hacienda (DH) un adelanto de 19 millones de dólares. Dicho contrato fue cancelado.

Por otro lado, Adil Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, negó que tuviera vínculos con los contratistas que se agenciaron órdenes de comprar de hasta 38 millones de dólares para pruebas rápidas que miden la posible exposición al COVID-19. Ésta levantó su derecho a estar acompañada de representación legal en la vista Ejecutiva con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y fue citada para el próximo 14 de abril.

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció hoy que implantará un nuevo sistema de clasificación de muertes por coronavirus en el que los fallecimientos de personas sospechosas al virus y cuyos cuadros clínicos sean compatibles al de una persona positiva, y certificado así por un médico, serán categorizados como una muerte por coronavirus.
 
Este nuevo sistema de vigilancia de muerte integra las nuevas guías para recuentos provisionales de los decesos por enfermedad por coronavirus establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las guías, que han sido adoptadas por el Registro Demográfico, establecen que si las características compatibles con coronavirus son certificadas por un médico, no será necesario esperar por los resultados del laboratorio y podrá ser clasificada como una muerte de un caso positivo.

En estas circunstancias, el médico procederá a identificarla de esta manera y así constará en su acta de defunción.
 
“Adoptando estas guías, pretendemos tener un mapa más claro de la evolución y comportamiento del coronavirus en la Isla, lo que nos ayudará a desarrollar un análisis más preciso para implementar las medidas más apropiadas para contenerlo. A su vez, establecemos un mecanismo uniforme de clasificación de estas muertes, guardando relación con lo reportado por los hospitales al Registro Demográfico. De igual forma, mantenemos uniformidad con el resto de los estados de Estados Unidos, cuyas guías son las mismas del CDC, lo que nos brindará un panorama más claro de cómo vamos en comparación con toda la nación”, explicó González Feliciano.
 
A estos efectos, la enfermedad de COVID-19 debe ser informada en el Certificado de Defunción de todos los fallecidos donde se considere que el virus haya causado o contribuido a la muerte.

Igualmente, la especificación de las causas que condujeron al fallecimiento, también deben ser detalladas. Por ejemplo, en los casos en que el COVID-19 haya causado neumonía y dificultad respiratoria mortal, tanto la neumonía como la dificultad respiratoria deben ser especificadas.
 
“Al certificar la muerte, se debe incluir la mayor cantidad de detalles posible, según conocimiento del médico o forense que esté atendiendo el caso, incluyendo, pero no limitado, a los registros y pruebas de laboratorio, entre otros. Si la persona fallecida tuvo otras condiciones crónicas como EPOC o asma que también pudiesen haber contribuido a la muerte, éstas deben ser igualmente informadas en el Certificado de Defunción”, explicó Wanda Llovet, directora del Registro Demográfico.

Llovet explicó que aunque, idealmente se deben realizar pruebas para coronavirus, es aceptable dicha clasificación sin la confirmación si las circunstancias son dentro de un grado razonable de certeza.
 
El Registro Demográfico coordinó la distribución a los médicos y patólogos forenses las instrucciones específicas de cómo deben documentar las causas de muertes por coronavirus siguiendo las guías establecidas por el National Center for Health Statistics, a través de la Asociación de Hospitales, Colegio de Médicos y el Negociado de Ciencias Forenses.