Por Redacción Es Noticia
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El representante Jorge Navarro insistió en la aprobación de una medida que obligaría a las pequeñas empresas a pagar a tiempo y medio la hora durante la emergencia del coronavirus, mientras el sector privado truena contra la iniciativa por desacertada y contraproducente en momentos cuando la economía está detenida.
“Fui trabajador de un
supermercado, y conozco el ambiente de trabajo y sacrificio en esos lugares.
Por eso porque me identifico con ese y otros trabajadores, porque sé que
mientras otros descansan ellos laboran. Siento que tengo que hacer justicia a
ese sector laboral que en esto momentos está atendiendo las necesidades de
nuestro pueblo”, dijo el representante en declaraciones escritas.
“En este caso me refiero a los comercios detallados y
mencionados en la sección quinta de la segunda Orden Ejecutiva de la
Gobernadora, y excluyendo a los que están en la sección sexta de dicha Orden.
Algunos de éstos comercios son: supermercados, farmacias, establecimientos de
comida rápida a través del servicio de entrega o recogido (“delivery” o “carry
out”) y farmacéuticas, entre otros”, añadió.
Por su parte, varios portavoces de la Coalición del Sector
Privado de hospitales, manufactura, comercio al detal, restaurantes,
telecomunicaciones, turismo y organizaciones profesionales reaccionaron
indignados y expresaron su reclamo para que esta medida no sea aprobada en la
Legislatura.
“El sector privado del país está en jaque
mate debido al cierre causado por el coronavirus, miles de empleados están
en las filas del desempleo, porque empresa que no opera, no genera ingresos y
no puede mantener sus empleados. Las pocas empresas que sí pueden operar,
lo están haciendo con costos de sanitización aún mayores, y con una fracción
del ingreso que normalmente generan. La medida propuesta terminará con
los pocos negocios que están sirviendo al país” expresó Liliana Cubano,
presidenta de Hecho en Puerto Rico.
“Esta medida lo que hace es darle una estocada a los
comercios y empresas que están operando con grandes limitaciones para proveer a
la ciudadanía de servicios y productos esenciales como medicamentos, alimentos,
servicios de salud, entre otros. Nuestro sector representa sobre 150,000
empleos y solo el 25% de ellos están operando ahora mismo y con restricciones.
Imponer un salario a tiempo y medio, cuando en adición al salario estamos
concediendo licencias y pagos especiales a empleados, implicará el cierre de
cientos de comercios y que más empleados queden sin empleo” acotó Iván Báez,
presidente de la Asociación de Comercio al Detal.
Por otro lado el director ejecutivo de la Asociación de
Restaurantes (ASORE), Gadiel Lebrón, recordó, que “debido al cierre y
restricciones impuestas por la Orden Ejecutiva del Gobierno para manejar la
crisis, un sinnúmero de restaurantes han cesado operaciones temporeramente.
Aquellos que están sirviendo al país, que son aproximadamente un 15%, lo están
haciendo de forma limitada y con una plantilla de empleados reducida. De manera
que una medida como esta provocará que los restaurantes cierren permanentemente
y no puedan volver a emplear a su personal, una vez culmine la emergencia.
Recordemos que son unos 63,000 empleos los que la industria de restaurantes
representa en el país”.
“Es inconcebible que ante un panorama de tanta incertidumbre
en la salubridad de la ciudadanía y la economía, se radiquen medidas que pongan
más trabas a los patronos, y que en lugar de promover la retención de empleos
lo que logren sea provocar más despidos. Aquí la prioridad es atender la
pandemia exitosamente y salvar vidas. No es momento de medidas populistas sin
sentido” expuso Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales.
A lo que el presidente de la Asociación de Industriales,
Carlos Rodríguez añadió que “en estos momentos la gente no está buscando pagas
dobles ni tiempo y medio, está buscando sobrevivir, mantener sus empleos y
cerrar este capítulo al menos con un trabajo para llevar sustento a sus
hogares. Lo que debemos estar mirando es cómo reactivamos la economía,
estabilizamos el comercio y las industrias para que reinicien operaciones, e
inyectamos inversión nueva en la Isla en sectores críticos como
farmacéuticas, equipos médicos e industrias de apoyo como telecomunicaciones y
energía, mientras sobrevivimos esta crisis. Imponer más cargas y aumentar
los costos de hacer negocios en Puerto Rico será nefasto para todos”.
Por su parte, Felipe Hernández, presidente de la Alianza
Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que agrupa a proveedores de
internet, cable y telefonía, señaló que su industria se ha mantenido invirtiendo
en infraestructura y activando al personal clave para poder proveer
los servicios que tanto necesita la población en esta emergencia que les
permiten mantenerse comunicados e informados, trabajando y
estudiando. “Es por lo que nos parece irrazonable que las
empresas que estamos cargando la economía seamos penalizadas por
ofrecer un servicio vital a la ciudadanía”.
Los líderes del sector privado esperan que su reclamo no
caiga en oídos sordos y que la Cámara de Representantes no apruebe la medida.
