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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), la Lcda. Karla Angleró González, ha presentado un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El recurso impugna una reciente resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que, según Angleró, limita injustamente el derecho al voto adelantado de electores que se encuentran en circunstancias especiales y residen en casas de alojamiento.
Angleró explicó que la solicitud ante el Tribunal busca permitir que los electores que optan por el voto adelantado en modalidad de domicilio puedan incluir su dirección residencial temporal en el formulario de solicitud. Esto garantizaría que los electores reciban la visita de la junta de balance en el lugar donde se encuentren el día de las elecciones, sin que ello altere su registro electoral oficial.
“No estamos solicitando cambios en el registro electoral. Estamos pidiendo que se respete la realidad de los electores que, por razones de salud o residencia temporal, no pueden estar en su domicilio registrado, tal como lo permite el Artículo 9.38 (h) del Código Electoral. Negar esta posibilidad es violar su derecho al sufragio,” afirmó Angleró.
La comisionada destacó que la negativa de la CEE a aceptar direcciones residenciales temporales para los electores en casas de alojamiento representa un retroceso en la accesibilidad electoral. Según Angleró, la legislación actual está diseñada para facilitar el acceso al voto a ciudadanos que enfrentan dificultades para llegar a sus colegios electorales. “Esta resolución contraviene esa intención y coloca una carga innecesaria sobre los electores más vulnerables,” detalló.
En el recurso presentado, Angleró indicó que la solicitud de incluir la dirección residencial temporal en el formulario de voto adelantado ha sido malinterpretada por la CEE. La Comisión, influenciada por la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, argumentó que permitir esta modificación alteraría el registro electoral, una afirmación que Angleró refutó categóricamente.
“Esto no tiene que ver con cambiar registros. Es una medida sencilla y lógica que busca asegurar que las personas reciban la visita de la junta de voto domicilio en el lugar donde se encuentran residiendo debido a consideraciones especiales, garantizando así su participación en el proceso electoral,” explicó Angleró.
Angleró también advirtió sobre las graves repercusiones que la decisión de la CEE podría tener en las próximas elecciones. Según ella, un número significativo de electores podría verse privado de su derecho al voto si no se toman medidas correctivas a tiempo. “De no corregirse esta situación, estaremos limitando la participación de ciudadanos que ya enfrentan suficientes obstáculos en su vida diaria. Es nuestra responsabilidad como funcionarios garantizar que ningún elector quede fuera del proceso por barreras administrativas,” subrayó.
La comisionada concluyó su declaración solicitando al Tribunal que revoque la resolución de la CEE y ordene a la Comisión permitir que los electores ejerzan su derecho al voto de manera equitativa. “Esto no es solo una cuestión de procedimiento; es una cuestión de justicia y de equidad para todos los ciudadanos,” concluyó Angleró.
