El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó que dejó sin efecto las cartas que envió a comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129, entre Arecibo y Lares, y en la carretera PR-100, en Cabo Rojo, advirtiendo que los sacarían del lugar.
La determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, así como coordinar con los municipios correspondientes la identificación de alternativas viables que permitan atender este asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley, informó hoy -sábado- en un comunicado de prensa.
Las comunicaciones habían sido emitidas como parte de procesos relacionados con proyectos de infraestructura en ambas vías. En la PR-129 se contemplan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR-100 se ejecuta un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.
El DTOP reiteró que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del derecho de vía. Los paseos y márgenes de las carreteras cumplen funciones importantes para la seguridad vial, incluyendo visibilidad, acceso, respuesta a emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento.
La agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial. La medida permite realizar una evaluación adicional, coordinar con los municipios y atender cada situación de manera responsable.
Distancia caso de Finca Los Pello de la controversia
El DTOP también informó que la situación relacionada con el señor Pedro “Pello” Santiago, en la carretera PR-7722, responde a circunstancias distintas a las comunicaciones emitidas en la PR-129 y la PR-100. Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal.
La agencia reconoce la realidad económica de muchas familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley.
«El objetivo es buscar un balance responsable entre la seguridad vial, el cumplimiento con las normas aplicables, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias», señala el comunicado.
La Finca Los Pello encabeza una cruzada alrededor de la Isla en la que denuncia la situación y pide apoyo al agricultor local, así como a los vendedores a orillas de las carreteras.
