Por Redacción Es Noticia
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PONCE – El exalcalde penepé de Santa Isabel, Enrique Questell, llegó esta tarde al Centro Judicial de Ponce para enfrentar cargos por delitos relacionados a realizar gestiones a su favor para una supuesta construcción ilegal en una de sus propiedades.
Questell llegó con los abogados José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez, quienes no lo dejaron ofrecer declaraciones a la prensa.
«Está tranquilo. Estamos Tranquilos. Vamos a trabajar con el procedimiento ahora. Ahora vamos a pasar a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y (luego) vamos a sala», respondieron los abogados.
Los cargos serán presentados por fiscales de la oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, quienes presentarán dos denuncias por violaciones al:
- Artículo 4.2 – Ley de Ética Gubernamental
- Artículo 261 – Código Penal
Los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núnez Corrada realizaron la investigación y estarían presentando los cargos.
Los cargos están relacionado a la Resolución emitida por el Panel del FEI -en diciembre pasado- luego que los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer presentaran un referido que ubica al exalcalde reunido con el extitular del Departamento de Recursos Naurales y Ambientales (DRNA).
Rafael Machargo Maldonado fue referido a Justicia y Ética Gubernamental por intervenir indebidamente con querellas del DRNA en contra de Questell Alvarado, tras la supuesta construcción ilegal en la zona marítimo terrestre de la costa de este pueblo.
El extitular del DRNA había admitido que se reunió en una residencia privada junto al exalcalde y el cabildero y exdirector de turismo Jorge Dávila, antiguo Director de Turismo. Fue en esta reunión que Questell supuestamente intentó negociar una transacción de la querella en su contra.
El Secretaria de Justicia recomendó y, fue acogido el designar un Fiscal Especial Independiente, el realizar una investigación sobre las actuaciones del exalcalde Questell Alvarado por posible comisión de delitos en violación al Código Penal de 2012 en su Art. 292 y a Ia Ley de Etica Gubernamental.
Resolución:
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