Por Miguel Díaz Román
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El Negociado de Investigaciones Federales (FBI) realiza varias investigaciones por presuntas violaciones a los decretos contributivos concedidos por el gobierno a empresarios que exportan servicios, a los multimillonarios que establecen sus lugar de residencia en la isla y contra médicos que se han beneficiado de alivios contributivos para que no abandonen Puerto Rico.
Los casos fueron referidos al FBI por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), según reveló el secretario de esa agencia, Manuel A. Laboy Rivera.
“Hicimos unos referidos por unas situaciones que están ocurriendo con los decretos de la Ley 20, Ley 22 y Ley 14. Estamos cooperando con el FBI en estas investigaciones”, indicó Laboy Rivera durante una entrevista en la estación de radio WKAQ.
La Ley 20 concede alivios contribituvos y acceso a incentivos a los empresarios que exporten servicios; la Ley 22 le ofrece una total exención a los multimillonarios que traslanden su lugar de residencia a Puerto Rico y la Ley 14 establece, entre otros beneficios, una tasa contributiva de 4 % a los médicos que residen en Puerto Rico y a los médicos que habían emigrado y se disponen a regresar al país.
Es importante señalar que muchos multimillonarios que se han beneficiado de la Ley 22 también tienen decretos por Ley 20, es decir, son multimillonarios que poseen empresas que exportan servicios y se benefician de los beneficios contributivos de ambas leyes.
Sorpresivamente Laboy Rivera dijo que desconocía que el FBI estuviera investigando el presunto trato favorable de parte del gobierno en la conseción de créditos contributivos a la empresa Pimienta Films, que preside el cineasta y productor Luis Ruiz.
La empresa habría recibido en los pasados 10 años $63 millones en los créditos contributivos que concede la Ley 27, que ofrece incentivos para estimular el desarrollo de la industria cinematográfica en la Isla.
El secretario admitió que participó de una reunión la pasada semana en la que, entre otras personas, estuvo presente Ruiz y la gobernadora Wanda Vázquez Graced. Según Laboy Rivera, tras la salida de la reunión de un productor de apellido Albino, se comenzó a requerir información sobre unos casos que estaban en evaluación en el DDEC.
“La gobernadora dió por terminada la reunión cuando se comenzó a preguntar por casos que estaban en evaluación. La gobernadora dejó claro allí que los casos se tienen que evaluar conforme a la ley”, diio el secretario.
Laboy Rivera aclaró que los evaluados por el DDEC para recibir alivios contributivos deben ser revisados por el Departamento de Hacienda «que es el que tiene la última palabra en esto».
El funcionario también negó que estuviera enojado con Ruiz.
La pasada semana el productor Ruiz indicó que en la citada reunión él deseaba presentar una queja sobre cómo se estaba manejando los créditos en la industria de cine.
“El reclamo que estaba haciendo era legítimo pero quería hablar también sobre cuáles eran mis próximos pasos y eso revela información privilegiada sobre mi empresa. Por eso pedí que otro empresario, Jorge Aquino Palo, saliera un momento de la reunión”, dijo Ruiz.
“Estoy que hiervo porque después de haber traído millones de dólares con mis proyectos y haber cumplido con la ley y que gracias a la reputación de mi equipo de trabajo he logrado créditos contributivos, se tardan hasta 14 meses en otorgarlos cuando no debe ser así”, dijo indignado el productor.
