Por Miguel Díaz Román
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La gobernadora Wanda Vázquez Garced justificó el nepotismo que cunde a todo lo largo del gobierno de Puerto Rico, al respaldar la contratación de los hijos de políticos activos con el argumento de que no se debe frenar a “los hijos talentosos” de personas que han sido elegidas para posiciones públicas.
“Yo rechazo esa expresión porque estamos coartando que gente joven cualificada, con preparación, con talento, nosotros no les demos esa oportunidad porque son hijos de. Todos somos hijos de. Algunos tienen más beneficios porque sus padres eran funcionarios públicos, abogados, secretarios. Otros venimos de gente humilde que no fueron cargos de nada, y por eso no dejan de ser hijos talentosos”, respondió Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
El nepotismo es la tendencia de funcionarios públicos a favorecer a familiares y a personas afines con cargos en el gobierno.
Para respaldar su posición Vázquez Garced sostuvo que “entonces la hija de un periodista no puede trabajar en ningún periódico porque es hija de (X o Y)”.
Recientemente se dio a conocer que el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, contrató a la hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, Melinda Romero Donnelly, como jefa de gabinete de esa agencia.
Vázquez Garced aseguró que “Melinda tienen mucho tiempo trabajando en seguridad pública”.
La pasada semana la gobernadora anunció que la hija de la alcaldesa de Ponce, doctora María «Mayita» Meléndez Altieri y del presidente de la Legislatura Municipal de Ponce, doctor Rafael Mateu Cintrón, Ana Margarita Mateu Meléndez, fue designada como secretaria de Política Pública de La Fortaleza.
La hija de Vázquez Garced, Stephanie Díaz Vázquez, fue contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación desde el pasado 6 de septiembre, por la cantidad de $10,000. La Fortaleza había informado que ese contrato terminaría a finales del pasado mes de octubre.
El hijo de la ex secretaria de la gobernación, Zoe Laboy, Delfos José Ochoa Laboy, ha sido contratado por varias agencias y el contrato más reciente firmado por él es con la Oficina de Servicios Legislativos y tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2020 por un total de $30,000.
