Por Marga Parés y Nydia Bauzá
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GUÁNICA – Es un día de semana cualquiera y en la calle José Nazario de este municipio se escucha un fuerte ruido metálico raspando el piso. Es la pala de Sheila Pacheco ligando cemento en una de varias casas que está reparando junto a su ayudante, Hiram Pinto.
“Esta casa al frente se cayó. Hemos reconstruido como veinte. Bueno, he tenido que decir que no puedo coger más trabajo”, comentó la mujer que, según contó, desde hace varios años se dedica a esto.
El sol está sofocante, pero Sheila, residente de Lajas, tiene mucho trabajo por delante. En esa casa en particular debe reforzar dos vigas, fortalecer una columna vieja y empañetar.
“Hay que reforzar porque sigue temblando”, contó sobre el movimiento de tierra que continúa sintiendo la zona sur del país desde el terremoto ocurrido en enero 2020.
Pintar, sellar techos, empañetar y limpiar propiedades para alquiler de la plataforma Airbnb son las tareas que más le piden, comentó.
Una casa cercana muestra un rótulo que lee en letras grandes “Estorbo Público”. Al preguntarle, Pacheco relata que es un aviso para que, si la estructura tiene dueño, este acuda al municipio a reclamarlo.
“Muchos se han ido, otros quieren volver. Todavía hay miedo por el terremoto”, sostuvo.
Corre el proceso
En Guánica, el proceso municipal para identificar y atender propiedades deterioradas o abandonadas ha generado incertidumbre entre residentes y propietarios. Algunos han acudido a la alcaldía para reclamar que aparecen vinculados a propiedades que aseguran no les pertenecen, mientras otros están pintando y remozando estructuras señaladas con la esperanza de que sean retiradas del proceso. Mientras, corre el término de 30 días para el que quiera se oponga a la intención de declaración de estorbo público.
Lourdes Feliciano, maestra retirada, ha sido una de las impactadas. Según relató, en meses recientes recibió una notificación del municipio achacándole una propiedad con aviso de estorbo público. La estructura no le pertenecía y tuvo que acudir a la alcaldía a informarlo. Estructuras de calles del casco urbano han sido las primeras en ser señaladas como estorbo público, en los casos que aplican, dijo.
El pasado 13 de junio, a través de su página de Facebook, el Municipio Autónomo de Guánica publicó un aviso sobre este proceso de estorbos públicos, tras la colocación de avisos en determinadas propiedades. El ayuntamiento aclaró que estas no están en venta ni serán subastadas por el momento.
El 12 de marzo del año pasado se aprobó la Ordenanza 22-2024-2025 para aprobar el reglamento para el manejo de estorbos públicos. Esta notifica que el Código Municipal faculta a los municipios a declarar estorbo público estructuras abandonadas que representen peligro o sean ofensivas o perjudiciales a la salud y seguridad comunitaria.
Según informó, esta acción responde a un proceso legal de notificación que busca informar a los propietarios y darles la oportunidad de corregir las condiciones señaladas. Cualquier medida adicional dependerá del cumplimiento de las etapas y procedimientos establecidos por ley, se informó.
“A muchas casas se les está dando un maquillaje para venderlas. Hay mucho Airbnb en el pueblo y hay muchas casas que no viven residentes”, dijo Feliciano, quien reconoció que, por ser un pueblo costero, con 28 playas, llama la atención.
Tras los terremotos, indicó, muchos guaniqueños se fueron del país, dejando sus casas “rotas y tiradas”.
José Morales, maestro retirado natural de Guánica, fue uno de los que emigró. En su reciente regreso ha notado muchos cambios, como la baja poblacional. En la calle Esperanza Idrach, donde tiene una propiedad que ubica justo frente al Malecón, solo quedan cuatro residentes. Es en los fines de semana, dijo, cuando se ven muchos turistas, mayormente locales.
Sobre el proceso de estorbos públicos, comentó que “lo ve bien”, pero espera que tenga garantías para que la gente pobre participe.
“Lo vi y no le encontré fallas al proceso. Es participativo”, indicó.
Mitigan riesgos
Según datos publicados en estorbos.com, Guánica tiene 59 propiedades documentadas: 21 con un aviso preliminar de “intención de declaración” y 38 que figuran como declaradas estorbo público. La plataforma registra además 34 reportes ciudadanos de propiedades identificadas como abandonadas. Estos reportes no necesariamente representan estorbos adicionales, pues un inmueble deteriorado no es automáticamente declarado como tal, advierte el portal.
Ayuda Legal Puerto Rico describe un estorbo público como “una estructura o solar abandonado, yermo o baldío que resulte inadecuado para ser habitado o utilizado por condiciones de ruina, falta de reparación o defectos de construcción, o que represente un riesgo para la salud o seguridad pública”. Entre las condiciones que pueden provocar una declaración, explica, están los defectos estructurales que aumenten el riesgo de incendios o accidentes, la falta de ventilación o facilidades sanitarias, la ausencia de energía eléctrica o agua potable y la falta de limpieza.
Este trámite forma parte de una estrategia más amplia de revitalización municipal. La administración del alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos desarrolló el Plan de Desarrollo Económico “Guánica: Historia, Visión y Futuro”. El documento explica la transformación económica y social que busca para Guánica, tras la etapa de reconstrucción por los terremotos. Uno de los ejes del plan es intervenir, en alianza con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), con estructuras abandonadas o destruidas tras los sismos para mitigar riesgos relacionados.
Como parte de esa estrategia, el municipio creó mediante la Ordenanza 23-2024-2025 un banco de tierras comunitarias para recuperar propiedades y contribuir a la repoblación. La iniciativa cuenta con una subvención federal de $300,000 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para apoyar el desarrollo. Esos fondos cubren costos de adquisición, no la rehabilitación de las propiedades, por lo que el CRH dispone además de un fondo rotativo de unos $500,000, junto a otras fundaciones, para financiar mejoras y recuperar posteriormente el dinero utilizado, según se ha informado.
En busca del desarrollo y la repoblación
En entrevista con el alcalde, el funcionario recordó que los estorbos públicos se agravaron tras los terremotos. Aseguró hay más de 800 propiedades que quedaron en el limbo. Algunas, dijo, ya estaban abandonadas y cerradas incluso desde antes.
Informó que hay 79 iniciales que han sido avisadas del proceso debido a su evidente estado de deterioro. En el pueblo hay más de 200 identificadas, dijo. Como parte del proceso, explicó, se crea una plataforma electrónica que incluye el inventario, las deudas del CRIM y posibles dueños. Se otorgan 30 días, tiempo en que también se emiten edictos públicos, indicó al agregar que estos pasos también incluyen la rotulación con los avisos de estorbos públicos y vistas administrativas.
“El municipio no quiere quitarle viviendas a nadie”, reiteró al comentar también se dispone de una Junta Comunitaria que participa del proceso.
Por tratarse de un banco de tierras respaldado por fondos federales y regulado por la ordenanza municipal, las estructuras que sean adquiridas deberán destinarse a usos comunitarios y beneficiar a familias de bajos ingresos. Si no se realizan mejoras, el municipio puede tomar las medidas necesarias para atender condiciones que representen un riesgo para la seguridad y salud de la comunidad y cobrarle al dueño los gastos incurridos.
Estas propiedades tienen valores contributivos relativamente bajos. Según estorbos.com, varias registran valores totales del CRIM de entre $4,000 y $11,000, mientras que el valor total del terreno en determinados casos fluctúa entre $500 y $2,000. Se trata de valores contributivos o registrales, no necesariamente de mercado.
Según la misma página de Airbnb, en Guánica hay entre 38 y 60 alojamientos a corto plazo disponibles, a un costo estimado en $242 la noche. La mayoría se encuentra cerca de Plaza Santa y Bahía Ensenada.
