Por Centro de Periodismo Investigativo
El área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur, que provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada hace cuatro meses, en diciembre de 2021. Así estaba pautado en el plan de trabajo original con el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accederá a $10.7 mil millones en fondos federales de recuperación. Pero, tras la entrada de LUMA en junio de 2021 para administrar el sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), revisados por el Centro de Periodismo Investigativo.
Las labores de recuperación en Costa Sur, Guayanilla, incluían reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios, porque ya cumplieron su vida útil y están obsoletos. El equipo no fue dañado por el huracán, pero había que cambiarlo para llevar las instalaciones a los estándares de la industria, mejorar la resiliencia del sistema y mitigar riesgos de seguridad, según el Plan de Infraestructura de Diez Años de la corporación pública.
El incidente en la Central de Costa Sur cuestiona hasta qué punto se ha dado prioridad a los trabajos de restauración más urgentes tras el huracán que destruyó la red eléctrica en 2017 y plantea la necesidad de que el proceso burocrático se mueva más rápido para evitar que el sistema energético siga colapsando.
La AEE presentó ante FEMA en febrero de 2021 el proyecto para reemplazar interruptores en el área de Costa Sur donde ocurrió el fallo la semana pasada, como parte del plan de infraestructura. Cuando el Negociado de Energía se enteró de que la AEE había sometido un plan sin consultarle, pidió detener los procesos. El ente regulador ordenó a la AEE a explicar en detalle los proyectos de recuperación para asegurarse de que estuvieran alineados con el Plan Integrado de Recursos, la hoja de ruta del desarrollo de la infraestructura energética del país.
El proceso histórico de recuperación de la red eléctrica del país requiere de reuniones, permisos y planes que no sólo dependen de la AEE, sino de intervenciones del Negociado de Energía -que debe aprobar cada proyecto-, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico
(COR3), la Junta de Control Fiscal y FEMA. Y el proceso se complicó con la privatización; LUMA asumió todos los trámites del sistema de transmisión y distribución, lo que trajo además la participación de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, que supervisa el contrato de la privatizadora.
Desde enero hasta junio de 2021, los planes de recuperación de la red eléctrica prácticamente quedaron varados ante el torbellino de acontecimientos que rodeaba a la AEE: la orden del Negociado de Energía de revisar los criterios de la reconstrucción, la quiebra de la corporación pública, así como el cambio de mando en la dirección ejecutiva. Y, principalmente, por el espíritu prevaleciente en las entidades gubernamentales envueltas, que preferían esperar a que entrara LUMA, explicó Tomás Torres, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.
“Una de las razones por las cuales le voté en contra al contrato de LUMA, más allá de las cualificaciones de la compañía, era el tiempo en que se había tomado esa decisión, justo en medio de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y en medio del proceso de la adquisición de fondos federales de reconstrucción”, dijo Torres. “Traer una entidad a integrarse en medio de estos procesos era obvio que iba a atrasar los mismos, independientemente de quién fuese”.
LUMA insiste en que es prematuro establecer qué causó el fallo
El Negociado de Energía aprobó desde el 8 de junio de 2021, cuando ya había entrado LUMA, el proyecto de recuperación de Costa Sur entre un grupo de 65 iniciativas críticas. Pero LUMA aún no ha entregado el documento de ‘alcance de trabajo’ (scope of work) detallado para el proyecto 169896 de Costa Sur. Lo debió haber entregado en febrero pasado, según se representó al Comité de Recursos Naturales del Congreso, pero ahora tiene pautado hacerlo este mes.
El CPI preguntó a LUMA cuál es el estatus del proyecto de Costa Sur, por qué no ha sometido el ‘alcance de trabajo’ detallado, por qué cambió la fecha de construcción y si haber hecho los reemplazos en 2021, como estaba pautado originalmente, hubiera evitado el apagón. “Todo nuestro equipo de LUMA está completamente enfocado en abordar las necesidades de nuestros 1.5 millones de clientes y restaurar la energía de la manera más rápida y segura posible. La investigación de la causa de este evento está en curso, y sería prematuro e irresponsable que alguien especulara qué lo causó o podría haberlo evitado”, indicó la empresa en declaraciones escritas.
Los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica realmente no han sido aprobados por FEMA
Las labores de reconstrucción en Costa Sur pertenecen a un grupo de proyectos que, a casi cinco años del huracán, apenas arrancan.
Aunque la vicepresidenta de Ingeniería de LUMA, Shay Bahramirad, dijo en una conferencia de prensa que FEMA “aprobó” 180 proyectos para la reconstrucción de la red eléctrica, la realidad es que esos proyectos aún están en el proceso de formulación. Es decir, están presentados pero no aprobados finalmente por la agencia federal, según FEMA.
Un ejemplo de la lentitud es que, desde el 2020, las instalaciones en Aguirre, Costa Sur, Culebra y Vieques tienen ocho proyectos en la lista de las 180 iniciativas de obra permanente formuladas por la AEE y LUMA. Esto quiere decir que el dinero para los mismos no ha sido obligado.
A preguntas del CPI, la AEE dijo que necesitaría hasta el lunes de esta semana para explicar por qué ha tardado tanto tiempo que se complete el proceso de formulación de los ocho proyectos que presentaron en el 2020.
Para llegar a la obligación de fondos para la red eléctrica, el camino es largo. A cada proyecto que la AEE y LUMA someten a FEMA, se le asigna un número como parte del proceso de formulación, que consta de cinco etapas. La primera son los trabajos de diseño e ingeniería. Eventualmente, se presentan los alcances de trabajo detallados. Lo más importante es que se cumplan con todas las leyes y regulaciones de conservación ambiental e histórica locales y federales, se estimen los costos y se especifiquen las propuestas de mitigación de riesgos.
La AEE y LUMA deben desarrollar una descripción clara y completa de cada proyecto. FEMA llama a este proceso uno de definición del ‘alcance del trabajo’. Una vez la agencia federal lo evalúa y da su visto bueno, entonces se aprueba el monto final, o sea, en el argot de FEMA, “se obliga el dinero”.
En el informe de progreso de marzo ante el Negociado de Energía, la AEE y LUMA establecen que se han presentado ante FEMA solo 19 “alcances de trabajo”: los ocho de la AEE y 11 de LUMA. Esto constituye apenas 10% del total de este grupo de proyectos formulados.
De la asignación de $9.4 mil millones para obra permanente de la AEE, la página web de FEMA indica que solo se han aprobado casi $438 millones para trabajos de diseño de arquitectura e ingeniería. De esta última cantidad, apenas se han desembolsado $7 millones, según el COR3.
Este multimillonario presupuesto se asignó bajo una iniciativa diferente a la que usualmente utiliza FEMA para adjudicar los fondos, conocida como Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA (FAASt, en inglés). Normalmente, se inspecciona cada sitio que tuvo daños para entonces estimar los costos. Pero varios funcionarios de FEMA y COR3 aseguraron al CPI que los daños eran similares entre cada una de las localidades afectadas. Por lo tanto, no todos los sitios de la AEE con daños tras el huracán María fueron inspeccionados detalladamente. A la AEE se le adjudicó un presupuesto global fijo a base de un muestreo de ciertas instalaciones. El gobierno federal y el de Puerto Rico acordaron que hacerlo proyecto a proyecto tomaría demasiado tiempo, esfuerzo y dinero.
El total de fondos asignados por parte de FEMA a la AEE es de $11.7 mil millones por los huracanes Irma y María, el terremoto del 2020 y la pandemia.
