Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Jenniffer González Colón solicitó al superintendente de la Policía, Joseph González, la eliminación de los servicios de escolta que recibía la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, tras una opinión legal emitida por el Departamento de Justicia.
En respuesta a esta solicitud, el jefe de la Uniformada ordenó la revocación inmediata del servicio, al concluirse que no existe impedimento legal ni constitucional para retirar las escoltas.
Según explicó González, la decisión se produce luego de un proceso de análisis legal que incluyó diversas interpretaciones sobre el alcance de las leyes y precedentes aplicables. Indicó que el tema había generado cuestionamientos públicos desde que Vázquez Garced fue acusada a nivel federal por actos de corrupción y, más recientemente, tras trascender que aceptaría declararse culpable.
El superintendente sostuvo que, aunque inicialmente la división legal de la Policía entendió que la exmandataria tenía un derecho adquirido a la escolta, tanto él como la gobernadora solicitaron una evaluación adicional al Departamento de Justicia, que funge como representante legal del Estado. La agencia concluyó que la mandataria posee la facultad como autoridad nominadora, mientras que el superintendente tiene el poder decisional para retirar el beneficio.
El análisis también consideró el caso del Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico (2009), en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el derecho de exgobernadores a escoltas. No obstante, la determinación tomó en cuenta la definición de “exgobernador” establecida en la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, que requiere haber sido electo por voto popular y haber ocupado el cargo por al menos cuatro años.
En ese sentido, se concluyó que Vázquez Garced no cumple con dichos criterios, ya que no fue electa al cargo ni completó un cuatrienio completo como gobernadora.
Asimismo, se evaluó la Orden General 110 de 2019, que otorgaba discreción al comisionado de la Policía para asignar escoltas a funcionarios y exfuncionarios. Finalmente, con base en la opinión legal del Departamento de Justicia y las facultades conferidas por la Ley 83 de 2025, se procedió con la eliminación del servicio.
“El análisis se hizo en equipo y con el objetivo de garantizar que la decisión estuviera sólidamente respaldada en derecho”, expresó González al confirmar la determinación.
