Por Miguel Díaz Román
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El informe sobre el almacén de Ponce que contenía suministros que no fueron distribuidos entre los damnificados de los sismos en el suroeste, y que fue realizado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), no contiene hallazgos sustanciales que justifiquen encaminar una pesquisa más fondo con el fin de identificar acciones ilegales presuntamente efectuadas por funcionarios públicos y mucho menos identifica delitos criminales que habrían cometido los directivos de Manejo de Emergencias que tenían a cargo el almacén.
A pesar de la anterior la secretaria de Justicia, Dennise Longo, se negó reiteradamente a divulgar el documento y promovió que los recursos del gobierno se utilizaran para montar una defensa para impedir que no se publicara un informe que no contiene conclusiones sobre actos ilegales en el manejo del almacén. El informe de cinco páginas sostiene que el almacén no cuenta con los servicios de energía eléctrica ni los servicios de agua y que los suministrios encontrados en su interior no estaban clasificados ni organizados.
También señala que “se desprende de la investigación preliminar que no se brindó mantenimiento al almacén ni a los artículos y suministros que allí se almacenaban para atender una emergencia o desastre en Puerto Rico. Según surge de las entrevistas realizadas, tampoco había una persona encargada de las facilidades ni se nos pudo proveer un inventario físico oficial de la propiedad”.
El informe alega que “se hallaron suministros con fecha de expiración en los años 2017, 2018 y 2019. Del mismo modo, se alegó que un ingeniero realizó una inspección de la estructura y aparentemente colocó un sello color amarillo, con fecha de 12 de enero de 2020. (Ver Anejo 10) De acuerdo a los procedimientos de evacuación de estructuras, dicho sello representa que la facilidad fue inspeccionada y representa riesgo. (Ver Anejo 11)”
A pesar de que los hallazgos del informe podrían implicar faltas menores que se podrían atender por la vía administrativa, el licenciado Héctor L. López Sánchez, director del NIE, concluyó que “existe base suficiente para referir este asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para continuar la investigación en su fondo y se proceda conforme al derecho aplicable”.
Copia del informe le fue enviada a Pedro Janer Román, quien para entonces era el secretario del Departamento de Seguridad Pública.
Tras la publicación del informe en la mañana de hoy por orden del Tribunal Apelativo, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión Especial que investiga la respuesta del gobierno a la emergencia sísmica, solicitó la renuncia de la secretaria de Justicia.
El legislador indicó que la funcionaria presentó argumentos falsos en la Legislatura para no entregar el informe.
Rodríguez Aguiló dijo que Longo expresó falsamente y bajo juramento que en el informe había nombres de agentes del NIE y de confidentes y que habían estrategias importantes de investigación que podrían afectar esa y futuras investigaciones si se divulgaba.
A continuación extractos del informe:
«Existe base suficiente para referir este asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia para continuar la investigación en su fondo y se proceda conforme a derecho aplicable», reza el documento de siete páginas, las primeras dos son una carta de la Secretaria de Justicia en la que justifican por qué no se debió hacer público dicho documento.
«Recalcamos que la disposición del Departamento de Justicia es que la divulgación de este documento impacta negativamente la investigación criminal en curso en nuestra agencia», advierte Dennise N. Longo Quiñones en la carta que adjuntó al informe.
Hallazgos de la investigación:
- 6 de junio de 2018 – autorización y acuerdo entre Departamento de Seguridad Pública, Manejo de Emergencias y Compañía de Comercio y Exportación para el almacén.
- 9 de abril de 2019 – firma del contrato para el almacén en La Guancha, en Ponce.
- Durante emergencia de huracán María la Guardia Nacional tenía control del almacén y entre abril y mayo de 2019 entregó la administración e inventario del mismo a Manejo de Emergencias.
- «No hay un administrador o persona encargada del manejo del mismo”.
- Varios empleados tuvieron bajo su custodia las llaves del lugar, pero ninguna tenía el control del almacén.
- Almacén fue utilizado por Manejo de Emergencias para distribuir suministros durante la sequía del área oeste, en marzo de 2019. Distribuyeron agua embotellada a Moca, Isabela y Aguadilla.
- 9 de enero de 2020, tras el terremoto, entregaron artículos a los municipios de Peñuelas y Yauco.
- No era el único almacén en Ponce. No se identificó dónde estaba ubicado el otro almacén, pero sí que estaba organizado y mantenían un inventario de los suministros.
- Desde ese otro almacén distribuyeron suministros, entre ellos agua embotellada, toldos, comida, sillas de rueda y sabanas, a municipios afectados por el terremoto.
- Almacén de Ponce no cuenta con servicios de agua ni energía eléctrica y un ingeniero determinó que «representa riesgo».
- Los artículos no estaban clasificados ni organizados.
- Encontraron suministros con fecha de expiración de 2017, 2018 y 2019.
