Por Miguel Díaz Román
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La muerte de un segundo policía a causa de coronavirus es evidencia de que el Negociado de la Policía falló en su resposabilidad de proveer a los policías el equipo de protección adecuado y de un adistramiento efectivo para lidiar con el virus, denunciaron Diego Figueroa Torres, presidente del Frente Unido de Policías (FUPO) y Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO).
Matías responsabilizó directamente al Comisionado de la Policía, Henry Escalera, por la muerte del sargento, José García Vázquez, de 51 años, adscrito al cuartel de Yauco y quien falleció el pasado viernes. García Vázquez, quien es la segunda víctima por el coronavirus en la Policía, recibirá un ascenso póstumo y será sepultado en un cementario de Sabana Grande luego de una breve ceremonia que realizarán el viernes en la plaza pública de ese pueblo.
La primera víctima lo fue el agente Miguel Ortiz, de 56 años, quien murió el pasado 24 de abril. Al momento de su muerte Ortiz estaba asignado al “strike force” que trabajaba directamente en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Matías y Figueroa Torres sostuvieron que en este momento existen entre 3 y 4 policías en estado crítico en hospitales del país a causa del coronavirus, por lo que es posible que se registre un aumento en las muertes provocadas por el virus en la Policía.
Los líderes de ambos organismos agregaron que existe entre los policías una atmósfera de incertidumbre ante la inminente reapertura de la economía, lo que puede exponer a los agentes a nuevos focos de contagio y causar un aumento en el número de agentes infectados, en aislamiento y en peligro de morir por el virus.
De acuerdo con la Policía hasta ayer habían 70 policías con resultados positivos de pruebas para detectar el coronavirus y 276 en aislamiento, mientras los líderes de las organizaciones aseguran que los policías con resultados positivos ascienden a 117 y 433 en asilamiento.
“El gobierno no preparó al policía. Lo tiró a la calle sin orientación y sin equipo…hemos sido el sector de la población más afectado. En un momento llegamos a tener cerca de 1,300 policías en aislamiento. Las muertes de esos dos compañeros es responsabilidad directa de la dirección del Negociado de la Policía, y directamente del Comsionado, Henry Escalera”, dijo Matías.
“No hay duda de que el Policía está desprotegido. Han estado trabajando 12 horas diarias y eso los expone más al contagio. Tienen que bregar con gente infectada que iba a los cuarteles o gente que era intervenida en las calles. Nosotros hemos ido a lugares donde los policías no tienen absolutamente nada para protegerse y lo que nosostros les llevamos es la única ayuda que han recibido para protergese”, dijo Figueroa Torres.
Agregó que los policías se han visto obligados adquirir sus propias mascarillas o aquellas que les consiguen familiares o entidades privadas que hacen donaciones, debido a que el Negociado de la Policía no les provee ese tipo de protección.
“Les dan tres mascarillas desechables cada 15 días a policías que tienen que trabajar con la gente todos los días. Ese no es trato que merece el policía y aquí se debió ofrecer adiestramientos por infectólogos y médicos para que el policía supiera cómo evitar el contagio y que distancias se debía tener y sobre la limpieza en las superficies”, dijo Matías.
“Ahora que vamos a la reapertura de la economía hay una gran preocupación y una gran incertidumbre porque el policía sigue desprotegido. Nosostros estamos a favor de que los policías que superaron el virus donen plasma para que se use con los policías que resulten infectados en la reapertura. Estamos haciendo gestiones para hacer un banco de plasma de policías”, dijo Figueroa Torres.
Pleito de clase
Matías sostuvo que la APO está evaluando iniciar un pleito de clase contra el Negociado de la Policía y contra Escalera, debido a una presunta determinación “unilateral y destemplada”, que prohibe a los agentes de rango de teniente segundo hasta la posición de coronoles, reclamar tiempo compesatorio o el pago de horas extra por los periodos de trabajo realizados luego de culminar sus jornadas regulares a consecuencia de emergencia por el coronavirus.
La información surge de un memorando difundido por el coronel Luis Colón Ortiz, Comisionado Auxiliar de Operaciones de Campo de la Policía, el pasado 13 de mayo.
Matías sotuvo que la Ley federal de Normas Razonables de Trabajo establecen que no pueden estar exentos del pago de horas extras o de reconocerle tiempo compensatorio a los empleados de primera respuesta como policías, detectives, bomberos , alguaciles y paramédicos, entre otros.
“Cuando comenzó la emergencia del virus Escalera nos hizo creer que íbamos a acumular las horas trabajadas en exceso para luego reclamarlas y ahora, cuando la emergencia está bajando, nos dicen que no podremos reclamar esas horas, Hay compañeros que podrían tener hasta 600 horas.. esto no es justo y vamos para un pleito de clase”, sostuvo Matías.
