Por Redacción Es Noticia
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Un grupo de operadores de restaurantes presentó una demanda civil contra LUMA Energy LLC el pasado Viernes Santo, responsabilizando a la empresa por las pérdidas sufridas a raíz del apagón general ocurrido el Miércoles Santo en toda la isla. La acción legal busca una compensación de $500 millones en nombre de todos los abonados de la red eléctrica, incluyendo residencias, comercios e industrias.
Entre las empresas demandantes se encuentran Wendco of Puerto Rico Inc., MultiSystem Restaurant Inc., Restaurant Operators Inc. y Apple Caribe Inc., quienes alegan pérdidas significativas por alimentos dañados, cierre temporal de negocios, daños a enseres eléctricos y gastos adicionales en diésel y gas propano.
La demanda, según sus abogados, busca convertirse en una acción de clase, y está respaldada por precedentes legales, incluyendo una querella similar presentada tras el apagón masivo de abril de 2022. Ese caso fue consolidado con otra demanda de ese mismo año y aún se encuentra en proceso de descubrimiento de prueba, con una vista pautada para el 16 de junio de 2025.
En aquel entonces, LUMA intentó trasladar el pleito al foro de la jueza federal Laura Taylor Swain, vinculándolo con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero la jueza rechazó el argumento, señalando que las fallas imputadas eran responsabilidad directa de LUMA y no de la AEE.
A pesar de que la gobernadora Jenniffer González Colón restó importancia al impacto del apagón —afirmando que “tú no pierdes una compra en 24 horas”—, la demanda sostiene que las consecuencias económicas fueron severas, no solo para restaurantes, sino también para miles de hogares y comercios alrededor de la isla.
“El apagón fue consecuencia de fallas sistemáticas y negligencia por parte de LUMA, incluyendo la falta de mantenimiento adecuado, inspecciones deficientes y equipos obsoletos que son críticos para la estabilidad de la red eléctrica”, alegan los demandantes en la acción judicial.
La demanda también destaca los efectos colaterales del apagón, como interrupciones en el servicio de agua potable, agravando aún más la crisis para miles de ciudadanos.
Este nuevo pleito reabre el debate sobre la confiabilidad del sistema eléctrico en Puerto Rico y podría sentar un precedente importante en la responsabilidad de operadores privados frente a los usuarios del servicio público.
