Por Redacción Es Noticia
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La Administración de Seguros de Salud (ASES) informó hoy -lunes- que tras varios meses de análisis y conversaciones con las aseguradoras participantes del Plan Vital, inició el proceso para lograr la resolución del modelo de ajuste del factor de riesgo (RAF, en inglés).
La directora ejecutiva de la ASES, Edna Marín Ramos, adelantó que el efecto neto del total ajustado alcanza aproximadamente $55 millones en agregado.
Marín Ramos también reconoció que hubo errores en la data utilizada para hacer los pagos a los proveedores de salud, al tiempo que indicó que serán corregidos.
Las expresiones fueron durante una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la que también participó el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López.
Molina HealthCare adeuda $15 millones
Marín Ramos destacó que la aseguradora Molina Healthcare no participa en el Plan Vital desde el 2020, pero aún adeuda alrededor de $15 millones a los proveedores que se encuentran detenidos por el tribunal mientras se dilucida un pleito judicial.
Durante su turno en la audiencia pública, el Secretario de Salud aseguró que le envió cartas de cobro a las aseguradoras MMM y Triple S por pagos en exceso.
Marín Ramos explicó que una vez las aseguradoras cumplan con los pagos que adeudan, la ASES procederá a realizar los ajustes a las aseguradoras y grupos médicos que recibieron un ingreso de prima menor.
“Nosotros lo que queremos es garantizar que el dinero que está para darle el servicio a la gente esté en las manos de los que dan el servicio. No sencillamente los que están en el manejo”, expresó el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
“Para nosotros es bien importante que esto se atienda. Esto es un tema puntual dentro de los grandes retos que tiene el presupuesto de Puerto Rico”, agregó Hernández Montañez, quien solicitó a la ASES información sobre las partidas económicas solicitadas a la Junta de Supervisión Fiscal para el próximo año fiscal con el fin de que la Asamblea Legislativa las incluya en la negociación del presupuesto.
El RAF, aunque no es regulatoriamente mandatario, fue recomendado por las firmas actuariales para proveer una compensación proporcional entre las aseguradoras participantes del Plan Vital, quienes a partir de 2018 competirían en toda la isla en lugar de ser seleccionadas para prestar sus servicios en una sola región.
De este modo, el ingreso en prima es ajustado a las aseguradoras para que sea proporcional con el riesgo asumido en dicho periodo, según Marín Ramos. Sin embargo, la Resolución Conjunta 1-2022 emitida en febrero de 2022 requirió a la ASES paralizar la implementación del RAF y que sea calculado a nivel regional a base de la “experiencia histórica” previo al 2019.
“Tan pronto recibamos, pagamos”, dijo Marín Ramos, en referencia a la suma millonaria que adeudan algunas aseguradoras. “Son temas técnicos de los sistemas dentro de la agencia, pero lo importante es que la primera fase del contrato de Vital ya es una realidad”, abundó.
Marín Ramos detalló que el nuevo contrato que entró en vigor el 1 de enero de 2023 dispone que no se realizarán ajustes retroactivos como decretaba el modelo anterior.
El nuevo modelo establece una prima base que será revisada cada seis meses, pero en esta ocasión con un enfoque prospectivo.
Sin embargo, adelanto que los errores encontrados en la base de datos también afectaron el calculo de la prima prospectiva de la región este por lo cual esta será corregida.
Ante la crisis de escasez de médicos especialistas en la isla, Mellado López reiteró que, actualmente, la política pública de Salud se ha concentrado en la retención de proveedores. Aunque reconoció que el contrato anterior era “tortuoso” y “complicado”, insistió en que las aseguradoras tienen la obligación de cumplir con los pagos adeudados por concepto del RAF.
Marín Ramos puntualizó que las últimas comunicaciones destinadas a las aseguradoras fueron emitidas el pasado 3 de marzo, por lo que tienen hasta mañana, martes, para responder.
“Lo que todo el mundo busca es que realmente tengamos servicios de salud para ofrecerlos a las personas, pero no podemos hablar de servicios de salud si no atendemos a los que dan los servicios de salud”, aseveró la representante Sol Higgins Cuadrado.
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El representante del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, presentó un proyecto para que todo contrato de Alianzas Público Privadas que exceda los cinco años tenga que ser aprobado por la Legislatura.
“Los puertorriqueños necesitan transparencia por parte del gobierno en todo contrato que ponga en manos privadas las operaciones de servicios esenciales. Por tal razón, es importante que la Legislatura intervenga en estos procesos y vele por los mejores intereses del país”, precisó Cruz Burgos.
La medida establece que es necesario que el país a través de la Legislatura conozca los detalles de los contratos antes de que estos sean firmados y aprobados.
Por lo que los representantes del pueblo, Cámara y Senado, deben tener el poder de evaluar y fiscalizar los contratos al tener que ser aprobados por los Legisladores.
Al establecer la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas, se buscó establecer una entidad que uniera recursos y esfuerzos del sector público con recursos del sector privado, mediante una inversión conjunta para beneficio de ambas partes.
Según se dispuso, se buscaba proveer servicios, construir instalaciones o hacer proyectos de alta prioridad para el estado y/o servicios revestidos de alto interés público.
En este andamiaje, se supone que el Estado no renuncia a su responsabilidad de proteger el interés público.
“El problema con la Ley actual es que no es hasta que se da todo el proceso y que el contrato es final, que se presenta copia del informe ante la Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos. La falta de acceso a información crucial no ha permitido que los representantes del pueblo en la legislatura puedan determinar a tiempo si un contrato de alianza que compromete servicios públicos esenciales, estaría protegiendo el interés público, por lo que es urgente enmendar la Ley para que la Legislatura tenga que aprobar los contratos”, precisó Cruz Burgos.
Asimismo, el Representante explicó que las experiencias en contratos energéticos han demostrado que una vez concretados los acuerdos para su firma, surge públicamente información sobre clausulas irrazonables y que van en menoscabo del interés público.
Uno de estos lo es el contrato de alianza público privada alcanzado para la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, que ha desembocado en múltiples solicitudes de aumento de tarifa de energía por parte del ente privatizador, LUMA.
Por otra parte, el país tampoco pudo conocer detalles sobre la privatización de la operación y mantenimiento de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Por CyberNews
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La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió este lunes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Vivienda Pública (AVP) del Departamento de la Vivienda.
El Informe revela que la Oficina de Reglamentación y Cumplimiento de la AVP, no realizó auditorías de las cuentas de la caja chica de la Administración ni de los agentes administradores del 2015 al 2018. El Manual de Adquisiciones y Políticas de Adquisición de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, dispone que las auditorías sobre las cuentas de la caja chica se deben realizar cada seis meses. Para el periodo del 2015 al 2019, se desembolsaron $2,843,577 de las cuentas de la caja chica. Esta situación impidió mantener una fiscalización continua y eficaz de estos fondos.
La auditoría señala deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por los agentes administradores de los proyectos. Del examen de los expedientes de 40 órdenes de compra por $1,187,569 se detectó que: el 85% no tenía el documento Solicitud de Compra Pequeña, el 90% no tenía la certificación del Registro Único de Licitadores, y en el 45% no se encontró evidencia de haber verificado en el Excluded Parties List System, si los proveedores estaban excluidos de recibir contratos.
Estas situaciones no permiten a los agentes administradores el control adecuado de los procesos de compra, se podrían adquirir bienes con proveedores no habilitados por el gobierno estatal o con proveedores desautorizados por el gobierno federal. La auditoría recomienda, entre otras, que se prepare un plan de talleres y adiestramientos a los agentes administradores sobre el Manual de Adquisiciones, y que se cumpla con obtener la documentación y evidencia en todas las adquisiciones de bienes y servicios.
Los agentes administradores son las 14 compañías privadas contratadas para administrar 334 proyectos de vivienda pública.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Por CyberNews
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El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes, que no habló sobre los vínculos de sus primos Eduardo y Walter Pierluisi en sus campañas políticas porque no se lo habían preguntado.
“Primero que nada, eso de que yo me distancié salió de un titular y no es correcto. Cuando a mí me abordaron sobre este tema, acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío, Eduardo (Pierluisi) y todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco y de allá para acá, han surgido múltiples reportajes. Esto no es cuestión de yo distanciarme, lo único que yo conozco de esto es lo que los propios medios han reportado”, dijo el Gobernador a preguntas de la prensa.
Cuestionado sobre por qué no había expresado el rol de sus primos en sus campañas, Pierluisi contestó: “eso es de conocimiento público y todo el mundo sabe quién está en mi estructura de campaña. Siempre han colaborado. Son parientes míos. Siempre han colaborado en mis campañas, eso es de conocimiento público. Eso no es nuevo”.
“Lo único que me preguntaron sobre el allanamiento y el parentesco y yo indiqué cuál era el parentesco y que no tenía conocimiento del asunto”, abundó.
A preguntas de si hay otros primos que tengan contratos en el gobierno, el mandatario contestó que: “La familia es numerosa, pero que yo sepa, es Walter Pierluisi el que tiene esta empresa que tiene contratos de toda la vida con la Administración de Residenciales Públicos. Que yo sepa es lo único que puedo decir”.
El Gobernador insistió en que confía que su primo conoce las leyes y reglamentos para administrar los fondos federales de lo que llega por concepto de la Administración de los Residenciales Públicos. Entiende, además, que su primo tiene otros contratos con varios municipios.
Por Redacción Es Noticia
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El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, emplazó al gobernador, Pedro Pierluisi “a que divulge inmediatamente todos los contratos, negocios y asuntos o cabildeos pendientes que tienen los familiares cercanos del gobernador, Eduardo Pierluisi, así como el bufete de abogados Isern y Pierluisi de su primo Walter Pierluisi.
“Una vez más, allegados y familiares del gobernador Pierluisi se ven involucrados en procesos investigativos a nivel federal. Hace unos meses su amigo de crianza y de estudios, ‘Joey’ Fuentes, se declaró culpable por aportaciones ilegales para ayudar a su campaña y el Gobernador se distanció. Anteriormente, su primo Walter Pierluisi, cuyo bufete es allanado en estos momentos, era el centro de la defensa y gestiones cuestionables en torno a la piscina ilegal y con permisos fatulos en Rincón. En su campaña primarista del 2016, el entonces aspirante Pedro Pierluisi aseguró que nadie en su familia y allegados se beneficiaba de contrataciones con el gobierno. Al día siguiente, presentamos evidencia de cientos de millones de dólares en contratos activos con el gobierno entonces. Llegó el momento que Pedro Pierluisi hable claro y rinda cuentas por los beneficios de los suyos. Divulgue hoy los negocios y contratos vigentes con el gobierno, además de los asuntos de cabildeo y similares pendientes que tienen Eduardo Pierluisi, el bufete de Walter Pierluisi y la compañía American Management, también de este último. El país merece la verdad ahora”, señaló Vega Ramos en un comunicado.,
“El gobierno de Puerto Rico no puede, o tan siquiera aparentar, ser empresa familiar o para allegados. Por ello, antes de distanciarse o refugiarse en tecnicismos legales, el gobernador Pedro Pierluisi debe proveerle a la prensa y al país la información completa de los vínculos pasados y presentes que estos dos familiares, y sus empresas o bufetes, han tenido o tienen con el gobierno y que acción protectora va a tomar hoy ante los allanamientos y la obvia investigación federal en curso”, añadió el secretario general de la Pava.
El funcionario del PPD señaló que la colectividad se mantendrá atento a esta investigación y que referiría a las autoridades toda la información que levante como parte de su fiscalización institucional.
Allanamientos
Agentes federales fueron ayer -jueves- a una oficina y un apartamento de familiares del gobernador Pierluisi.
Los dos allanamientos, en San Juan, fueron realizados por agentes de la Oficina del Inspector General de Vivienda federal.
Una oficina allanada es la del ex director político de la campaña de Pierluisi, Walter Pierluisi Isern.
También fue allanado el apartamento de Eduardo Pierluisi, hermano del abogado, quien fungió como avanzador de esa campaña. Ambos son desarrolladores y privatizadores de vivienda pública.
Reacción del Gobernador
El gobernador Pierluisi dijo ayer -jueves- que desconoce los pormenores del allanamiento que realizaron varias agencias federales en el bufete Isern-Pierluisi y la residencia de su primo Eduardo.
“Estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío, específicamente su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que pues, somos primos terceros. Confirmo que es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quien es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que está en curso, no tengo detalle alguno”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.
La defensa del primo del gobernador, Walter Pierluisi, licenciado Osvaldo Carlo Linares y Eduardo Ferrer aseguraron que agentes federales ocuparon el teléfono celular y computadoras de su representado mediante unas órdenes de allanamiento.
“Se entregaron celulares con las claves, los números secretos, las computadoras también se hizo lo mismo. Se creó un acceso para que los agentes pudiesen entrar porque es una información que está en la nube. Todo se suministró todo lo que pidieron”, dijo Carlo Linares a preguntas de la prensa.
“La información es bien limitada porque estamos hablando de un allanamiento. El allanamiento no es solamente aquí, sino que envuelve otras propiedades de otras personas que no están relacionadas con estas propiedades de acá, o sea, de terceros. Al cliente no se le ha informado que es tarjeta de investigación, que es un proceso de allanamiento como se han hecho otros allanamientos en el pasado”, añadió.
Agentes federales acudieron en la mañana a las oficinas del bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, registrado a nombre de Walter Pierluisi Isern. Además, allanaron una residencia del complejo Paseo del Bosque en San Juan, de Edwardo Pierluisi Isern, primo del gobernador. Además, se allanó en las oficinas de American Management and Administration Corporation, empresa encargada de la administración de residenciales públicos.
Entre las agencias que participaron en el allanamiento se encuentra el FBI, HUD-OIG, Departamento de la Vivienda federal, entre otros.
Por CyberNews
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia dijo el miércoles, durante el inicio en la Cámara de las vistas públicas sobre el presupuesto, que buscarán bajar un 13% de los contratos para ahorrar fondos.
“El mejor ejemplo sobre ahorro para el próximo presupuesto será revertir la dependencia del gobierno en los contratos de servicios profesionales. Estaremos reduciendo esos contratos en un 13%”, mencionó Blanco Urrutia durante las vistas públicas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez.
“Las agencias están muy conscientes sobre los sacrificios presupuestarios que hemos realizado a nivel de administración y país. Además, como gobierno hemos establecido mejores controles para evitar que sucedan los mismos errores del pasado y también, para detectar al momento cuando sucedan y lograr resolverlos de forma inmediata. En términos generales, ahora mismo todas las agencias están ejecutando sus planes dentro del presupuesto disponible”, sostuvo Blanco Urrutia.
Las agencias del gobierno rendirán cuentas ante la Asamblea Legislativa sobre el uso de fondos públicos en sus presupuestos del año fiscal corriente y las proyecciones relacionadas al plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Por medio de la Resolución de la Cámara 149, los legisladores buscan conocer cuáles son los mecanismos implementados por las dependencias del gobierno para cumplir con los compromisos de reducción de gastos y de mejoras sobre las condiciones salariales de los empleados públicos.
En el primer día de vistas, además del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, la Comisión recibió la comparecencia del equipo fiscal del gobernador, constituido por el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero Díaz.
Por su parte, Santa Rodríguez preguntó si al día de hoy las agencias han logrado algún tipo de ahorro y eficiencias presupuestarias.
Blanco Urrutia destacó que la reducción de contratos llegará con una inversión en el gobierno y los servidores públicos. “Todavía queda espacio para reducir más los gastos por contratos. Pero debe hacerse de manera ordenada sin interrumpir los servicios a la ciudadanía”, destacó.
“La creación de estructuras de eficiencias y rigurosidad en la operación gubernamental, entre otras reformas que inciden en economías y en la forma de realizar negocios en Puerto Rico deberán sentar las bases para un desarrollo económico sustentado en la competitividad y planificación estratégica”, apuntó Blanco Urrutia.
A su vez, los jefes de las agencias fiscales de la isla presentaron las proyecciones del último trimestre del año fiscal 2021-2022 y el comienzo del período fiscal 2022-2023.
Sobre el desempeño de los primeros 8 meses del año corriente, Parés Alicea destacó que las proyecciones reflejan un crecimiento de 14.6 por ciento. “En comparación con el año previo, esto presenta signos de una economía que despunta luego de un período afectado por la pandemia y las secuelas de esta”, destacó.
El secretario de Hacienda apuntó también que Puerto Rico ha recuperado su ritmo de crecimiento base luego de unas caídas abruptas de su producto nacional bruto (PNB) y de la tasa de participación de la fuerza laboral en la última década.
Parés Alicea señaló, posteriormente, que existe una incertidumbre para el devenir económico y fiscal del sector comercial por el alza de costos energéticos de combustibles, los disloques en la cadena de suministros a nivel internacional y la crisis del conflicto bélico de Ucrania.
En resumen, el presupuesto consolidado propuesto para el año fiscal 2022-2023 se constituye de $12,573,000,000 del fondo general, $4,976,000,000 de fondos especiales y $11,236,000,000 de Fondos Federales.
El titular de Hacienda destacó también que el presupuesto para el año 2022-23 “invierte en Puerto Rico, en el capital humano e incluye el pago de la deuda”.
“Un presupuesto que reduce un 13% los contratos y aumenta un 20% la nómina pública. Sin dudas, es un presupuesto que piensa en nuestro retiro, garantizando una reserva de un 12% adicional al fideicomiso del pago de pensiones”, resaltó Parés Alicea.
Explicó que el dinero presupuestado contempla iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio.
Buscarán sumar responsabilidades a la Junta de Planificación
Por otra parte, el director de la OGP estableció que uno de los objetivos dentro del plan de gobierno “post-PROMESA”, será integrar a la Junta de Planificación como ente experto en asuntos de economía que podrá aportar al desarrollo futuro de la isla.
“La Junta de Planificación siempre nos somete una información de su análisis económico. Sin embargo, no es ningún secreto que, ante la circunstancia, y teniendo la Junta, su rol ha sido un poco limitado durante este periodo de tiempo”, reflexionó Blanco Urrutia.
“Integrar a la Junta de Planificación es uno de los elementos que debemos trabajar a futuro”, destacó el jefe de OGP.
Por su parte, Santa Rodríguez insistió que la Junta de Planificación ha sido una agencia importante en el desarrollo de Puerto Rico a largo plazo. “Tarde o temprano, la Junta de Supervisión Fiscal se va y alguien tiene que hacer el trabajo que se le ha delegado a la Junta”, puntualizó el representante del Distrito 31, que integra los municipios de Caguas y Gurabo.
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El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago negó este miércoles que sea investigado por agencias federales.
“Jamás he cometido o cometeré alguna acción contraria a las leyes estatales o federales; por el contrario”, dijo el también senador en declaraciones escritas en su cuenta en la red social Twitter.
“Mi trayectoria por el servicio público se ha distinguido por la transparencia y apertura en todo mi proceder. No he sido abordado por ninguna agencia de ley y orden sobre ningún asunto sobre el cual el antes mencionado reportaje detalla. Tampoco he estado involucrado en ninguna actividad contrario a la ley y el orden. Durante mis años de formación, mis padres me enseñaron valores de respeto, dignidad, humildad y claridad”, añadió Ríos Santiago.
El senador insistió en que “servir a nuestro pueblo desde el Senado de Puerto Rico es un privilegio y una responsabilidad sagrada. La confianza que los ciudadanos del Distrito de Bayamón han depositado en este servidor jamás será quebrantada porque no lo permitiré. Continuaremos trabajando por un nuevo Puerto Rico, repleto de oportunidades para todos, para que nuestras familias no tengan que separarse en búsqueda de una mejor calidad de vida en los estados de la unión”, señaló.
Según publicó Las Noticias de TeleOnce, las autoridades investigan sobre supuestas actividades de recaudación de fondos del legislador, específicamente los donativos realizados por parte de una empresa de construcción a la campaña de este.
A cambio de los donativos, el legislador debería otorgar contratos y reclutar a una persona cercana del propietario de la empresa.
Según reveló el periódico Metro, en la página del Contralor de Puerto Rico, la compañía ha obtenido tres contratos con la referida agencia en este cuatrienio.
El primer contrato, del 7 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2022, es por la cantidad de $1,404,900. El segundo, del 7 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021, es de $1,290,125. Este por concepto de reparaciones estructurales en varias escuelas de la isla. El tercero, es por la cantidad de $68,190.
La totalidad de los tres contratos asciende a los $2.7 millones.
Por CyberNews
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El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, informó hoy -viernes- que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está exenta de su autorización para órdenes de compra y contratación de servicios profesionales.
“La Autoridad de Energía Eléctrica por virtud de una dispensa otorgada el pasado 25 de enero y cursada al pasado director de la Corporación Pública, Ingeniero Efrán Paredes Maisonet, está exenta de todo proceso establecido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la autorización de órdenes de compra o la contratación de servicios profesionales».
«Esta dispensa reconoce la autonomía administrativa y presupuestaria de la AEE, entidad que cuenta con su propio presupuesto y plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. La dispensa se otorga reconociendo la autonomía administrativa e independencia necesaria para la operación de la AEE y, particularmente, para responder a una situación de emergencia».
«No obstante, la dispensa otorgada a la AEE, y luego de la información que ha trascendido en los medios de comunicación, ordené una revisión de los archivos de transacciones de la OGP por los pasados 5 años. Esta revisión confirma que, en efecto, la AEE no ha presentado ante la OGP solicitud alguna para la compra de piezas o equipo durante el periodo evaluado”, expresó Blanco en declaraciones escritas.
Por Sara R. Marrero Cabán
GUAYAMA – El alcalde de este pueblo, Eduardo Cintrón Suárez, es investigado por un Fiscal Especial Independiente (FEI) por supuestas irregularidades en la contratación del servicio de recogido de desperdicios sólidos a una empresa que arrastraba problemas con otros ayuntamientos.
El Alcalde firmó en el 2013 un contrato con la compañía Mr. Waste, Inc. que tuvo vigencia hasta 2018 y ascendía a $8.9 millones. Esto sin que pasara por el proceso de subasta ni la aprobación de la Legislatura Municipal.
Empero, antes de que venciera el contrato, Cintrón Suárez supuestamente le pidió al contratista que cambiara el nombre de Mr. Waste, Inc. debido a los problemas judiciales que enfrentaba esa empresa con otros municipios.
El empresario así lo hizo y el Alcalde volvió a otorgarle un contrato que estará vigente hasta el 2023.
¿Quién es Mr. Waste?
Mr. Waste, Inc. fue incorporada en el 2005 por Mario Roque Marcano, presidente de la compañía.
El propósito era el “recogido, limpieza y disposición de desperdicios sólidos no tóxicos y limpieza de sanitaria y pluvial y recogido de escombros”. El hijo de Roque Marcano, Raniel Roque Hernández, era el tesorero. Mientras, el agente residente de la corporación era Cristian Fernández Hernández.
El municipio de Guayama, bajo la administración de Cintrón Suárez, contrató los servicios de Mr. Waste, Inc. para recoger y disponer de los desperdicios sólidos de 21,000 residencias y comercios.
El contrato establecía una tarifa fija de $6.95 por el recogido de desperdicio por unidad residencial para un monto de $145,950.
Luego, del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 la tarifa subía a $7.20 por unidad para un total de $151,200.
Y, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 el costo por unidad subía a $7.30 por unidad para un total de $153,300.
Contrato y demandas
En el momento de su contratación -el 2 de septiembre de 2013- Mr. Waste, Inc. enfrentaba el primero de cuatro pleitos judiciales, estos con el municipio Naguabo. Esa demanda (HSCI201300926) se presentó el 28 de agosto de 2013 por acción civil.
A esa demanda se suman otros pleitos judiciales:
•PR Telephone Co Inc. (#H1CI201200530) presentado el 16 de agosto de 2012 por daños y perjuicios (resuelto el 12 de diciembre de 2013).
•Landfill Technologies of Fajardo (#E AC2013-0168 presentado 28 de mayo de 2013 por incumplimiento de contrato (resuelto el 30 de agosto de 2013).
Mientras estas demandas se dilucidaban en los tribunales, la compañía mantenía su contrato para el servicio en Guayama.
Una fuente de Es Noticia adujo que el Alcalde se enteró de estas demandas y buscó desligarse de la empresa. Para eso, presuntamente le solicitó a Roque Marcano que se le cambiara el nombre de Mr. Waste, Inc. El contratista acudió al Departamento de Estado en marzo de ese año e incorporó Clean & Waste Services, Corp.
La información trascendió en una deposición de Roque Marcano, copia de la cual obtuvo Es Noticia.
Enmiendan contrato
El 1 de marzo de 2017 Roque Marcano y el Alcalde firmaron una enmienda para sustituir el nombre de Mr. Waste, Inc. por los de Clean & Waste Services, Corp.
Tres meses después de que se sustituyeran esos servicios, Roque Marcano renunció a la presidencia de Clean & Waste Services, Corp. y se la traspasó a su hijo, Raniel Roque Hernández, según documentos del Departamento de Estado.
Luego, siete días previo a que caducara el acuerdo enmendado, Guayama firmó un contrato nuevo con Clean & Waste Services, Corp por la cantidad de $7,344,000. Este contrato, según la Oficina de la Contralora, tiene vigencia del 2018 hasta el 2023.
¿Alcalde solicitó cambio?
Roque Marcano confesó en la deposición que fue el Alcalde quien le solicitó que cambiara el nombre de la compañía de Mr. Waste, Inc. a Clean & Waste Services, Corp.
Además, reveló que la compañía nunca tuvo el personal suficiente para prestar los servicios solicitados en el contrato de Guayama.
La confesión se emitió en el 2018 durante la deposición de Roque Marcano hizo luego que Mr. Waste, Inc. fuera demandado por cobro de dinero por parte de una empresa de desarrollo de solares y proyectos de construcción VL Multy Services, Inc. (caso NSCI201600496).
“Esto (el cambio de nombre) lo peticionó el honorable alcalde Eduardo ‘E’ Cintrón Suárez, porque desde su origen, este contrato de Mr. Waste, quien prestaba los servicios administrativos, era todo el personal de Clean and Transport desde su origen. Nunca tuvo Mr. Waste personal para brindar los servicios de ese contrato, y contrató a Clean and Transport”, reza la deposición.
Beneficiaba al contratista
La resolución del Panel del FEI, quien también investigan a la directora de finanzas del municipio de Guayama, Lilliam D. Rodríguez López, basa su investigación en que- además del desembolso ilícito de fondos públicos- el alcalde aparentemente mantuvo la contratación con el propósito de beneficiar a Roque Marcano.
“Añade Ia querella que el contrato de referencia fue otorgado sin ser sometido a Ia consideración de la Legislatura Municipal de Guayama para su aprobación y que tampoco se celebró una subasta. Además, se alega que fue autorizada una sustitución del proveedor de los servicios contratados, delegándolos en Ia compañía Clean and Transport Services Corp. -compañía incorporada por Roque Marcano”, lee la resolución.
“Conducta intachable”
Cintrón Suárez, militante en el Partido Popular Democrático (PPD) no respondió a la petición de entrevista de este medio. Por lo contrario, se limitó a volver a emitir un comunicado de prensa que envió cuando se anunció la investigación en su contra donde aseguró que “no ha incurrido en ninguna conducta incorrecta, ni de naturaleza criminal”.
“Estoy sumamente tranquilo y confiado que una vez se entre en los detalles que rodean esta investigación, todo será aclarado. Nuestra conducta moral y legal es intachable, siendo un servidor público de muchos años de servicio y siempre respetuoso de los procesos administrativos y las leyes que rigen al pueblo puertorriqueño”, comentó antes de indicar que no hará más expresiones públicas.
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