Por Redacción Es Noticia
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La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó que no tiene evidencia para concluir que hubo violaciones en los alegados servicios de escoltas que recibió Elías Sánchez Sifonte.
«Nos vemos forzados a concluir que la evidencia compilada y producida por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, no fue suficiente para sostener potenciales violaciones a la LOOEG por parte de los agentes investigados. De surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación”, informó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Varga.
Las imputaciones eran dirigidas a que Sánchez Sifonte como coordinador de la campaña a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares en el 2016. Se le imputó utilizar miembros de la Policía estatal para que lo escoltaran. Los servicios eran a cambio de que Sánchez Sifonte, presuntamente, usara sus influencias, para lograr ascensos y beneficios para los agentes, esto de ganar las elecciones Rosselló Nevares.
En un comunicado de prensa, el director de la OEG explicó que los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA), evaluaron un planteamiento anónimo. En esa evaluación, identificaron los servidores públicos de la Rama Ejecutiva sobre quienes tiene jurisdicción la OEG, pero que Sánchez Sifonte no era un servidor público, al momento de los alegados hechos, por lo que estaba fuera de la jurisdicción de la OEG.
En esa situación, los abogados de Ética dirigieron el proceso de investigación a evaluar posibles violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG), de los agentes Abner Rivera Ríos y Noel Santiago Feliciano, ambos adscritos al cuartel de la Policía del Aeropuerto.
Empero, para imputar las potenciales violaciones era necesario identificar si se utilizó el personal o la propiedad pública de la Policía para proveer un beneficio a una persona privada, una prohibición establecida en la Ley, explicó Pérez Vargas.
Como parte del proceso de investigación, los abogados de la OEG revisaron el libro de entrada y salida de los agentes investigados en el cuartel de Aeropuerto. La evidencia encontrada fue que los agentes registraban la entrada y salida de sus funciones por teléfono y no se presentaban a trabajar al cuartel.
Alegaban que estaban prestando servicios en un plan especial de la Policía llamado el “Plan Carreteras”. Este Plan fue certificado por la Policía como el Plan de Trabajo de Acción, Intervención y Control de las Carreteras y Avenidas en el Área de Carolina.
Aunque la Policía no suele utilizar personal asignado al aeropuerto para que presente servicios en “planes especiales”, esto por acuerdo con la compañía Aerostar, quienes dirigen el aeropuerto, «en este caso se desprende del Plan que, si utilizaron a estos dos agentes», destacó el Director Ejecutivo de la OEG.
«El Negociado de la Policía no tiene una prohibición para que los policías sirvan de escoltas de políticos en su tiempo libre. Los abogados de la OEG entrevistaron 25 policías de diversas posiciones en el cuartel de aeropuerto, ni un solo agente aporto prueba referente de que los investigados daban escolta. No hay testigos que ubiquen a los agentes investigados en compañía de Sánchez Sifonte. Tampoco prueba física o documental que establezca que acompañaban a Sánchez Sifonte en horario laboral, señaló Pérez Vargas.
Mientras, la Policía informó a la OEG que lleva a cabo un proceso disciplinario contra la teniente Enid Patiño, directora del Cuartel del Aeropuerto, por haber firmado las asistencias de los agentes sin conocer ni constatar si en efecto habían prestado los servicios. Tales medidas disciplinarias, contra Patiño, no se traducen en violaciones a la LOOEG.
Pérez Vargas indicó que, como parte de la investigación, salió a relucir que la Policía dio total credibilidad y exoneró de cualquier medida disciplinaria al teniente coronel Israel Vázquez y a Mario Rivera, comandante del Área de Carolina.
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