Por CyberNews
La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos aprobó el martes, en una vista de consideración final el informe del Proyecto del Senado 190 con el propósito de crear la “Ley de Justicia para Familias e Individuos del Programa de Comunidades Especiales”, a fin de fortalecer el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.
“Como es de conocimiento público, mediante la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico” declaró identificar comunidades que, debido a sus niveles de pobreza, condiciones ambientales inaceptables y otros males sociales requieren tratamiento especial, de modo que pueda gestionarse su desarrollo. Esta Ley dio paso a la creación de la entonces Oficina para el Financiamiento Socioeconómico de Puerto Rico (“OFSA”), como mecanismo para adelantar los postulados establecidos en la política pública”, sostuvo la presidenta de la Comisión en comunicación escrita.
Según expone la medida, “el gobierno transfirió al Fideicomiso mil millones de dólares para impactar sobre 200 Comunidades Especiales en obras y proyectos para su desarrollo. Fue así como, por primera vez, la lucha contra la pobreza ocupó un lugar significativamente preferencial en la asignación de fondos públicos, y, por ende, en el presupuesto”.
Los fondos fueron depositados en el Fideicomiso, cuyo fiduciario, hasta hace poco, fue el extinto Banco Gubernamental de Fomento (“BGF”). Para la ejecución de obras y proyectos, bajo este Fideicomiso se firmaron convenios con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) y decenas de municipios. Desafortunadamente, la gerencia de proyectos resultó inadecuada, ocasionando que muchas obras quedaran inconclusas.
Amparados en esta política pública, se identificó en todo Puerto Rico un total de 686 comunidades especiales. Posteriormente, distintas administraciones fueron añadiendo otras comunidades, elevando así la cantidad. Para cada Comunidad Especial se levantó un perfil socioeconómico, y basado en el modelo participativo y de autogestión, las comunidades identificaron sus principales problemas, así como sus posibles soluciones.
En este sentido, una de las enmiendas añadidas en el borrador del proyecto de ley es en el Artículo 8, con el propósito de “fortalecer el Fideicomiso, así como uniformar registralmente los activos adquiridos con fondos del programa de Comunidades Especiales y del Fideicomiso, a partir de la aprobación de esta Ley todas las entidades, departamentos, instrumentalidades y corporaciones del Estado Libre Asociado vendrán obligados a presentar un listado de todas las propiedades inmuebles que fueron adquiridos por ellos con fondos del Fideicomiso y a realizar todo aquel trámite legal necesario para transferir y ceder, mediante escritura pública al efecto, cualquier dominio, o titularidad que ostenten sobre bienes inmuebles, de manera tal que estos puedan quedar inscritos en el Registro de la Propiedad a favor del Fideicomiso”.
El Proyecto del Senado 190 fue aprobado con 8 votos a favor.
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