El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico denegó una solicitud presentada por LUMA Energy para paralizar los procedimientos judiciales relacionados con la denominada Carta Extensión y otras controversias vinculadas al contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica, reafirmando que estos casos deben ser atendidos por los tribunales de Puerto Rico.
El anuncio fue realizado por el Zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué A. Colón Ortiz, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón.
La decisión fue emitida por la jueza federal Laura Taylor Swain mediante una Orden y Memorando en la que rechazó la petición de LUMA para suspender la ejecución de la orden emitida el pasado 8 de mayo, la cual había devuelto a los tribunales puertorriqueños las demandas relacionadas con la llamada Carta Extensión.
Según la determinación judicial, LUMA no logró demostrar una probabilidad significativa de prevalecer en la apelación, requisito esencial para obtener una paralización de los procedimientos. Además, la jueza concluyó que la empresa tampoco evidenció que sufriría un daño irreparable si los casos continúan su curso en los tribunales estatales.
En cuanto a la demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico, el tribunal sostuvo que la controversia está relacionada con el ejercicio de poderes regulatorios y de política pública del Estado, por lo que fue trasladada de manera improcedente al foro federal y debe ser atendida en Puerto Rico.
La jueza también determinó que la decisión de devolver esa demanda a los tribunales puertorriqueños no está sujeta a revisión apelativa. Asimismo, reafirmó que la demanda presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la AAPP debe permanecer en Puerto Rico debido a una cláusula contractual dentro del acuerdo suscrito con LUMA que establece expresamente ese foro para resolver disputas relacionadas con el contrato.
La resolución reconoce además la capacidad de los tribunales de Puerto Rico para adjudicar controversias relacionadas con la legislación local, los contratos del sistema eléctrico y la política pública energética del gobierno. De igual forma, rechazó el argumento de que el interés público favorece la permanencia de estos casos en el foro federal.
Colón Ortiz destacó que esta representa la cuarta ocasión en que la jueza Swain falla a favor de los planteamientos promovidos por el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la AEE y la AAPP en controversias relacionadas con LUMA.
Entre las determinaciones favorables mencionó la devolución al foro estatal de procedimientos relacionados con el mecanismo contractual de resolución de disputas, el retorno a los tribunales de Puerto Rico de las demandas sobre la nulidad de la Carta Extensión y ahora la negativa a paralizar esos procesos mientras continúan los recursos apelativos.
El funcionario también señaló que en cada una de estas controversias la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico compareció ante el Tribunal Federal respaldando los argumentos de LUMA Energy.
“Esta no es solamente la cuarta ocasión en que la Honorable Jueza Laura Taylor Swain resuelve a favor de los planteamientos promovidos por el Gobierno de Puerto Rico, la AAFAF, la AEE y la AAPP. También es la cuarta ocasión en que el Tribunal rechaza planteamientos que fueron respaldados conjuntamente por LUMA y por la propia Junta de Supervisión Fiscal”, expresó Colón Ortiz.
La jueza concedió a LUMA una extensión limitada de 21 días para solicitar un remedio similar ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito. De no obtener una determinación favorable, los casos serán remitidos formalmente a los tribunales de Puerto Rico para continuar con los procedimientos judiciales.
Colón Ortiz aseguró que el gobierno continuará defendiendo su postura de que las controversias relacionadas con el contrato de LUMA deben resolverse bajo las leyes de Puerto Rico y ante los tribunales puertorriqueños, utilizando todas las herramientas legales y contractuales disponibles para proteger el interés público.
