Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico celebró la decisión emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que rechazó una moción presentada por ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de su deuda bajo el Título III de PROMESA.
La moción buscaba otorgar prioridad en el cobro de gastos administrativos por al menos 3,700 millones de dólares. Sin embargo, la jueza Laura Taylor Swain determinó que la reclamación no procede legalmente, al concluir que ni los hechos ni las teorías jurídicas presentadas por los bonistas sustentan dicho reclamo.
Según la Junta de Supervisión, la determinación judicial valida su postura y reafirma que la prioridad en el cobro de gastos administrativos está sujeta a criterios estrictos dentro del marco legal que rige los casos bajo PROMESA.
El fallo representa un avance significativo en el proceso de reestructuración de la deuda de PREPA, al eliminar uno de los principales obstáculos para la confirmación del Plan de Ajuste propuesto. Este plan busca reducir la deuda de la corporación pública y encaminar la salida del proceso de quiebra bajo el Título III.
De acuerdo con los bonistas, la deuda total de PREPA supera los 11 mil millones de dólares, incluyendo cerca de 8.5 mil millones en capital e intereses acumulados antes del inicio del proceso bajo PROMESA. No obstante, decisiones previas del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en 2024 establecieron que la única garantía para los acreedores son los ingresos netos de PREPA.
La Junta sostiene que la deteriorada infraestructura del sistema eléctrico limita significativamente la generación de ingresos netos, debido a los altos costos operacionales y de mantenimiento. En ese contexto, el Plan de Ajuste vigente contempla el pago de hasta 2,600 millones de dólares para saldar las reclamaciones de todos los acreedores, incluidos los bonistas.
La Junta de Supervisión expresó su expectativa de que, tras esta decisión judicial, el proceso de reestructuración avance con mayor rapidez y redunde en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
