Por Redacción Es Noticia
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La propuesta incluida en la Reforma Contributiva para eliminar la exención al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los sistemas solares y de baterías tendría consecuencias “severas” para miles de familias y desaceleraría significativamente el desarrollo energético del país.
Así lo consideró la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) durante una vista pública celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, SESA explicó que el Artículo 12 del proyecto propone derogar la Sección 4030.17 del Código de Rentas Internas, lo que impondría por primera vez un IVU de 11.5% a la venta y arrendamiento de sistemas solares a partir del 1 de julio de 2026.
De acuerdo con la entidad, esta medida provocaría un aumento inmediato en el costo de los equipos y en los pagos mensuales de miles de hogares que dependen de la energía solar para garantizar estabilidad energética ante los constantes apagones y el alto costo de la electricidad.
El director de política pública de SESA, Javier Rúa Jovet, indicó que cerca de 200,000 hogares en Puerto Rico ya cuentan con sistemas solares con baterías, y que la gran mayoría pertenece a familias de ingresos bajos, moderados y medios, según clasificaciones del Departamento de Vivienda federal (HUD).
“Para estas familias, la energía solar no es un lujo, sino una vía esencial para asegurar su estabilidad energética frente a una red eléctrica inestable y facturas elevadas”, expresó Rúa Jovet.
El portavoz del sector sostuvo que, aunque existe consenso en la necesidad de una reforma contributiva más justa y progresiva, imponer un IVU a los sistemas solares tendría el efecto contrario al alivio que se persigue.
“Añadirle más de $3,000 al costo de un sistema solar promedio que adquiere la clase media y sectores menos pudientes, o aumentar el pago mensual de arrendamientos solares, neutraliza cualquier alivio contributivo. Es imponer una carga directa a las familias que buscan sobrevivir a una red eléctrica cara e inestable”, añadió.
Según datos presentados por SESA, un sistema promedio de placas solares con batería podría aumentar de aproximadamente $30,000 a más de $33,400, lo que eliminaría gran parte del beneficio económico de la reforma. En el caso de los arrendamientos solares, utilizados por más de 140,000 familias, un pago típico de $200 mensuales aumentaría cerca de $23 al mes, lo que representa $276 anuales y más de $5,000 durante un contrato de 20 años.
SESA también alertó que la medida tendría un impacto directo sobre la actividad económica del país. Actualmente, las instalaciones solares residenciales han generado más de $6,000 millones en inversión privada, sostienen al menos 10,000 empleos directos y aportan cerca de 1,400 megavatios de capacidad instalada, ayudando a mitigar apagones tanto diurnos como nocturnos.
Rúa Jovet enfatizó que gravar los sistemas solares no solo encarece el acceso para las familias, sino que también erosiona la base contributiva que el Estado busca ampliar.
“Cuando los números dejan de cuadrar para el consumidor, no hay instalaciones nuevas, no hay recaudos adicionales y lo que ocurre es una contracción económica”, sostuvo.
El portavoz recordó además que el sector ya enfrenta presiones adicionales, como la eliminación del crédito contributivo federal (ITC) para arrendamientos solares a partir de 2027, lo que aumentará significativamente los pagos mensuales futuros. Añadir un IVU local en ese contexto, dijo, agravaría aún más la crisis de asequibilidad.
SESA reiteró su respaldo al objetivo de una reforma contributiva más equitativa, pero insistió en que no debe financiarse a costa de penalizar a las familias que han invertido en energía limpia para proteger sus hogares y su seguridad energética.
“Esta Legislatura protegió la medición neta, eliminó el cargo solar injusto y eximió a los sistemas solares del IVU porque reconoció que se trata de un servicio esencial. Confiamos en el proceso democrático y agradecemos las expresiones de líderes de mayoría y minoría que han rechazado imponer impuestos a tecnologías solares que hoy son de primera necesidad”, concluyó Rúa Jovet.
La organización hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a mantener intacta la exención vigente al IVU solar y a trabajar de manera colaborativa para lograr una reforma contributiva coherente con la política energética del país y el bienestar de la clase trabajadora.
