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Agoniza la agricultura

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Por Miguel Díaz Román

redaccion@esnoticiapr.com

 

A pesar de que en los pasados 80 años el desarrollo agrícola figura como una prioridad en los planes de gobierno de todos los partidos políticos cuatrienio tras cuatrienio, el estado actual de la agricultura como sector económico se encuentra en su peor momento en la historia reciente del país con reducciones extraordinarias en el monto de tierras dedicadas al cultivo, en el número de agricultores activos y en la capacidad de producción de la agricultura como sector económico, según surge de Censo Agrícola federal del 2018.

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Aunque el efecto devastador del huracán María se refleja nítidamente en los resultados del censo, no es menos cierto que la reducción de agricultores dueños de fincas agrícolas, que ha dejado de producir en sus terrenos ya se venía registrando en el país de manera paulatina. Para el 2018 el número de agricultores dueños de fincas agrícolas que permanecen activos ascienden a 8,230, lo que representa una merma del 41.25 % en relación con los 19,951 que existían en el 1998.

A su vez, esa reducción también se ha reflejado en el número de cuerdas de terreno dedicadas a la agricultura. Para el 2018 el número de cuerdas totalizan 487,775, lo que implica una merma de 56.35 %, en relación con las 865,478 cuerdas que existían en el 1998.

Pero quizás lo más inquietante es que de los 8,230 agricultores activos en el 2018, el 68.26 %, unos 5,618, son personas de más de 55 años.

De hecho, el censo concluye que la edad del agricultor promedio en Puerto Rico es 60 años, una edad en la que comenzamos a sentir los estragos del deterioro físico que trae consigo el inevitable envejecimiento. Otro hallazgo preocupante del censo es la mínima existencia de jóvenes agricultores que propicien el relevo generacional y que tomen las riendas del sector agrícola por los próximos 30 años.

Según el censo, del total de agricultores activos solo 32 tienen menos de 25 años. Entre las edades de 25 a 34 años, el censo solo registra 294 agricultores, lo que constituyen el 3.5 % de los 8,230 agricultores activos, un porcentaje perturbador si consideramos ese grupo tendrá la responsabilidad de encaminar el sector agrícola en lo que resta del presente siglo.

Como si todo lo anterior no fuera poco, el censo también demuestra un dramático cambio en la producción de los sectores económicos. El total de producción para el 2018 de los principales productos agrícolas ascendió a $433.7 millones. Pero los sectores del café y de producción avícola, que tradicionalmente han ocupado los primeros lugares junto el sector lechero, que es la principal industria agrícola del país, son casi inexistentes.

De hecho, el café no registra producción alguna en el 2018, lo cual responde a la devastación causada por el huracán María, y la producción avícola solo alcanza $20.1 millones, lo que revela la fuerte contracción que ha sufrido este sector, que en el pasado pudo satisfacer más del 50 % del consumo de pollo del país.

A pesar de que la leche fresca experimenta una preocupante reducción en ventas, el sector lechero es responsable de $172.2 millones, lo que representa el 39.7 % del total de la producción. Además, los granos con $74.4 millones, los plátanos, con $42.3 millones, y el ganado vacuno, con $37.7 millones, son los tres sectores agrícolas que le siguen en importancia al sector lechero.

El presidente y el expresidente de la Asociación de Agricultores (AA), Héctor Cordero y Ramón González, respectivamente, sostienen que los resultados del censo demuestran que la agricultura ha colapsado y su permanencia como sector económico en la economía local está en franco peligro.

“Estas cifras demuestran que la agricultura ha desaparecido como sector económico porque su aportación al producto bruto interno es de 1 % y en gran medida el Departamento de Agricultura es responsable de este desastre… Además, estas cifras demuestran que para el gobierno la agricultura no es una prioridad”, dijo Cordero.

Por su parte González indicó que el censo demuestra que la agricultura es un sector económico en peligro real de desaparecer y responsabilizó de las desalentadoras cifras a la intervención de la política partidista en las decisiones de la agencia para la concesión de subsidios y de ayudas directas al agricultor y sus fincas. “La politiquería y la manera como otorgan los incentivos han causado este desastre. Aquí hay que reformar la manera en que se otorgan los incentivos y se tiene que reformar todo, todo y todo!”, sostuvo González.

Tanto Cordero como González reconocieron que el Departamento de Agricultura (DA) tienen una gran responsabilidad en la actividad agrícola porque opera como una agencia guía que marca el norte que deben seguir los sectores agrícolas por medio de las leyes y reglamentos que administra y a través de los incentivos, subsidios y otras ayudas que le provee a los agricultores.

“Los incentivos y los subsidios se han ido reduciendo en los pasados veinte años. Pero este año le han dado la estocada final”, sostuvo González en referencia a que la administración del exgobernador, Ricardo Rosselló, trasladó los incentivos agrícolas del DA al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como parte de la puesta en vigor del nuevo Código de Incentivos.

“Ahora pretenden medir la eficiencia agrícola y el retorno de inversión como si se tratara de una fábrica en la que se invierte tanto dinero en una materia prima y produce un determinado producto. La agricultura es un sector especial. Mira lo que pasó con la tormenta Isaías, yo me cansé de meterle chavos a las fincas de plátanos durante un año y vino la tormenta y los tumbó en 30 minutos. Hubo inversión, pero no retorno…es decir pérdidas. Y nadie, ningún seguro, me va a pagar porque Isaías no fue un huracán”, dijo González, quien es uno de los principales de agricultores de la zona sur, una región de mucha actividad agrícola y que resultó fuertemente golpeada por el huracán María en el 2017 y por la reciente tormenta Isaías.
Cordero sostuvo que en gran medida los gobernadores y los secretarios de agricultura del gobierno local no han visto a la agricultura como el sector económico que debe existir para proveer alimentos al país y garantizar la subsistencia alimentaria de las presentas y futuras generaciones, que es la noción que se tiene en Estados Unidos y en otras naciones.

“Esa conciencia no se tiene en Puerto Rico. En Estados Unidos existe esa conciencia y el orgullo de que lo que comen se produce allí y no dependen de nadie para comer. Y el gobierno reconoce que debe ofrecer subsidios a la agricultura por la importancia que tiene para el país. Allá se ofrecen subsidios para hacer más eficientes las operaciones agrícolas y mejorar la producción y la calidad de los productos. Aquí los subsidios se han usado para politiquear”, dijo Cordero, quien es uno de los principales ganaderos de la zona norte de la isla.

El presidente de la AA reconoció que en gran medida los críticos de los subsidios tienen razón cuando sostienen que los subsidios concedidos por el gobierno local a la agricultura no han logrado los resultados deseados. Pero aclaró la culpa de tales resultados es la intromisión de los criterios políticos para concederlos, la ausencia de rigurosidad en evaluar las operaciones receptoras y la falta de una fiscalización efectiva continuamente.

“Tienes dos proyectos que fueron un fracaso y que costaron millones de dólares. El proyecto del arroz y de la caña que estableció la exsecretaria Myrna Comas, una académica y economista, que insistió en invertir fondos públicos en dos proyectos que iban a fracasar y que se le dijo que no invirtieran fondos en eso. Y es que el Departamento de Agricultura es una guarida de políticos fracasados que nunca han administrado ni un carrito de hot dogs”, dijo Cordero.

Por su parte, González llamó la atención sobre la decadencia del sector cafetalero, que es uno de los sectores más afectados por el cierre de más de 6,018 fincas menores de 50 cuerdas entre el 2012 y el 2018, según informó el censo federal. También destacó que es necesario atender el problema del relevo generacional por medio de estimular el interés de los estudiantes en la agricultura desde grados primarios.

“Los agricultores que ahora tienen 65 y 70 años estudiaron agricultura en las escuelas públicas y eso ahora no ocurre. El DA tienen que reformarse para que tenga una mentalidad empresarial y lograr la rentabilidad de los sectores agrícolas. Esa la única manera que hará que los jóvenes se interesen en la agricultura”, dijo González, quien aseguró que sus dos hijos están participando activamente en la empresa familiar y tomarán las riendas del negocio en el futuro.

“Es un problema básicamente de rentabilidad, porque la agricultura es un negocio. Hay que ayudar económicamente a los jóvenes que quieren entrar en la agricultura y que desean traer nuevas ideas. El grupo más grande de agricultores debería ser el de las edades menores de 25 años y hasta 35 años, pero no es así. Eso me preocupa, porque no tenemos a la gente que se hará cargo de la agricultura por los próximos 30 años”, expresó González.

Sobre la falta de un relevo generacional Cordero indicó que la academia ha contribuido en desalentar que jóvenes recién graduados de ciencias agrícolas incursionen con éxito en la agricultura, debido a que “preparan científicos y no empresarios agrícolas”.

“El 99 % de los agricultores no son agrónomos y el 90 % de los agrónomos que se han metido en negocios agrícolas han fracasado. La academia ha fallado en graduar agrónomos y especialistas en la agricultura con destrezas empresariales, que le permitan incursionar en actividades agrícolas con éxito”, dijo Cordero.

Entre las medidas que Cordero y González recomendaron para lidiar con la crisis que enfrenta la agricultura figuran que el DA identifique y apoye a los agricultores con operaciones agrícolas exitosas; establecer un diálogo con los sectores de venta y distribución de alimentos para promover la venta de productos agrícolas locales; desarrollar destrezas empresariales y de administración en los agricultores es que enfatice en los procesos para elaborar y presentar el producto agrícola; desarrollar al máximo la elaboración de subproductos agrícolas, que también se conoce como valor añadido, para que utilicen buena parte de la producción agrícola; establecer una división en el DA especializada en conseguir fondos federales para las empresas agrícolas y desarrollar incentivos y subsidios efectivos que mejoren las operaciones agrícolas.