Por Redacción Es Noticia
Un hombre fue víctima de una agresión ayer- miércoles- en la urbanización El Torito en Cayey.
El querellante- quien no se identificó- relató a la Policía que, mientras manejaba su vehículo, alguien le lanzó una piedra. La piedra le lastimó el brazo, indicó.
Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama investigan el caso.
Por Redacción Es Noticia
Unas 13 muertes y 492 hospitalizaciones por COVID-19 se reportaron hoy- jueves- a las estadísticas del Departamento de Salud.
Los fallecimientos datan desde el 19 de marzo, 18 de julio y entre el 14 al 18 de agosto:
En cuanto a las hospitalizaciones, los 492 recluidos por el virus corresponden a 449 adultos y 43 menores.
Los 449 incluyen a 108 en unidades de cuidado intensivo y 82 conectados a un ventilador. Mientras, hay dos pacientes pediátricos en unidades de cuidado intensivo y uno respirando con un ventilador.
Por otro lado, los casos reportados suman a 595, número que incluye 331 casos confirmados y 264 probables.
A nivel Isla, 4,208,712 tienen con al menos una dosis de la inoculación contra el virus:
Por Sara R. Marrero Cabán
YAUCO – El gobernador Pedro Pierluisi descartó la propuesta para que todos los aeropuertos regionales pasen a manos de una sola alianza pública privada (APP).
Por lo contrario, avaló establecer un consorcio, propuesto por más de una docena de alcaldes, para encaminar el desarrollo del Aeropuerto Mercedita, en Ponce.
“La directriz mía es que no veo con buenos ojos un solo operador para todos los aeropuertos regionales”, puntualizó Pierluisi. “Desde que asumí la Gobernación dije que eso no va”, afirmó.
El consorcio unirá 14 municipios sureños: Ponce, Jayuya, Santa Isabel, Peñuelas, Juana Díaz, Guánica, Guayanilla, Salinas, Adjuntas, Sabana Grande, Villalba, Coamo, Yauco y Lajas. Además, se propone incluir universidades y organizaciones profesionales en el grupo.
Lee: Levantan voz en contra de la privatización del Aeropuerto Mercedita de Ponce
La oposición de que sea una sola APP también la rechazó la administración municipal de Ponce durante una deposición ante la Comisión de la Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes, quienes investigan los planes de la Autoridad de los Puertos para establecer una APP para administrar, operar y darle mantenimiento al Aeropuerto Mercedita.
“Desde el punto de vista de política pública lo veo bien. No tengo objeción alguna a que sea un consorcio en vez de una entidad privada llamada alianza público privada a cargo del aeropuerto. Lo que sí voy a estar velando es que la autoridad federal (Administración federal de Aviación) lo pueda aprobar porque a fin de cuentas eso es lo que quiere la gente de la región, que se desarrolle Mercedita”, comentó al indicar que ya tiene conversaciones con el secretario de Estado, Omar Marrero, para estos fines.
El Gobernador explicó que visualiza que sean dos entidades o APP para los aeropuertos regionales. Una de ellas utilizaría el aeropuerto de Ponce como el principal. Mientras, la segunda establecerá el de Aguadilla como ancla con otros aeropuertos regionales dentro de la misma operación.
“En cuanto a que sea un consorcio, en vez de una alianza público privada la que se ocupe de la operación de Mercedita, lo que se indicó en la reunión de hoy, creo que lo indicó el secretario de Estado, y lo validó la secretaria de Transportación, es que es importante que por lo menos subcontraten alguna entidad que tenga el peritaje en la operación de aeropuerto porque la Administración federal de Aviación lo tiene que validar”, detalló.
“La política pública mía es sacarle provecho a esos activos que tiene el Gobierno, que realmente no se han desarrollado como el pueblo espera”, agregó.
A pesar de estos planes para la administración del aeropuerto, el edificio y los predios ameritan reparaciones inmediatas.
El director de Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel Pizá Batiz, propuso- además- extender la pista y el terminal. Estas labores, sin embargo, aún no han comenzado.
Las expresiones del Gobernador surgieron ayer- miércoles- durante una vista que hizo al municipio de Yauco en la que inspeccionó proyecto y entregó incentivos a comercios afectados por la pandemia.
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Por Redacción Es Noticia
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La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, anunció que sometió la solicitud electrónica para peticionar los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA) que le permitirá emitir un pago a los empleados de esa corporación pública que trabajaron durante la pandemia.
Explicó que los fondos son para aquellos «empleados de la AAA que trabajaron presencialmente durante la pandemia y recomendó el pago a todo empleado que devengue un salario de $40,000 o menos y que haya trabajado un mínimo de horas presenciales”.
El pasado 9 de agosto la secretaria de la Gobernación emitió la Carta Circular Núm. OSG-2021-020 indicando nuevos lineamientos para el desembolso del incentivo a empleados públicos elegibles.
El beneficio sería a los empleados activos elegibles que devenguen un salario anual igual o menor de $40,000, excluyendo fuentes de pago adicionales como horas extras, diferenciales y bonificaciones y que hayan trabajado más de 500 horas de manera presencial desde el 1 de marzo de 2020, realizando funciones críticas en la continuidad de las operaciones de la agencia gubernamental.
El Anejo B de la Carta Circular también incluye como requisito estar vacunado o hacer constar mediante affidávit la razón para la no vacunación.
“Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, en la AAA siempre hemos reconocido a todos los empleados que han trabajado incansablemente, particularmente, durante el ‘lockdown’. Hemos hecho todas las diligencias a nuestro alcance para que estos empleados puedan ser reconocidos como primeros respondedores y disfruten de las distintas ayudas económicas”, indicó Pagán Crespo.
“La AAA se mantiene firme en la solicitud de fondos presentada para el beneficio de nuestros empleados elegibles y continuará sometiendo toda la documentación requerida con la diligencia que ha demostrado hasta el momento. En el día de hoy sometimos la solicitud debidamente cumplimentada, por lo que el proceso continúa su curso hasta que recibamos la determinación final, la cual confiamos sea favorable”, añadió la presidenta ejecutiva.
Por Redacción Es Noticia
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El Departamento de Educación recomendó enmendar varias leyes de índole fiscal para poder cumplir con el pago de $4 millones adeudados a los maestros y asiganar un fondo recurrente de $8 millones para que puedan cumplir con el pago de la Ley de Carrera Magisterial.
Jimmy Cabán, ayudante especial del Secretario de Educación, explicó que el programa de Carrera Magisterial no ha podido continuar debido a la aprobación de la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, ‘Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.
“La Ley núm. 2014-66 declara un estado de emergencia fiscal y prohíbe los aumentos en beneficios económicos y compensaciones monetarias extraordinarias a los empleados de las agencias de la Rama Ejecutiva, por lo que el Programa de Carrera Magisterial quedó suspendido”, señaló Cabán.
Las expresiones fueron durante una vista pública para discutir la Resolución del Senado 166 que investiga el cumplimiento del Departamento de Educación (DE) con la “Ley de Carrera Magisterial”, en términos de la clasificación y aumentos salariales correspondientes a los maestros del sistema público de enseñanza.
Cabán hizo la salvedad de que la Ley núm. 26-2017, mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” prohíbe el pago de bonificaciones, a excepción del Bono de Navidad.
Asimismo, Cabán detalló que los empleados que sometieron revisión de salario en el año fiscal 2014 ascendían a 3,855 maestros y en el año fiscal 2015 la cantidad de maestros ascendía a 3,800 maestros.
En términos de fondos, el funcionario expuso que el DE necesitaría aproximadamente $8 millones anuales de manera recurrente para reactivar el programa. Por otro lado, la cantidad de la deuda correspondiente de los años que preceden a la paralización ronda los $4 millones.
Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, sostuvo que “lo que se les debe a los maestros de la Carrera Magisterial sería $4 millones para cubrir la deuda y $8 millones anuales para mantenerlo funcionando. Es una cantidad baja para lo que es el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Es realmente indignante que siendo una cantidad así, no se pueda encontrar en otros lugares y que no se haya honrado”.
Por su parte, Jean Peña, de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal (AAFAF), explicó que lo existente al momento es un impedimento legislativo. Indicó que de enmendarse la Ley 66 para saldar la deuda que ronda los $4 millones, el DE tiene que hacer la petición de fondos para hacer la evaluación correspondiente sobre el impacto fiscal.
“Hay partes de la Ley 66 que se mantienen vivas que impiden continuar la Ley de Carrera Magisterial. Nuestra evaluación, dependiendo de cómo quede el lenguaje, con las enmiendas aprobadas, hay que hacer la evaluación de impacto fiscal”, dijo.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico favoreció que «se les haga justicia salarial» a los maestros del DE. “La AMPR y su Local Sindical sostienen que la investigación aquí́ peticionada es de suma importancia. La misma no solo debe recopile datos, sino que debe fomentar y provocar una actualización de la referida legislación y sobre todo el cumplimiento, por parte de la Agencia, de los términos y el pago de los aumentos de forma retroactiva y prospectiva” afirmó.
Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
PONCE – La Policía logró arrestar a un hombre en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, porque supuestamente amenazó de muerte a su compañera consensual, una mujer de 26 años.
El individuo, identificado por la Policía como Eduardo González Soto, de 41 años y residente en los Estados Unidos, fue llevado ante la jueza Mari Nilda Aparicio Laspina, quien le impuso una fianza de $20,000, cifra que el imputado pagó por lo que quedó en libertad.
La cronología de incidentes entre la pareja comenzó hace dos semanas cuando el hombre viajó a Puerto Rico y se valió de un cuchillo para amenazar de muerte a la fémina, en un incidente que ocurrió en el barrio Jagua, de Guayanilla.
La mujer no lo denunció hasta el pasado domingo cuando el hombre la llamó desde los Estados Unidos y supuestamente volvió a amenazarla de muerte.
El hombre regresó del estado de la Florida, donde reside, la noche del lunes. Los policías esperaron que bajara del avión y lo arrestaron.
La fiscal Patricia Lugo instruyó radicarle cargos por portación y uso de arma blanca; dos cargos por maltrato y un cargo por maltrato mediante amenaza.
La jueza Aparicio Laspina encontró causa para arresto por dichos cargos y emitió una Orden de Protección con vigencia hasta el próximo 8 septiembre.
El arresto lo realizaron agentes de la División de Arrestos Especiales de Ponce y Carolina.
Por CyberNews
La subdirectora de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, la fiscal Roxanne Rivera Carrión, informó hoy -miércoles- que el Ministerio Público logró mediante un acuerdo, que Luis Rivera Santana se declarara culpable.
El exdirector de Operaciones y Compras del Hospital Doctor’s Center en San Juan, fue hallado culpable de 114 cargos de lavado de dinero, un cargo por fraude, dos cargos por apropiación ilegal agravada y dos cargos por presentar planillas a Hacienda con información falsa; todos en modalidad de tentativa.
Además, y como parte del acuerdo, el convicto restituyó al hospital Doctor’s Center la cantidad de $225,000.
“Es lamentable e indignante que una persona se aproveche de la autoridad y acceso que le confiere su cargo para lucrarse de una institución que ofrece servicios de salud a nuestros ciudadanos, sobre todo en este momento histórico que atravesamos por la Pandemia del COVID-19. Felicito a los fiscales de la División de Delitos Económicos por su labor para alcanzar la convicción y restitución de fondos en este caso”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en comunicación escrita.
La fiscal Rivera Carrión representó al Ministerio Público junto al fiscal Obdulio Meléndez Torra ante la juez Gisela Alfonso del Tribunal de San Juan.
Según la investigación, Rivera Santana, utilizando su posición, creó una red de suplidores ficticios para apropiarse ilegalmente de $1.2 millones, propiedad del hospital, durante los años 2015 y 2016. Estos suplidores consistían en tres compañías fantasmas, las cuales vendían suplidos para la sala de operaciones.
Rivera Santana preparaba las órdenes de compras falsas dirigidas a las compañías y procedía a solicitar el pago al hospital. Una vez remitidos los cheques a nombre de las compañías, Rivera Santana acudía a una sucursal y sustituía el cheque del hospital por uno de gerente con el propósito de ocultar el origen ilícito del mismo.
Posteriormente, depositaba los cheques de gerente en las cuentas de cada compañía, las cuales estaban a su nombre.
La lectura de sentencia quedó señalada para el 2 de noviembre de 2021.
Rivera Santana se expone a una pena de cuatro años de cárcel.
La agente Kariana Lasalde de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico colaboró con la investigación junto a los fiscales.
Por CyberNews
La Contraloría de Puerto Rico emitió hoy -miércoles- un Informe Especial sobre el cumplimiento de la Ley 96 del 26 de junio de 1964, Pérdida de Propiedad y de Fondos Públicos, según enmendada, por parte de 311 entidades de las tres ramas del Gobierno al 6 de febrero de 2020.
Para efectos de aplicar la ley, la Oficina del Contralor emitió el Reglamento 41, Notificación de Perdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Bienes Públicos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico el 20 de junio de 2008, que dispone entre otras, certificar su cumplimiento, anualmente al 31 de agosto.
El Informe Especial revela que 170 entidades gubernamentales no remitieron la Certificación Anual en una o más ocasiones del 2014 al 2019. Además, 156 entidades remitieron la Certificación Anual, hasta 2 años posteriores a la fecha reglamentaria.
La Contraloría verificó también, que ocho entidades remitieron la Certificación Anual por un método incorrecto en uno o más años fiscales, y cuatro entidades remitieron dicha certificación utilizando un formulario incorrecto.
Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente, no permiten que la Oficina del Contralor tenga a tiempo las certificaciones para los propósitos establecidos por ley.
El Informe determina que los funcionarios principales y los oficiales de enlace de las entidades, se apartaron de las disposiciones de ley y reglamentación, y los funcionarios principales no ejercieron una supervisión efectiva.
Por CyberNews
La epidemióloga Fabiola Cruz insistió esta tarde en la necesidad de aumentar las restricciones, para así controlar las aglomeraciones y evitar contagios por el COVID-19.
Cruz detalló que la variante delta representa el 90% de los casos por coronavirus reportados en el mes de julio.
«Es claro que el efecto que estamos sintiendo en Puerto Rico es (por la variante) Delta. Yo creo que todos los científicos apuntamos a las aglomeraciones, mantener el distanciamiento, reforzar bastante el uso de la mascarilla en eventos multitudiniarios y fiscalizarlo mientras se está llevando a cabo la actividad», dijo Cruz.
Sobre los espacios cerrados, sostuvo que «si se va a ingerir comida dentro del lugar, pues hay que reducir el aforo».
El gobernador, Pedro R. Pierluisi, anunció el pasado miércoles -11 de agosto- que los empleados de restaurantes y otros establecimientos cerrados que sirven alimentos o bebidas tendrán que estar vacunados contra el COVID-19, y que los clientes deberán mostrar carné de vacunación o una prueba diagnóstica negativa.
Cruz mencionó, además, que hay que aumentar la cantidad de pruebas que se hacen contra el COVID-19.
Actualmente, se realizan 9,000 pruebas diarias. En junio, se hacian solamente 2,000 pruebas diarias.
La salubrista expresó que no es necesario que el Gobierno mediante una Orden Ejecutiva tome las decisiones que le corresponden a cada ciudadano.
“No necesariamente tenemos que tener una Orden Ejecutiva para nosotros poder ejecutar como ciudadanos de forma responsable. Mi llamado es a todas estas instituciones que tengan eventos (multitudinarios) empresas privadas que se muevan para que promuevan la vacunación y la realización de pruebas si los empleados tienen síntomas, que se practique el aislamiento, incluso en vacunados en este momento de alta transmisión”, expresó.
Sobre el aforo, recomendó que mas allá de la cantidad de personas en un lugar, procuren que haya distanciamiento físico.
En cuanto a las escuelas, recomendó que si se mantiene la distancia entre pupitres de tres pies, que los estudiantes tengan puesta la mascarilla. Y a la hora de comer, exista la distancia de los 6 pies.
Por Redacción Es Noticia
Los pacientes inmunocomprometidos mayores de 12 años en la Isla ya podrán comenzar a acudir a sus centros de vacunación para obtener la tercera dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
Así lo dio a conocer la Principal Oficial Médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, tras reunirse con los proveedores de vacunación y establecer las indicaciones de los Centros para la Prevención de Enfermedades.
Entre estás se incluyen aquellas personas receptoras de trasplantes de órganos o células madres, que se encuentren recibiendo tratamiento contra el cáncer o tumor, bajo tratamiento de esteroides de alta concentración y personas con un diagnóstico de VIH avanzado o sin tratar.
“Ante el aumento de contagios y las variantes que han surgido del COVID-19, estudios han indicado que una tercera dosis de protección podría ayudar a reducir riesgos de enfermedad severa o la muerte en personas con el sistema inmunológico comprometido. En ese sentido, una tercera dosis en este grupo de personas servirá para incrementar el nivel de anticuerpos ya que tienen una capacidad reducida para combatir infecciones y otras enfermedades. La recomendación es que este grupo poblacional acuda a su proveedor más cercano para recibir la dosis adicional”, expresó Cardona.
Al menos 28 días después de haber completado la serie de dosis de alguna de las vacunas de Pfizer o Moderna, el paciente podrá administrarse su tercera dosis. Mientras que para la vacuna de Janssen, al momento, no ha sido autorizada para una dosis adicional.
Actualmente, los CDC recomiendan que las personas que están moderada o gravemente inmunodeprimidas reciban una dosis adicional. Esto incluye a aquellas personas que:
No se requerirá referido médico ni evidencia que certifique la enfermedad.
