Por CyberNews

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Los portavoces del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Internacional de Trabajadores de Norte América (LiUna) exigieron -el lunes- a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que haga cumplir la Orden Ejecutiva 2018-033 que establece una paga de $15 la hora a los trabajadores gubernamentales en la construcción.

“Nos dimos a la tarea de inspeccionar 209 contratos de construcción otorgados desde el primero de enero de 2019 hasta el presente… de esos 209 proyectos, el 85% de ellos se está incumpliendo con el salario mínimo de $15 la hora.  De esos 209 contratos, 175 de esos contratos la Orden Ejecutiva fue excluida de manera arbitraria”, dijo Edison Severino, director de la organización, en conferencia de prensa.

Severino, junto a John Vigueras, presidente del capítulo de Puerto Rico de LiUna, explicaron que a pesar de que el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva, a la misma vez la invalidó con excepciones, por lo que a casi nada le aplica.

“Ellos lo han eliminado de la gran mayoría de los contratos y en lo poco que hay no lo están haciendo cumplir. Cuando la Orden se firmó, los empresarios brincaron y el gobernador mantuvo la Orden. Mas sin embargo, le quitó toda la fuerza que la Orden tenía por apoyar a los constructores”, sostuvo.

¿Los están agarrando, de qué, a ustedes? 

“De bobos”, respondió a la prensa.

Explicó que por ejemplo, en los contratos revisados, estaba incluida la Orden Ejecutiva, pero luego de firmado el contrato se incluía un Anejo que solicitaba la exclusión de cumplimiento.

Señaló que cuando llevaron el planteamiento a la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, esta les alegó que no hay violación a la Orden Ejecutiva, porque ningún trabajador ha presentado querella.

“Primero hicimos el anuncio público, ahora vamos a activar a los trabajadores que están en estos lugares a traves de acciones, conversaciones y visitas y vamos a presentar querellas oficiales en contra de las compañías que están en violación”, sostuvo Severino.

Severino defendió la contratación de Elías Sánchez como cabildero para lograr la firma de la Orden Ejecutiva.

“La ironía es que este sistema corrupto de tráfico de influencias ha sido creado por los dueños de empresas. Entonces si los trabajadores utilizan las herramientas del sistema, para llegar y conseguir acceso y mover una agenda para beneficiar y mover a los trabajadores, entonces nos van a fustigar por eso”, argumentó Severino.

El organism le exigió a la gobernadora que especifique si en efecto va a hacer cumplir con la Orden Ejecutiva o la va a derogar.