La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy que está en “total desacuerdo” con el Proyecto del Senado 1590, radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que establecería que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes de culpabilidad y que permitiría que los convictos por veredictos alcanzados por mayoría reclamen la celebración de un nuevo juicio.
“Yo hago un llamado a que lo evalúen con mucho detenimiento”, dijo Vázquez Garced durante una conferencia de prensa que celebró para informar la medidas tomadas por el gobierno ante el inicio de la temporada de huracanes.
“Como defensora toda mi vida, por 23 años, de las víctimas del crimen en Puerto Rico, estoy en total desacuerdo con ese proyecto”, sostuvo Vázquez Garced.
De ser aprobada, la medida permitirá que cualquier persona que cumpla una pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar una moción para que se celebre un nuevo juicio.
La medida surge a raíz de una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Ramos versus Luisiana, que concluyó que los veredictos de culpabilidad requiren el voto unánime de un jurado. Luego el Tribunal Supremo local sostuvo que la decisión del Supremo federal es aplicable en la Isla.
El Proyecto del Senado 1590 también establece que para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.
“No voy a abonar a la revictimización, al dolor, a la tristeza, a la desesperanza de las víctimas en Puerto Rico. Yo creo que el caso Ramos versus Luisiana tomó la decisión en relación a ese criterio que nosotros no tenemos que abordar de ninguna manera”, expresó Vázquez Garced.
“Los acusados tuvieron su juicio justo e imparcial, de presentación legal adecuada, y se le garantizaron todos sus derechos. En este momento lo que les puedo decir es que estoy en desacuerdo con ese proyecto, así que, le hago un llamado para que lo examinen con mucho detenimiento. Voy a apoyar a las víctimas en ese proceso”, indicó la gobernadora.
La pieza legislativa está en manos de la presidenta de la Comisión de lo jurídico en la Cámara, María Milagros Charbonier.
Para que los individuos que no radican planillas puedan recibir el incentivo federal de $1,200, deben ingresar sus datos personales y su número de cuenta bancaria en un enlace especial habilitado por el Departamento de Hacienda.
Según Hacienda, para acceder al enlace debes navegar en internet por la dirección https://www.pagodeimpactoeconomico.com/, luego debe ir la sección de Ingresa tu cuenta aquí y por último dirigirse al enlace No tengo obligación de radicar planilla.
Entre los individuos que no radican planillas figuran beneficiarios del Seguro Social y personas que reciben el PAN y otras ayudas gubernamentales. Através del enlace podrán solicitar el alivio de $1,200 por individuo y $500 por menor elegible.
Para que el sistema no se sobre cargue, Hacienda estableció que los individuos soliciten la ayuda por medio de un calendario escalonado por fecha y que utilizará el último dígito del número de Seguro Social.
A continuación las fechas en las que podrá someter su solicitud para recibir el alivio basado en el último dígito de su número de Seguro Social:
29 de mayo – Seguros Sociales que terminan en 0, 1, 2, 3
30 de mayo – Seguros Sociales que terminan en 4, 5, 6
31 de mayo – Seguros Sociales que terminan en 7, 8, 9
1 de junio – cualquier Seguro Social
Luego de ingresar su número de Seguro Social, en la plataforma se hacen varias preguntas relacionadas con ingresos, estado civil y dependientes. También, hay que ingresar el número de licencia de tener una.
También se debe incluir el número de la cuenta bancaria donde se enviará el incentivo.
Tras las sorprendentes declaraciones del director de la oficina de comercio y de manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, a favor de que las empresas farmacéuticas regresen a Puerto Rico, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, sostuvo que ahora falta que republicanos y demócratas logren un acuerdo sobre el tipo de incentivo contributivo que se ofrecerá a estas empresas para que abandonen India y China.
“Son unas expresiones muy importantes, especialmente por la persona que las hace, que es el señor Peter Navarro que es uno de los asesores principales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de comercio internacional, energía, industria y manufactura. Es de las personas que ha estado liderando bajo el cuatrienio del Trump desde el principio de 2017, el tema de lo que es regresar la manufactura a terreno americano. Esto viene corriendo desde que comenzó el cuatrienio”, dijo Laboy Rivera en entrevista en la estación de radio NotiUno.
El funcionario aseguró que ha mantenido comunicación con Navarro y que se reunió con él a finales de 2017, luego de los huracanes Irma y María. Aseguró que en marzo pasado se hicieron gestiones con la comisionada residente, Jenniffer González y el almirante Brown, representante de Casa Blanca en asuntos de la reconstrucción de Puerto Rico.
“Sí. Hemos mantenido contacto con el señor Navarro. Las expresiones a mí no me sorprendieron, precisamente porque llevamos trabajando esto ya hace un tiempito”, afirmó el funcionario.
“Sobre el objetivo, yo creo que todos estamos de acuerdo independientemente de la visión política que pueda tener una persona. Estamos de acuerdo con el objetivo que es que Puerto Rico es el mejor lugar dentro de la bandera americana para lograr que regrese esa actividad bajo el territorio americano y que sea Puerto Rico el líder porque tenemos todas las razones para sobresalir”, agregó.
Entretanto, sobre qué tipo de incentivo se consideraría, Laboy Rivera dijo que varios congresistas ya han presentado medidas en el Congreso, aunque éstas deben tener aval bipartita.
“Ese debate es el que debemos tener. Hay varias alternativas de hacer esto. Lo cierto es que hay que tomar también en consideración lo que se puede lograr. Una cosa es lo que quisiéramos y otra es lo que se puede lograr. Tienen que ser medidas que tengan apoyo bipartita, tanto de demócratas como republicanos y que tenga oportunidad de convertirse en ley este año”, dijo el secretario.
Señaló que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced anunció recientemente junto con la comisionada residente un proyecto de ley sometido sobre créditos contributivos para zonas en desventaja o deprimidas económicamente que aplicaría a cualquier lugar en Estados Unidos y Puerto Rico que tenga un nivel de pobreza de 35 % en adelante.
“En ese sentido nosotros favorecemos ese proyecto de ley que está hecho bien pensado y que tiene apoyo bipartita”, dijo Laboy.
Una nueva modalidad de agresión que consiste en lanzar a los ojos líquido blanqueador, conocido comúnmente como “cloro”, está tomando auge en la zona sur.
En el día de ayer se informaron dos agresiones, una en Ponce y otra en Guayama, en las que una de las personas involucrada en el evento de agresión lanzó a los ojos de otra persona una porción de cloro, que es un químico utilizado para tareas de higiene y que es valorado por sus propiedades de blanqueador efectivo.
Durante el mes de abril varios agentes de la policía de Ponce también fueron agredidos con líquido blanqueador durante una intervención en el residencial Ponce de León, lo que provocó que uno de los agentes, el más afectado, fuera atendido en un hospital y colocado en observación por unos días.
El contacto directo del área de los ojos con cloro en su estado puro o no diluido en agua, puede generar irritaciones y quemaduras en los párpados y en la córnea, y hasta puede causar pérdida de visión considerable. Incluso, puede provocar ceguera, según publicaciones especializadas en salud.
Según reportó la Policía, en la mañana de ayer, en calle 2 del barrio Olimpo del pueblo de Guayama, Daniel Mercado alegó que una persona que no ha sido indentificada le agredió en el brazo y antebrazo con un objeto corto punzante y con otro objeto contundente le pegó fuertemente en la cabeza.
Además, Mercado alega que la persona le lanzó liquido blanqueador a los ojos.
Mercado fue transportado al hospital Menonita de Guayama donde fue atendido por la doctora Fuster, quien diagnosticó herida abierta en el brazo izquierdo y en el área de la cabeza, mientras que sufrió daños en los ojos, por lo que fue referido al hospital de Centro Médico de Río Piedras.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, continuarán con la investigación.
Ayer también fue arrestada una mujer por el delito de agresión tras lanzar liquido blanqueador a lo ojos de una envejeciente, en hechos ocurridos en el edificio 19 del residencial Lirios del Sur, en Ponce.
Según informó la Policía, el miércoles fue reportado mediante llamada al Sistema de Emergencias 911, una agresión en el edificio 19 del mencionado residencial.
En el lugar, fue arrestada Wisneidy Álvarez de 25 años, quien alegadamente arrojó un vaso que contenía líquido blanqueador al rostro de Lila Bonilla, causándole daño en los ojos.
Bonilla, quien es una persona de más de 60 años, fue transportada por paramédicos de Emergencias Médicas al Hospital Damas en Ponce, donde fue evaluada por el Doctor López, quien dejó bajo observación y tratamiento.
En el día de ayer Álvarez fue acusada por la fiscalía de Ponce por los delitos de agresión agravada, violación a la ley de armas y agresión a una persona mayor de 60 años. El tribunal le impuso una fianza de $3,000 que no pudo prestar y fue ingresada en el centro de detención para mujeres en Bayamón.
Mientras la Junta de Supervisión Fiscal determinó suspender durante el próximo año fiscal los recortes al presupuesto del gobierno y la reducción de las pensiones debido al deterioro de la economía local, cuyo desempeño futuro también se estima muy pesimista hasta el 2025, el principal asesor en comercio y manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que el Congreso debería utilizar el próximo proyecto de ley de alivio por el coronavirus para que las farmacéuticas ubicadas en China e India regresen a Puerto Rico.
Ante la importancia que representa para el país que el principal asesor en manufactura del presidente Donald Trump recomiende que el Congreso promueva la reubicación de la industria farmacéutica en la isla, EsNoticia reproduce una entrevista realizada a Navarro por el diario Washington Examiner sobre los planes de la administración para reubicar la producción de productos considerados críticos para la salud y la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En entrevista con el Washington Examiner, el director de la Oficina de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, sostuvo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con su economía construida históricamente en torno al gobierno y la manufactura, estaba bien equipado para repetir su papel como «principal contribuyente» a la cadena de suministro farmacéutico de los Estados Unidos.
«Si se piensa en cómo está organizada la economía puertorriqueña, hay más de 100 parques empresariales en toda la isla en los que podrían prosperar tales instalaciones», dijo Navarro, que también es el coordinador de políticas de la Ley de Producción de Defensa.
«Eso es algo que el Capitolio podría ayudar a facilitar con cierta atención en la próxima fase. Puerto Rico tuvo una vez una próspera industria farmacéutica, pero el Congreso casi le puso fin a eso».
La eliminación gradual durante una década de la sección 936, una disposición fiscal que permitía a muchas compañías estadounidenses evitar el pago de impuestos federales sobre las ganancias generadas en Puerto Rico, provocó la pérdida de empleos y severas contracciones en los sectores textil, químico y manufacturero.
Los altos costos del agua y la electricidad, que son más de cuatro veces superiores a las cantidades pagadas por la industria en el territorio de los Estados Unidos, han mermado las ventajas relativas de Puerto Rico para la fabricación, especialmente de productos farmacéuticos.
«Tenemos un sistema roto ahora en el que empujamos a nuestros fabricantes al extranjero», dijo Navarro. El funcionario agregó que la industria farmacéutica figura entre los peores delincuentes cuando se trata de reubicar en los Estados Unidos puestos de trabajo.
«La gran empresa farmacéutica al final del día se preocupa más por los beneficios que por el pueblo americano. Si pueden ganar unos pocos centavos trasladando su producción (de ingredientes farmacéuticos avanzados) a China o India, lo harán en un minuto en Nueva York. Y luego, cuando intentas hacerlos responsables, se les ocurre cada “por qué” y se quejan por medio de los grupos de presión para impedir que lo hagas», dijo Navarro.
Trump entró en la Casa Blanca con la promesa de devolver los trabajos de fabricación a los EE.UU. La pandemia de coronavirus ha acelerado estos esfuerzos.
Navarro añadió: «Si esta crisis nos ha enseñado algo más allá de las líneas partidistas es que en efecto necesitamos traer a casa la cadena de suministro farmacéutico, que no es sólo un asunto de salud pública, sino un asunto de seguridad nacional y un asunto de seguridad económica».
Algunos legisladores están de acuerdo en que este es un tema urgente.
«El coronavirus fue una llamada de atención a todo el mundo de que nuestra capacidad industrial, especialmente en tiempos de necesidad, era algo que nos hacía bastante vulnerables», dijo un secretario de prensa del senador Marco Rubio, republicano de Florida, quien presionó para que se incluyera en la Ley CARES el riesgo de depender de China para productos farmacéuticos clave.
«Tiene mucho sentido al menos empezar por ahí. Pero eso no significa que la única cadena de suministro que queramos abordar sea la de los productos farmacéuticos. Hay una serie de otras industrias que son críticas para nuestra economía y seguridad nacional», dijo este empleado, citando el impulso de Rubio por la industria minera con el objetivo de asegurar el suministro de metales industriales vitales para la fabricación de semiconductores y otras tecnologías avanzadas, incluyendo los sistemas de defensa.
La Casa Blanca tomó medidas este mes para bloquear los envíos de semiconductores al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei a través de una enmienda regulatoria diseñada para impedir que la compañía compre productos hechos con software o equipos estadounidenses.
La noticia llegó cuando la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un proveedor clave de Huawei, anunció planes para construir una planta de chips de $12,000 millones en Arizona.
La administración también anunció un contrato de medicamentos de $354 millones con una empresa fabricante de medicamentos genéricos que se utilizará como avanzada para «traer a casa» la producción farmacéutica, que según Navarro, hará que los productores de medicamentos de EE.UU. sean competitivos en cuanto a costos.
«Ese proyecto es el primer gran paso en este largo viaje, pero habrá y debe haber otros», dijo el funcionario.
Un alto funcionario de la administración dijo que apuntalar la manufactura doméstica sería esencial para pagar la enorme deuda del país y que sin avances en la política industrial, cualquier ventaja de investigación y desarrollo de la que disfruten los Estados Unidos se perderá, erosionando cualquier ventaja de innovación. «China ya está de vuelta en el trabajo», dijo esta persona.
La actividad sísmica se ha manifestado con cinco nuevos temblores en la zona suroeste ayer cuya magnitud osciló entre 3.11 y 3.69 entre las 10:00 de la mañana hasta el filo de las 10:00 de la noche.
Según la Red Sísmica, ayer se registró un sismo de magnitud 3.11 a las 10:04 de la mañana, seguido por otro de magnitud 3.25 ocurrido a la 1:13 de la tarde. Luego a las 7:09 de la noche se sintió otro temblor de magnitud 3.30, a las 8:54 hubo una nuevo temblor de magnitud 3.45 y a las 9.58 de la noche se registró otro de magnitud 3.69.
En reiteradas ocasiones el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, ha indicado que la actividad sísmica que se registra en el presente en la zona suroeste es secuela se los sismos ocurridos a principios del año y que tuvo su mayor manifestación con el temblor de magnitud 6.4 ocurrido el 7 de enero.
El pasado 2 de mayo ocurrió un nuevo evento de magnitud 5.4 que causó daños considerable en la zona histórica de Ponce.
PONCE – El sismo de magnitud 5.4 ocurrido el pasado 2 de mayo dejó una estela de daños en propiedades públicas y privadas en el pueblo de Ponce que revelan el grave daño que estos fenómenos son capaces de producir, aun cuando no manifiesten toda su capacidad destructiva.
Se podría decir que el sismo del 2 de mayo se trata del segundo acto de la secuencia de terremotos acontecidos entre el 28 de diciembre de 2019 hasta el 4 de febrero de 2020, fecha que marcó un cambio en la historia reciente del país y especialmente del suroeste, que fue el sector de la isla más afectado por la inesperada actividad sísmica.
En Ponce los sismos de enero dejaron más de 1,000 refugiados, decenas de estructuras afectadas y otras declaradas inhabitables, con daños económicos de alcance multimillonario. Sobre los daños causados por el sismo del 2 de mayo en Ponce y sobre otros temas relacionados con el coronavirus y la crisis económica del gobierno municipal, Es Noticia conversó brevemente con la alcaldesa María Meléndez Altieri.
1-¿Cuál es el alcance de las pérdidas de propiedades privadas y públicas causadas por el sismo del 2 de mayo?
El sismo del 2 de mayo causó daños en 193 residencias privadas y 120 apartamentos en los residenciales públicos Silver View, Golden View y José Tormos Diego. Hay un edificio a punto de colapsar; el edificio Martinó en la calle Torres, esquina Rossevelt, y 15 facilidades municipales afectadas que ya habían recibido daños con el terremoto del 7 de enero.
2- ¿Cuál es la situación de las familias y cómo serán reparados los daños o si serán reemplazadas alguna de esas propiedades?
Actualmente quedan 83 refugiados que se dividen en 26 familias, con un total de 39 adultos y 44 niños. Los residenciales afectados le pertenecen al Departamento de la Vivienda estatal, por lo que ellos han dirigido sus esfuerzos a la identificación de nuevas residencias a través de sus programas federales de ayuda, como Sección 8 y los fondos Community Development Block Grant, reconocido por las siglas en inglés CDBG. Algunas familias han sido reubicadas en otros residenciales públicos en Ponce.
3- Describa los efectos del coronavirus en Ponce y en el suroeste, que ya había sido severamente afectado por los temblores.
Actualmente el Departamento de Salud refleja 94 casos positivos en Ponce y 452 casos positivos en la región. Se ha registrado una muerte en Ponce, de las 19 registradas en la región. Según el último informe, los hospitales, San Lucas, Damas, Dr. Pila y San Cristóbal están preparados para recibir pacientes de forma segura. Cuentan con unas 438 camas disponibles entre todos los hospitales y unos 97 ventiladores. Entre los refugiados se han tomado todas las medidas de seguridad incluyendo pruebas rápidas y ninguno arrojó positivo. Se les ha provisto de mascarillas y guantes.
4- ¿Cuánto tiempo estima usted que tomará recuperarse de los efectos de cerrar la economía por el coronavirus?
La realidad es que nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes. No tenemos una idea clara de cuánto tiempo esta situación continuará y cuál será el efecto de la reapertura. Tampoco sabemos cuál sería la nueva normalidad, qué negocios podrán reabrir, cuáles se mantendrán. Así que lo que las circunstancias exigen es que estemos atentos a los cambios que van surgiendo para actuar de inmediato a lo que nosotros podamos controlar y mitigar.
Por la magnitud del impacto económico, no hay duda de que nos tomará tiempo. Por eso tenemos que priorizar los reclamos a FEMA, atender a nuestra gente en sus necesidades particulares y apoyar a los empresarios para enfrentar juntos la nueva normalidad.
5- ¿Qué efecto ha tenido el cierre de la economía en el municipio, debido a la merma de ingresos por IVU, contribuciones y patentes?
A raíz del COVID-19 hemos invertido unos $736,357 en compra de alimentos, compra de materiales de seguridad como mascarillas y otras medidas de prevención. Esto sin contar los gastos en nómina que no son tangibles, pero pudiesen superar los $2 millones por estos pasados meses que hemos estado trabajando con la pandemia. La disminución de ingresos debido a la cuarentena asciende a $9.6 millones, lo que ha impactado significativamente nuestro presupuesto.
6- ¿Hay una propuesta de la gobernadora en el Plan Fiscal, que deberá aprobar la Junta de Supervisión Fiscal, para allegar fondos a los municipios?
Hay una falta de comprensión de la Junta de Supervisión Fiscal y del gobierno central sobre el rol de los municipios. Por lo tanto, los alcaldes recomendamos un análisis profundo y correcto de las funciones y quehaceres de los municipios, así como del manejo laboral, fiscal y servicios brindados a la población.
Al no recibir, en mayo y junio, las remesas del CRIM, se afectarían servicios tan esenciales como el recogido de basura, servicios de salud, mantenimientos de áreas recreativas y áreas verdes, limpieza y mantenimiento carreteras primarias, secundarias y terciarias. También, la preparación y respuesta a emergencias como huracanes, temblores, crisis de salud (COVID-19, Dengue), atención y servicios a personas de la tercera edad. Se afectaría la seguridad y protección de la propiedad y de los ciudadanos.
Esto redundaría en que algunos pueblos pequeños y medianos sufrirían un impacto económico que podría llevar al cierre de los municipios pequeños y el despido de empleados. Y, los municipios grandes tendrían que hacer reducciones significativas en su personal y los servicios que brindan. Esto después de haber hecho todos los ajustes posibles. Los municipios existen para servir al pueblo. Si se eliminan los recursos que los sostienen, son los ciudadanos los que sufrirían el impacto devastador que causaría la privación de los servicios que ofrecen los municipios.
Hasta el momento lo que tenemos es un compromiso de no reducirnos los ingresos en el próximo año. La Junta de Control Fiscal mencionó que las trasferencias del gobierno central a los 78 municipios se mantendrán en $132 millones como el año fiscal 2019-2020. No obstante, estos planes serán discutidos y esperamos que la propuesta del gobierno central sea aprobada.
Un sismo estremeció Ponce el pasado 2 de mayo, en medio del encierro de los ciudadanos para impedir el contagio con el coronavirus. Fotos: Tony Zayas
El informe del Departamento de Salud reportó que la nueva muerte por coronavirus fue un hombre de 71 años de la región de Bayamon.
La muerte fue registrada por el Sistema de Vigilancia, que utiliza una prueba para certificar que el deceso obedeció al virus. Al momento de emitir el reporte el Registro Demográfico no reportó muertes, las cuales son certificadas mediante criterio clínico y documentadas por un profesional médico en actas de defunción, según sugerido por las guías del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Además, se registraron 161 resultados de casos únicos positivos, entre pruebas moleculares y serológicas.
Con las fatalidades añadidas, el total de los decesos registrados a través del Sistema de Vigilancia es 62 y las reportadas a través del Registro Demográfico, suman 70. Es importante recordar que cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores.
Al momento de emitir el reporte, se registraron 13 casos positivos bajo pruebas moleculares, por lo que el total de resultados únicos positivos reportados bajo esta variable es de 1,293. Los resultados de pruebas serológicas suman 2,354, tras registrarse 148 nuevos casos únicos positivos a dicha prueba. Con estos resultados adicionales reportados, el número total de casos únicos positivos es de 3,647.
De esta totalidad de casos únicos positivos, 1,835 corresponde a mujeres y 1,812 a hombres.
Resumen del reporte del Departamento de Salud:
Casos únicos positivos añadidos por pruebas moleculares: 13
Total de casos únicos positivos a pruebas moleculares: 1,293
Casos únicos positivos añadidos por pruebas serológicas: 148
Total de casos únicos positivos a pruebas serológicas: 2,354
Total de casos únicos positivos: 3,647
Decesos añadidos por Registro Demográfico: 0
Total de decesos por Registro Demográfico: 70
Decesos añadidos a través del Sistema de Vigilancia: 1
Total de decesos añadidos por el Sistema de Vigilancia: 62
Total de muertes reportadas: 132
A modo de prevención, se reitera el cumplimiento de las medidas de precaución y protección para evitar la propagación del virus en la isla. Esto incluye, pero no se limita, a la práctica del distanciamiento social, el uso compulsorio de mascarillas y el lavado de manos, o uso de hand sanitizer, con frecuencia.
Para más información, puede acceder directamente a través de la siguiente dirección https://statuscovid19.pr.gov o a través de la página web del Departamento de Salud www.salud.gov.pr/coronavirus.
Según el último informe del Departamento de Salud el número de casos únicos positivos aumentó de 3,486 a 3,647 lo que implica un alza de 161 casos.
Estos se desglosan en 1,293 que se han obtenido de las pruebas moleculares y 2,354 de las pruebas serológicas.
El número de muertes aumentó en 132, lo que implica que se ha registrado una nueva muerte por coronavirus.
Además, existen 101 personas hospitalizadas por el virus, lo que implica que 19 personas recibieron el alta, pues ayer habían 120. Además,12 de ellos están en cuidado intensivo y 5 en ventiladores mecánicos.
Los nuevos positivos elevan a 982 los casos en la zona Metro; 707 en la región de Bayamón; 442 casos en la región de Mayaguez; 494 en Caguas, 292 casos en Arecibo; 481 casos en Ponce y 130 casos en Fajardo.
Además, se registró el primer caso en el pueblo de Culebra.
Por Redacción Es Noticia
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La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, le solicitó ayer al presidente del cuerpo, Carlos Méndez, que convoque a un caucus de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para decidir el futuro de un proyecto senatorial que permite que en Puerto Rico se aplique de manera retroactiva un dictamen reciente del Tribunal Supremo federal en relación a los convictos en juicios criminales por un jurado no unánime.
La discusión del Proyecto del Senado 1950 (PS 1950) -de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz- se da en momentos en que el Tribunal de Apelaciones de la Isla se valió de esa nueva regla del Supremo federal para ordenar la celebración de un nuevo juicio contra Pablo Casellas, quien resultó convicto en 2015 por el asesinato de su esposa Carmen Paredes con votación del jurado de 11-1. La decisión del máximo foro judicial estadounidense aplicó en el caso de Casellas porque seguía en la fase de apelación, por lo que la sentencia no era final y firme.
Según publicó el periódico El Vocero, ahora, el debate en la Legislatura se concentra en si esa orden del Supremo federal debe aplicar de manera retroactiva, permitiendo que se reviva una cantidad indefinida de casos criminales que ya habían sido resueltos. Precisamente, eso es lo que persigue implementarse mediante el PS 1950 y es donde se concentra la oposición de varios representantes del PNP.
“Luego de la vista (pública) y antes de la vista yo he tenido muchas reservas con relación a cómo debemos aplicar la retroactividad en términos de derechos. Estoy convencida de que debe haber una oportunidad de mirar esto retroactivamente y la manera de hacerlo es dejarles esto a los tribunales, que fueron los que a final de cuentas decidieron esto, el decidir si un caso es retroactivo o no”, manifestó la representante novoprogresista.
La legisladora indicó que no habrá más vistas públicas sobre el proyecto, aunque sí anticipó que ayer hizo requerimientos de información estadística sobre el impacto de la retroactividad al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), al Departamento de Justicia y a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).
“Una sentencia final y firme es cuestión de Justicia, por eso mi proyecto (relacionado a este tema) era para enmendar la Regla 192 de Procedimiento Criminal para permitirle dar esa retroactividad al tribunal y si no se la quiere dar pues no se la dio, pero por lo menos dejar la oportunidad de que pidan ese remedio (de retroactividad) que hoy no tienen disponible”, sostuvo Charbonier.
Dijo que su intención es que los legisladores del PNP que plantearon dudas tomen su decisión a conciencia. “No tengo prisa en llevar este proyecto y no voy a hacer otra vista, pero me voy a detener aquí aunque la sesión termine y esto no se dé porque para esto tiene que haber ahora mismo unas estadísticas claras porque esto es algo que el pueblo tienen que mirar y tenemos que hacerlo con transparencia”, expresó.
La representante mostró interés en conocer datos sobre quiénes son las personas confinadas tras un veredicto por jurado sin unanimidad. “No tengo prisa y hasta que no estén los números no voy a estar continuando con el proyecto. Eso lo voy a dejar claro”, sostuvo.
“No es que yo rechacé la retroactividad completamente, pero sí digo que tiene que darle la oportunidad de elevarle un asunto al tribunal para que ellos decidan y apliquen la norma”, agregó
Seguirán estudiando la medida
“¿O sea, que lo va a dejar sobre la mesa hasta que tenga la información?”, preguntó esta diario.
“No, no. Estará vivo porque lo vamos a seguir estudiando. Entonces voy a solicitar al presidente de la Cámara una conversación porque hay compañeros con dudas y otros que coinciden conmigo. Es necesario entre nosotros, los legisladores de la Cámara, e incluso los que votaron en el Senado. Ya hablé con el presidente del Senado y se lo dije. Esto es un proyecto de impacto para la sociedad y no puedo enajenarme de esa realidad porque yo misma la puedo vivir”, respondió Charbonier.
Al listado de legisladores del PNP con reservas con el tema de la retroactividad se suman Méndez, José “Pichy” Torres Zamora, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte.
De otro lado, el representante popular en la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos, planteó dudas de si el tema de la retroactividad se puede enmendar dentro de las Reglas del Procedimiento Criminal o en la Constitución de Puerto Rico. “Todo esto se podría convertir en académico si el Supremo federal dice que bajo la Constitución americana esto se aplica a los veredictos retroactivos también; pues se acabó el debate (en la Legislatura)”, expuso.
“Creo que tener una conversación sobre la aplicabilidad de la retroactividad serena y madura era lo correcto. Lo que pasa es que aquí el calendario político y el calendario de quién se ponía la estrellita de lograrlo fue por encima de la conversación que había que tener. Ahora, como perciben que políticamente el análisis que habían hecho no es el que es en la calle, pues están mirando para un lado y para el otro antes de cruzar”, agregó.
El Departamento de Justicia y la Asociación de Fiscales se opusieron a la medida en una vista pública por el impacto que tendría sobre las víctimas del crimen en la Isla.
