Por Miguel Díaz Román

redaccion@esnoticiapr.com

Unas 3,000 reclamaciones de seguro generadas tras el huracán María se encuentran en los tribunales o en procesos administrativos y la mayoría de ellas han sido impugnadas por irregularidades en el monto de los estimados por pérdidas realizados por ajustadores públicos, según informó la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS).

La OCS también informó que la empresa de ajustadores públicos autorizados Scott M. Favre Public Adjuster, LLC, así como entidades de Mississippi, Texas y Florida figuran entre las empresas investigadas por esa oficina en relación al posible manejo ilegal de reclamaciones a compañías de seguros por las pérdidas causadas por el huracán María.

La OCS tiene actualmente 11 investigaciones en curso y la mayoría de las investigaciones involucran a entidades que vinieron de los Estados Unidos, según informó el licenciado Alexander Adams de la OSC, en una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes.

En la vista pública el funcionario reconoció que la mayoría de las reclamaciones de las empresas investigadas involucran estructuras del gobierno estatal y de los municipios.

La Comisión, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, realiza una investigación sobre la presunta estrategia de las compañías de ajustadores públicos de inflar los estimados de daños en reclamaciones de seguro.

“La Oficina del Comisionado de Seguros nos dijo que de las 293,000 reclamaciones asociadas a daños del huracán María, unas 3,000 todavía están en litigio y que muchas de estas están en litigio por estimados de ajustador públicos poco responsables. Esta es una práctica que no se puede permitir que continúe, menos ahora”, dijo Lebrón Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Iraelia Pernas, indicó que “la mayoría de las reclamaciones post María que aún están dilucidando no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos”.

“No cabe la menor duda que ante la emergencia de María algunas firmas de ajustadores públicos, muchas de las cuales no son de Puerto Rico, vinieron aquí, no a ayudar al pueblo, pero a enriquecerse de la desgracia de nuestra gente. En total, la OCS emitió unos 98 permisos especiales de Ajustador Independiente de Emergencia a personas no residentes de la Isla. De estas, son muchas las que están bajo investigación por malas prácticas comerciales. Eso es algo que no vamos a permitir que suceda ahora, con las reclamaciones de los terremotos de enero’, comentó la representante Maricarmen Mas Rodríguez.

En el caso de Scott Favre este logró su primer contrato con el gobierno apenas cuatro días después de haber incorporado la empresa en Puerto Rico.

Según se desprende del Registro de Comerciantes del Departamento de Estado, la empresa en cuestión, con sede en el estado de Mississippi, fue autorizada hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017. Para el 18 de ese mismo mes ya tenía un contrato (2018-000080) con la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empelados del Gobierno.

Favre Public Adjusters llegó a tener hasta 44 contratos con municipios, agencias y corporaciones públicas para las reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María.

El conocido recaudador del Partido Nuevo Progresista, Andrés Guillemard, quien actualmente participa en la campaña primarista de candidato, Pedro Pierluisi, ha integrado la representación legal de Favre Public Adjusters. Se ha dicho que Guillemard fue el principal gestor para que la empresa de ajustadores públicos entrara al mercado local, pero el abogado lo ha negado.

La aseguradora MAPFRE y la desaparecida aseguradora Integrand presentaron demandas o querellas contra Favre Public Adjusters por sus excesivos estimados por pérdidas.

Incluso, Integrand realizó una querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros por el presunto conflicto de interés del excomisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, debido a que el exfuncionario, mientras era el regulador de la industria de seguros, era el presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en la que Favre Public Adjusters tuvo dos contratos.