La Cámara de Representantes aprobó este lunes, con enmiendas en sala, una medida que devolvería a la Asamblea Legislativa la facultad de establecer el salario mínimo en Puerto Rico y eliminaría la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, organismo creado por la Ley 47-2021 para determinar los aumentos al sueldo base de los trabajadores.
El Proyecto de la Cámara 1115 fue aprobado con 32 votos a favor y 20 en contra, luego de que la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Roberto López Román, presentara un tercer informe positivo recomendando su aprobación.
López Román, quien además es autor de la medida, defendió el proyecto al asegurar que la propuesta no afecta el salario mínimo vigente de $10.50 por hora ni contempla reducciones salariales.
“Esto no toca, no congela, no baja el salario mínimo, y lo estipula el propio proyecto. Esto lo que hace es devolverles la facultad a nosotros los legisladores para poder legislar sobre el salario mínimo en Puerto Rico en momentos que se necesita legislar”, expresó durante el debate legislativo.
El legislador sostuvo que la Comisión Evaluadora no ha cumplido con las funciones para las cuales fue creada. Entre los señalamientos, destacó la falta de presentación de estudios sobre el impacto económico de la Ley 47 en empleados gubernamentales y municipales, así como incumplimientos con el requisito legal de reunirse mensualmente.
Según explicó, un análisis de las minutas de la propia comisión reflejó que el organismo dejó de celebrar reuniones en más de diez ocasiones durante un periodo aproximado de dos años y medio.
Como parte de las enmiendas, la medida propone sustituir la Comisión Evaluadora por una Junta Asesora de Salario, presidida por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Este nuevo organismo tendría la responsabilidad de emitir recomendaciones a la Asamblea Legislativa y evaluar el salario de sectores específicos, incluyendo trabajadores agrícolas y empleados cuyos ingresos dependen principalmente de propinas.
La Junta deberá presentar un informe parcial dentro de los primeros seis meses de su constitución y un informe final en el plazo de un año. Además, estará obligada a desarrollar mecanismos de transparencia sobre sus investigaciones y recomendaciones relacionadas con futuros aumentos salariales.
Sin embargo, la medida encontró oposición de varios sectores legislativos. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, argumentó que la derogación de la Ley 47 eliminaría la principal herramienta que tienen los trabajadores para garantizar aumentos periódicos al salario mínimo.
Ferrer Santiago destacó que la legislación vigente permitió establecer un sistema escalonado de aumentos que benefició a cerca de 250,000 trabajadores en Puerto Rico. Además, señaló que datos del DTRH reflejan un impacto positivo en la economía, incluyendo un aumento de aproximadamente $116.6 millones en nómina y una reducción en los índices de pobreza.
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también votaron en contra de la medida. Asimismo, los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro “Pelle” Santiago Guzmán, Wanda del Valle Correa y José “Pichy” Torres Zamora se opusieron al proyecto.
Tras la aprobación cameral, diversas organizaciones comunitarias, sindicales y políticas solicitaron al Senado rechazar la propuesta.
Jessica González Sampayo, organizadora de Construyamos Otro Acuerdo, calificó la aprobación como una amenaza para futuros aumentos salariales y aseguró que la medida responde a intereses corporativos.
Por su parte, Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), exhortó a los senadores a evaluar los datos económicos y escuchar las preocupaciones de las familias trabajadoras antes de tomar una decisión sobre la legislación.
Los grupos adelantaron que continuarán realizando gestiones ante el Senado, incluyendo la entrega de cartas y reuniones con legisladores, con el propósito de lograr el rechazo de la medida.
