Por Redacción Es Noticia
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Los cofundadores de Network and Internet Communications (Naicom Corporation), Darwin Quiñones Pimentel y Víctor Vega Encarnación, demandaron a la Fiscalía federal y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por presunta conducta antiética y abuso de poder que resultó en violaciones a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones razonables sin causa probable y sin orden judicial.
Los demandantes solicitan una indemnización de $25 millones, según informó el periódico El Vocero.
Se alega que el 27 de agosto de 2019, el FBI ejecutó dos órdenes de allanamiento en compañía de investigadores de las empresas competidoras de Naicom, en los cuales se incautó equipo electrónico y una tableta que contenía “los secretos” de Naicom, Vega Encarnación y Quiñones Pimentel.
El documento legal, presentado por el abogado Rafael Castro Lang, indica que las órdenes de registro e incautación excedieron el alcance de lo que el magistrado federal autorizó.
El 6 de septiembre del pasado año, los demandantes pidieron al Tribunal Federal la devolución de su propiedad al alegar que la base fáctica y probatoria subyacente que respaldaba la declaración jurada de un agente sobre la cual se basó la orden de registro e incautación violó el requisito constitucional de causa probable.
“Esto provocó y fue la fuerza motriz de que se indujera al juez magistrado a creer que existía una causa probable de que se hubiera cometido un delito y que de la búsqueda iba a aparecer prueba incriminatoria penal. Al final, la ejecución del registro y la incautación no arrojó ningún tipo de contrabando ni evidencia de actividad delictiva”, señala la demanda.
Afirma que como consecuencia, el Departamento de Justicia federal y el FBI fracasaron en su gestión, por lo que la orden de allanamiento contra los demandantes fue desestimada sin oposición de la Fiscalía a que se les devolviera la propiedad y, en efecto, así lo hizo.
La demanda fue presentada bajo la acción Bivens, un recurso por daños y perjuicios que se puede presentar cuando presuntamente un agente federal viola un derecho constitucional. Las demandas civiles contra funcionarios del gobierno federal generalmente no están permitidas cuando estos han actuado de buena fe en el cumplimiento de sus deberes.
El sistema en disputa
Se indica que durante el periodo 2002-2012 Quiñones Pimentel, un arquitecto de sistemas con experiencia en codificación, aplicación y diseño, desarrolló un sistema de dosificación de multidifusión de internet. La propiedad se identificó como el Entorno Dinámico de Multidifusión Semántica de Internet (Disme).
Las fuentes del código Disme se habían mantenido confidenciales bajo la Ley Federal de Defensa de Secretos Comerciales. La solución patentada por Disme permite que los medios de emisión a través de internet y el servicio IPVT distribuyan contenido de televisión en vivo, a través de internet y redes privadas.
En 2016 los fundadores de Naicom registraron la empresa en el Departamento de Estado de Puerto Rico y obtuvieron la licencia para la distribución de televisión y vídeo ‘on demand’ en Estados Unidos, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Se alega que los competidores de Naicom radicaron una querella en su contra ante las autoridades federales, a fin de que el FBI efectuara una investigación y solicitara una orden de allanamiento para incautar las computadoras, servidores y otro equipo que contenía la información confidencial del proyecto de los demandantes.
El escrito señala que para septiembre de 2017 los competidores de Naicom se reunieron con los directivos del FBI para presuntamente discutir detalles de la investigación criminal.
El documento afirma que el FBI nunca contactó los canales Wapa TV, Disney, HBO, y Telecinco, entre otros, para investigar y corroborar si Naicom carecía de las licencias contractuales para distribuir el contenido de programación a través de codificadores domésticos en tiendas minoristas, “aparte de confiar ciegamente en la evidencia proporcionada por los demandados (competidores)”. Se alega que los demandados competidores tuvieron acceso “de forma ilegal” al equipo e información que contenía propiedad intelectual y secreta de Naicom.
Como resultado de las acciones de los demandados, el demandante alega que ha sufrido daños sustanciales, incluyendo la pérdida de libertad, invasión a la privacidad, pérdida de reputación y daño físico.
A su vez, alega haber sufrido daños económicos que incluyen la pérdida de ingresos y de ganancias futuras, y costos y gastos tras la radicación de una querella falsa por parte de sus competidores.
Este diario solicitó una reacción al FBI y a la Fiscalía federal. Esta última señaló que no podía comentar sobre el pleito debido a que el caso está ‘subjudice’.
