Por Sandra Caquías Cruz
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La fiscal especial independiente Zulma I. Fúster Troche informó que no estaría apelando la determinación del juez Daniel R. López González de encontrar causa en dos de los cuatro delitos que se le imputan al suspendido alcalde Luis M. Irizarry Pabón.
Explicó que la pena, en caso de que progresara la apelación y fuera hallado culpable, sería concurrente (las cumple al mismo tiempo) con los dos delitos, esto en caso de que en el juicio hubiese causa.
¿Qué pasó en la vista preliminar? Uno de los testigos que aportó dinero para el pago de una de las mensualidades del préstamo (el último que fue sentado en la silla de los testigos y la persona que confirmó que tras dar la declaración jurada se reunió con los abogados de defensa) testificó que nadie lo obligó a dar ese dinero.
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El juez Daniel R. López González, quien atendió la vista preliminar contra Irizarry Pabón, emitió un ‘Anejo Explicativo’ en el que explica su determinación y el cual establece que:
“La conducta evidenciada en el desfile de prueba sobre los casos J1VP202301775 por Articulo 4.2 (b) de la Ley de ética Gubernamental y J1VP2023-01777 por Artículo 251 de Código Penal (hechos en el mes de abril de 2022) NO es constitutiva de los elementos de los delitos imputados”.
Sobre los otros dos cargos, ocurridos entre abril y septiembre de 2021, sí determinó CAUSA y explicó que la conducta evidenciada en el desfile de prueba de los casos J1VP202301776 por de la Ley de Ética Gubernamental y J1VP202301778 del Código Penal (hecho entre los meses de abril a septiembre de 2021) «no es conducta protegida» y constituyó un «beneficio ilegal:
“Los pagos hechos por los empleados municipales Oscar Nazario Segarra y Jorge Mercado Santiago en las fechas acorde su testimonio, a una deuda con el Banco Popular suscrita por su alcalde, en una relación de autoridad supervisor/supervisado, alcalde/empleado de confianza municipal y con temor de perder su empleo, no es conducta “protegida” por lo resuelto en FEC v. Ted Cruz, constituyendo un beneficio ilegal según definido por nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Arlequín Vélez, y por consiguiente conducta delictiva tipificada por la Ley de Ética Gubernamental”.
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El juicio fue pautado para iniciar el 5 de junio, a las 9:00 am., en el quinto piso del Centro Judicial de Ponce. Mientras, la lectura de acusación será presencial el 25 de abril a las 9:00 am., también en el quinto piso del Centro Judicial.
El juez que atenderá el juicio aún es desconocido. Tampoco se conoce si será por jurado o por Tribunal de Derecho. El Tribunal de Derecho es cuando un juez es quien evalúa la evidencia presentada y de acuerdo a la ley para tomar la determinación de si la persona cometió o no el delito.
