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Oficina de Inspector revela fallas en los balances de cuentas de cobros de la AEE

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Por Redacción Es noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) realizó una evaluación de cumplimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la cual identificó deficiencias en las gestiones de cobro de los balances millonarios adeudados por diversas agencias gubernamentales.

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Para el examen se evaluó una muestra de 23 cuentas incluidas en el informe de envejecimiento de cuentas por cobrar de la AEE.

Según la información provista por la propia entidad y recopilada durante la intervención, al 31 de mayo de 2021, siete (7), agencias adeudaban en conjunto $22,618,759 y dieciséis (16) corporaciones públicas adeudaban $147,132,994.

Existían balances históricos en las cuentas de estas entidades previo a finalizar el año fiscal 2020, demostrando que las gestiones que realizaba la AEE para recobrar los balances de pago, fueron infructuosas.

La AEE legitimó que realizaba gestiones de cobro mediante diálogo con las entidades, el envío de información física detallada y notificaciones de cobro.

No obstante, según certificado por la AEE, la evidencia de dichas gestiones de cobro no pudo ser presentada, toda vez que alegaron permanecía bajo la custodia del Operador Privado que tomó el control de las operaciones en 2021.

Por lo que a su vez, informaron no tener acceso al sistema de servicio al cliente, Customer Care and Billing(CC&B, por sus siglas en inglés), desde el 1 de junio de 2021.

En entrevista durante el mes de enero de 2023, personal de la AEE indicó que se realizaban gestiones adicionales para poder conciliar la deuda con las entidades gubernamentales y lograr el cobro de estas.

Entre otras cosas, tenían programado realizar visitas a las agencias y reuniones con funcionarios principales del gobierno.

De la información recopilada por los auditores se encontró que, el 23 de junio de 2022, la AEE emitió cartas a las entidades con cuentas por cobrar expresando que, a partir del 1 de junio de 2021, el Operador había asumido el control de la operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de energía eléctrica, incluyendo servicio al cliente y las gestiones de facturación y cobro por el servicio eléctrico.

En dicha carta la AEE expresa que como parte de los trabajos de integración entre el Operador y la AEE, en lo sucesivo, será la AEE la encargada de las gestiones de cobro de las deudas acumuladas previo al 1 de junio de 2021.

Asimismo, en dichas cartas le proponen a las entidades iniciar un proceso de diálogo colaborativo para atender y resolver las deudas pendientes de pago y proponen enviarle el estado de cuenta del balance en la brevedad posible.

A la fecha de la intervención la AEE, informó que había establecido un plan de pago con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado por $42,501,661 y un acuerdo de transacción (“Settlement Agreement”), para recibir de la Oficina de Gerencia y Presupuesto $50,627,126 para finiquitar la deuda por servicio de energía eléctrica de 43 entidades gubernamentales.

Se solicitó a cada una de las entidades gubernamentales que formaron pare de la evaluación, una confirmación sobre el balance de la deuda por concepto del servicio de energía eléctrica al 31 de mayo de 2021.

La información recibida del 91% de las entidades muestreadas, evidenciaron la falta de conciliación, debido a que resultaron con diferencias de más o de menos, respecto a los balances ofrecidos por la AEE.

Otras deficiencias inciden sobre la conciliación de las cuentas, falta de acceso a las aplicaciones ya la información sobre los pagos recibidos y deudas acumuladas por el servicio de energía eléctrica, incumplimiento con el registro de los planes de pago en el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y ausencia de revisión a la reglamentación de procedimientos adjudicativos.

El examen cubrió el período de 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022. Se efectuaron las pruebas que se consideraron necesarias de acuerdo con las circunstancias.

La muestra se basó en la evaluación a 23 entidades gubernamentales que mantenían balances adeudados mayores de $50,000 al 31 de mayo de 2021 (fecha previa a transición al Operador Privado).