PONCE – Cada vez que un huracán, terremoto, inundación o cualquier otra emergencia obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares, decenas de escuelas públicas se transforman en refugios temporeros. Pero cuando la emergencia disminuye comienza otro reto: la necesidad de reanudar clases mientras, en ocasiones, aún hay personas y familias alojadas en los planteles por no contar con un lugar seguro al que regresar si sus viviendas fueron destruidas o sufrieron daños significativos.
Esa realidad puede retrasar el reinicio escolar, lo que reabre el debate sobre la necesidad de contar con lugares dedicados exclusivamente a ser refugios, como escuelas abandonadas o en desuso.
La posibilidad existe, pero la realidad es otra. La intención asomó recientemente mediante el Proyecto 32, radicado en enero 2025. Esta medida proponía que los Departamentos de Vivienda y Educación evaluaran las escuelas públicas declaradas en desuso para designar al menos una por municipio como refugio en caso de emergencias.
Además, planteaba el habilitar al menos una escuela por cada zona del Negociado para el Manejo de Emergencias para atender a familias con integrantes que requieran cuidados médicos o necesidades especiales. Esta pieza legislativa, que según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) tendría un impacto de al menos $2.8 millones por los gastos de mantenimiento en las escuelas designadas como refugios, fue aprobada en Cámara y Senado y referido para la firma de la gobernadora Jenniffer González en julio 2025, pero su inacción le generó un veto de bolsillo a este esfuerzo.
Un documento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), del gobierno de Puerto Rico, detalla una lista con 48 planteles escolares en desuso disponibles a diciembre 2023. Pero, durante el análisis de esta medida, el Departamento de Educación (DE) anunció 34 escuelas en desuso, aunque advirtió que planteles que ubicaban en municipios que habían estado bajo declaración de emergencia -debido a los eventos sísmicos del 2020- todavía estaban pendientes de verificar la viabilidad de mantener su estructura. La región de Ponce ocupa un lugar central en ese análisis, al haber sido la más afectada por esos temblores.
En las vistas de presupuesto en mayo, el DE informó que terminaba el año fiscal 2025-26 con 872 escuelas distribuidas en siete regiones educativas. Mientras, para la temporada de huracanes 2026 que inició el pasado 1 de junio, el gobierno anunció que contaba con 344 refugios disponibles para activarse ante cualquier emergencia. Eso equivale a 39.4% o cuatro de cada diez escuelas públicas que, en caso de emergencia, estarían disponibles para convertirse en refugios, de ser necesario.
El dilema de la interrupción
Datos del DE actualizados para el inicio escolar 2026-27 informan que la agencia cuenta con 310 escuelas para convertirse en refugio, incluyendo tres en desuso. Del universo de 344 refugios disponibles, esto significa que en su gran mayoría (90.1%) son escuelas activas, con estudiantes, que, en una interrupción de clases debido a una emergencia, podrían ser habilitadas para albergar refugiados hasta que culmine la situación o puedan regresar a sus casas o un lugar seguro. Solo una ínfima parte (0.97%) de este universo (344) son escuelas en desuso aptas para utilizarse como refugios.
Según el Departamento de la Vivienda, en la región educativa de Ponce hay dos escuelas identificadas como en desuso tanto por esta agencia como el DE: la Franklin Delano Roosevelt, en Guánica, y la Matilde Rivera, en Salinas. No obstante, este plantel de Guánica, aunque había sido declarado en desuso, demostró su funcionalidad ya que tras los temblores del 2020 su estructura no se afectó, siendo utilizada entonces como refugio y posteriormente retomando sus funciones educativas que mantiene actualmente, según validó el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez.
La Escuela Maestra Matilde Rivera Amadeo, en Salinas, era un plantel en desuso hasta que hace dos años, por esfuerzos de la comunidad Las Ochenta donde ubica, reabrió como refugio, centro de acopio y base de operaciones para canalizar emergencias.
“Estamos certificados por los Departamentos de Familia y Salud. Tenemos un salón refugio con 30 catres, energía renovable, cisterna de agua, baños, duchas, espacios para mascotas, una oficina con internet y acceso con rampa”, comentó Ada Miranda Alvarado, legisladora municipal y gestora de este esfuerzo junto a los vecinos del área.
Con el apoyo del municipio, MCS Foundation y REHACE, entre otras ayudas, como un acuerdo con Taller Salud y el respaldo de la diáspora, esta escuela ahora refugio se mantiene activa fuera de emergencias ofreciendo talleres, charlas y adiestramientos durante el año, indicó Miranda Alvarado, quien comentó que por su ubicación costera y cercanía a cuerpos de agua esta comunidad es altamente inundable.
Según se informó, las nueve escuelas que fueron cerradas en Salinas por el DE, dentro de su plan de consolidación, fueron adquiridas por el municipio para darle otra vida, mayormente para fines deportivos y sociales.
“Les busco novios para que dejen de ser estorbos”
Fuera del área sur, otra de las pocas escuelas en desuso que fueron convertidas a refugio ubica en Loíza. En el 2022, confirmó la alcaldesa Julia Nazario, se abrió en este espacio su Centro de Operaciones de Emergencia, ubicando allí tanto un espacio para atender hasta 600 refugiados como el Cuartel Municipal, Oficina de Manejo de Emergencias, Centro de Servicios Integrados y Servicios a la Comunidad.
Es Noticia identificó otra escuela de la Región de Ponce que pronto será habilitada como “refugio alterno”. Se trata de la Escuela Intermedia Benjamín Franklin, de Coamo, la cual culminó sus funciones educativas ahora en mayo. Según explicó su alcalde, Juan Carlos García Padilla, el DE les prestó esta facilidad por cinco años. La estructura, dijo, tendrá un doble uso pues será la Escuela de Bellas Artes, además de un refugio alterno para el municipio.
“La vamos a certificar como refugio y va a ser un refugio urbano. Que una vez pase un evento (tras una emergencia) y tengamos que comenzar clases, si quedan refugiados (en las escuelas) se puedan reubicar allí”, dijo García Padilla.
Entre otras escuelas que el municipio ha adquirido para canalizar otros usos, mencionó la Aurelia Quintero, en Coamo, donde se habilitó un centro de cuidado prolongado privado para adultos mayores. Agregó que el municipio está actualmente solicitando la escuela Enrique Colón para habilitar allí espacios comerciales.
“Es complejo el proceso. Piden propuestas y seguros. Y las escuelas (en desuso se encuentran) bien deterioradas. Básicamente el municipio es como el “realtor” o facilitador. Les busco novios (a escuelas abandonadas) para que dejen de ser estorbos”, dijo García Padilla, quien comentó que, en casos de emergencias, Coamo cuenta con seis escuelas activas como refugios.
Protocolo previo al cierre
Reutilizar escuelas abandonadas como refugios podría reducir las interrupciones del calendario escolar, admitieron varios expertos entrevistados. Sin embargo, comentaron que materializar esa idea no es tan fácil, señalando entre algunos obstáculos los costos de su rehabilitación y mantenimiento hasta el proceso administrativo para adquirir uno de estos espacios en desuso.
“Tener una escuela para ser solo refugio es una inversión, implica dinero. Lo ideal es darles doble uso. Es un reto, especialmente para las organizaciones sin fines de lucro que las adquieren (escuelas en desuso para darles otro uso), pero tienen que pagar luz y el agua comercial”, dijo la doctora María de los Ángeles Piris Grau, superintendente regional interina de la Oficina Regional de Ponce del DE.
Según explicó, para que una escuela sea declarada en desuso se sigue un protocolo. Este comienza con la elaboración de un informe, ofreciendo un perfil del plantel y algunas posibles razones de su clausura, como baja en matrícula, desempeño escolar, rendición en pruebas, movimiento comunitario, presupuesto escolar, impacto comunitario y condiciones de su planta física, entre otras.
Este documento se envía al DE a nivel central, donde el titular de la agencia tiene la potestad final para dar de baja al plantel del código del sistema escolar, declarando su cierre.
Las escuelas que son parte de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) pasan al Departamento de Transportación y Obras Públicas, mientras que las que son de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) pasan a su Unidad de Bienes Raíces. Las de OMEP, agregó, pasan por el crisol del CEDBI, donde se determina si esa propiedad estará disponible para su venta o alquiler, generalmente a municipios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ejemplo, Piris Grau mencionó que una escuela en desuso cobija actualmente el Centro San Francisco, en Ponce, luego de que el municipio adquiriera el plantel y se lo alquilara a esta organización sin fines de lucro.
La educadora también mencionó otras escuelas de la región de Ponce actualmente en proceso de ser cerradas: la Julio Collazo Silva (en proceso de remoción de equipo) y la Federico Degetau (en proceso de limpieza), además de la Carmen Solá de Pereira, la Bethzaida Velázquez y la Alfredo Aguayo (cerrada y utilizada de almacén y área de archivo). Otras que también mencionó están cerradas y en proceso de entrega son: la Luis A. Ferré Aguayo (Yauco) y la Herminio Arzola (Guayanilla).
“Es que se dejan de usar por fallas en su estructura, por ejemplo, y después es muy oneroso asumir ese costo (para repararlas). El que la adquiere luego se encarga de repararlas”, dijo Piris Grau, quien comentó que todavía hay escuelas afectadas por los sismos del 2020 que están o siendo reparadas o pendientes de sus arreglos.
Agregó que debido a los temblores ocurridos hace seis años la mayor parte de las escuelas pendientes para su evaluación y cierre son de la región de Ponce.
Andrés Ausua Pagán, superintendente auxiliar de operaciones del DE, comentó que la región de Ponce pertenece a la zona 5 de refugios. En esta área hay 44 refugios, incluyendo 36 escuelas activas o abiertas y ocho centros comunales, dijo.
“Tener refugios permanentes para no tener a escuelas cancelando clases (cuando termina la emergencia y todavía hay refugiados en el plantel) se ha visualizado, pero no concretado”, comentó Ángel Luis Feliciano, director de Manejo de Emergencias de Ponce.
Destacó que, personalmente, es partícipe de que, en vez de usar una escuela activa para refugios, se utilicen escuelas abandonadas, aunque reconoció que muchos de los planteles en desuso se encuentran altamente vandalizados.
El municipio de Ponce cuenta con nueve refugios, dijo, seis escuelas (todas en funciones) y tres centros comunales. Como parte de los preparativos para atender una emergencia, dijo, recientemente hicieron un simulacro nocturno de desalojo en Villa del Carmen que contó con alta participación de la comunidad y se disponen a realizar otro próximamente.
“Lo más importante es que el pueblo esté preparado”, resaltó Feliciano.
