La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, rechazó las imputaciones de que han cerrado unos 200 casos de corrupción sin investigar al tiempo que señaló que la información solicitada por el senador Luis Javier Hernández Ortiz podría poner en riesgo la vida y seguridad de informantes.
González Gómez dijo que «en el Departamento de Justicia reconocemos y tenemos deferencia por las funciones de la Asamblea Legislativa. Constantemente brindamos información, colaboramos con investigaciones que realizan las comisiones y respondemos requerimientos para la evaluación y aprobación de proyectos de ley».
«Le hemos brindado al legislador Luis Javier Hernández Ortiz la información que la ley nos faculta a entregar en este momento y que no afecta procesos investigativos presentes ni futuros. Como cuestión de hecho, hasta le recibimos en la agencia y le respondimos sus interrogantes».
«Sin embargo, reiteramos que la información tan amplia y general que solicitó el senador pondría en peligro procesos investigativos actuales y futuros, pues afectaría la cooperación de testigos, vulneraría los derechos de las partes que tenemos la responsabilidad en ley de proteger, expondría técnicas y estrategias de investigación y hasta podría poner en riesgo la vida y seguridad de informantes».
«Aclaramos una vez más, que no es correcto que el Departamento de Justicia haya cerrado alrededor de 200 casos de corrupción sin investigar. Todo lo contrario, por primera vez estamos solicitando que los fiscales rindan un informe detallado sobre las gestiones de investigación en aquellos casos cuya etapa investigativa se ha extendido por más de dos años. Este protocolo surge en atención a un señalamiento de la Oficina del Contralor a la División de Integridad Pública en el año 2024, debido al hallazgo de múltiples casos cuyas investigaciones se extendían hasta los 10 años».
«La cifra de 229 casos resueltos surge en respuesta a una petición de información del senador y corresponde a estadísticas de casos resueltos en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) tras el periodo de aprobación de dicho protocolo».
«Reiteramos que no hay 229 casos sin investigar y la estadística no se refiere únicamente a casos de corrupción. Incluso, algunos casos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas para continuar los procesos, otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de DIPAC, unos están siendo evaluados en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero y hay casos que fueron procesados criminalmente en los tribunales».
«En algunos casos, los fiscales recomendaron un cierre administrativo porque no contaban con los elementos de delito o prueba suficiente para ser procesados en un tribunal, al momento de su evaluación. Esto no es final. Como hemos explicado, de obtener la evidencia que se requiere para probar el caso más allá de duda razonable, la investigación puede reactivarse».
«Hemos demostrado con acciones que no nos tiembla la mano a la hora de investigar, procesar y referir cuando procede legalmente y contamos con la evidencia necesaria para sostener un caso en un tribunal. Así lo hicimos recientemente al referir a dos funcionarios de la actual administración. De igual forma, cuando no existen los elementos de delito o no hay evidencia que para probar un caso más allá de duda razonable, no vamos a faltar a nuestro deber ministerial por ceder a presiones externas», expresó por escrito.
