Por Redacción Es Noticia
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Vecinos, turistas, universitarios y grupos de voluntarios unieron su voz para denunciar la contaminación por ruidos que existe en La Parguera que, a su juicio, atenta contra la reserva natural y afecta el turismo de la zona.
Un estudio del Programa Sea Grant, del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, analizó la opinión pública recogida mediante una encuesta que debate si el sonido es considerado o no un problema.
De un total de 314 personas que participaron del estudio, el 87% manifestó que los altos volúmenes de sonidos han alcanzado niveles intolerables, lo que afecta el desarrollo socioeconómico de La Parguera.
Otro estudio realizado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sobre el impacto de la contaminación de ruido sobre la vida y la conservación de las aves, así como la evaluación del impacto de los sonidos producidos por el ser humano sobre éstas, reveló que la contaminación acústica reduce el hábitat de los animales e influye directamente en su estado físico y, en última instancia, en su número.
El representante Joel Franqui Aquiles radicó una medida por petición del mencionado colectivo para atender la situación.
“La medida busca resolver la problemática de la contaminación de ruido en los cayos, áreas de baño de playa y Playita Rosada. Los ruidos desproporcionados han afectado la calidad de vida de los residentes y el disfrute de los espacios naturales por parte de los visitantes”, indica la pieza legislativa que fue presentada el pasado 4 de junio y referida a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales.
Según señala el Proyecto de la Cámara 2538, La Parguera ha sido designada como “reserva natural” por ser, entre otras cosas, un área importante de recursos costeros, sujeta a serios conflictos de uso presentes o potenciales, que deben preservarse en lo que sustancialmente es su condición actual, o donde sea practicable, restaurarlas a su condición natural previa.
De aprobarse el proyecto cameral, se impondrían multas a aquellos infractores de sus disposiciones, se regularía la jurisdicción de los tribunales y se proveería una fórmula de distribución de los fondos que se generen por concepto de infracciones entre el DRNA, el Negociado de la Policía y el municipio de Lajas. Este último tendría a su cargo la confección de un mapa de la zona de los cayos y Playita Rosada para demarcar lo que se denominaría como “zona de tranquilidad”.
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