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Tala de árboles

Gobierno  / PORTADA  / Pueblos
Querella ante el DRNA por supuesto daño ambiental en humedal contiguo a La Guancha
Redacción Es Noticia Publicado en mayo 2, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Ponce, doctor Ángel R. Comas Nazario, informó este lunes la radicación de una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra la Sucesión Serrallés y Property Concepts Commercial por supuestos daños ambientales.

“Ante la acostumbrada práctica de desarrolladores privados de afectar los ecosistemas del país para su propio lucro y, luego de haber recibido información de una tala indiscriminada de mangles, árboles y remoción de corteza terrestre en una propiedad localizada en la entrada al Complejo Recreativo y Cultural La Guancha.  Esta área constituye un humedal y zona de manglares protegidos por la Ley, el Partido Independentista Puertorriqueño en Ponce ha radicado una querella por daños ambientales en el DRNA contra la Sucesión Serrallés, dueños de los terrenos en cuestión y contra Property Concepts Commercial, corredores de bienes raíces que tienen el contrato para mercadear y vender la propiedad”, denunció Comas Nazario en una comunicación escrita.

“Como ciudadanos(as) no podemos ignorar los grandes intereses económicos en su empeño en destruir nuestros recursos naturales con el simple propósito se satisfacer sus deseos”, afirmó Comas Nazario.

“El Partido Independentista Puertorriqueño no está en contra del desarrollo económico, pero sí estamos en contra de que, so color de desarrollo económico, se destruyan nuestros recursos naturales. Por tales motivos estaremos presentando proyecto por petición ciudadana a la Legislatura Municipal para apoyar el PS 43 sometido por nuestra senadora, María de Lourdes Santiago y al Proyecto de la Cámara 116 conocidos como “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”, que buscan establecer una moratoria de construcción en la zona costanera y detener los crímenes ambientales, no solo en Ponce, sino en toda la Isla”, dijo Comas Nazario.


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Gobierno  / PORTADA  / Pueblos
Bahía de Jobos: masacre ambiental con tala de 732 árboles
Redacción Es Noticia Publicado en abril 27, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen R. Guerrero Pérez, emitió un memorial explicativo en el que afirmó que en el 2015 «emitieron órdenes de cese y desista verbales» al advenir en conocimiento de actividades de relleno e impactos al humedal en el área del Camino del Indio, en la comunidad de Las Mareas.

«El equipo de trabajo de la Reserva y personal del Cuerpo de Vigilantes (dirigidos por el sargento Colón) emitieron ordenes de cese y desista verbales. El equipo de la Reserva y los Vigilantes desarrollan informes sobre la construcción ilegal, el relleno de tierra y escombros, y la deforestación en terrenos de la Reserva, los cuales se presentaron ante la Oficina de Asuntos Legales del DRNA el 27 de julio de 2015», informó.

Guerrero Pérez, quien fue secretaria del DRNA entre enero de 2013 y junio 2016, presentó un Memorial Explicativa que detalla las gestiones que realizó durante su incumbencia para que tomara acción con lo que ocurrido en la Reserva de Jobos, en Salinas.

Precisó que el biólogo de la Reserva, en aquel entonces, documentó que «se impactaron y talaron un total estimado de 732 árboles en un área total deforestada de 2,297 m2 (0.57 acres lo que es equivalente a 0.000890625 milla cuadrada)».

«Con el insumo de la Oficina de Asuntos Legales, los Vigilantes, y personal de la Reserva, firmé y emití una Orden de Cese y Desista (no. 15-239-ZMT) el 28 de julio de 2015 contra Guillermo Godreau Veguilla, Santiago Rolón Vázquez, Carlos Manuel García Alvarado, y John Doe. Esta intervención por parte de los Vigilantes para ejercer el Cese y Desista fue coordinada por el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Cruz, con personal del Cuerpo de Vigilantes del área oeste. El 29 de julio de 2015 se entregó la orden de Cese y Desista a los acusados», indicó.

Tras la orden de cese y desista comenzó un proceso de vistas y visitas al lugar por parte de los agrimensores. Goreau ni sus abogados se presentaron a una citación. “El 6 de julio de 2016 el biólogo M. Muñoz, presentó un informe que incluye todas las violaciones registradas durante estos 10 meses desde que se emitió la Orden de Cese y Desistimiento [Desista]”, indicó.

Guerrero Pérez dijo que como ex secretaria del DRNA invitaba a «hacer una reflexión» sobre lo ocurrido en esa reserva y plantearse un alcance más amplio para atender con diligencia las construcciones sin permisos en la zona marítimo-terrestre en todo Puerto Rico.

Áreas que necesitan acción:

  1. Evaluar la Ley de Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico del 2009 que crea la figura del “Profesional Autorizado” y permite éstos emitan permisos ministeriales sin el insumo de las agencias especializadas y que establece que los comentarios técnicos del DRNA a permisos no ministeriales no sean vinculantes.
  2. Considerar una nueva Ley de Costas para Puerto Rico que ordene y guíe el uso del suelo a través de toda la zona costanera de la isla tomando en consideración nuestra realidad del siglo 21, al igual que los retos del cambio climático y la equidad ambiental.
  3. Evaluar la asignación de fondos otorgados anualmente al DRNA para asegurar que cubre las necesidades apremiantes de la agencia. Esta evaluación también debe considerar el reciente proceso de reorganización del DRNA y su impacto en la capacidad de manejar la gran diversidad de programas ambientales que maneja, entre otros.

Guerrero Pérez comenzó el Memorial con una descripción en la que destacó que esta Reserva abarca un total de 2,883 acres que integran partes de Mar Negro y Cayos Caribe, una formación lineal de 15 islas de manglares bordeadas de arrecifes que se extienden hacia el oeste desde el extremo sur de la boca de la Bahía de Jobos.

Valor del lugar:

  1. La Reserva sustenta extensos ecosistemas saludables, que incluyen sistemas de praderas marinas, arrecifes de coral, extensos bosques secos, bosques de manglares, salitrales, lagunas y bahías, algunas de estas bioluminiscentes. La Reserva también tiene una gran importancia económica para la recreación marina, la pesca comercial y recreativa y el turismo.
  2. La Reserva es una de las 30 áreas en el Sistema Nacional de Reservas de Investigación Estuarina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que están protegidas para la investigación a largo plazo, el monitoreo de la calidad del agua, la educación y la administración costera.
  3. La Reserva de Bahía de Jobos es la única Reserva de Investigación Estuarina de la NOAA en todo Puerto Rico y el Gran Caribe.
  4. La Reserva se estableció en 1981 y se administra en colaboración a través de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), que dirige su supervisión y manejo diario, y la Oficina de Administración Costera de la NOAA, que proporciona financiamiento, guías y estándares nacionales, orientación y asistencia técnica al DRNA en el manejo de la Reserva.
Memorial Explicativo - Carmen Guerrero Perez (Ex Secretaria DRNA)
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Gobierno  / PORTADA
Proponen legislar más protecciones para evitar la tala excesiva de árboles
Redacción Es Noticia Publicado en abril 28, 2021


Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El representante Edgardo Feliciano Sánchez realizó hoy -miércoles- la primera vista pública sobre la Resolución de la Cámara 213 que investiga la tala de árboles, comercial y no-comercial en el País.

La medida busca, “determinar la reglamentación que aplica a esta práctica, las recomendaciones, administración de este recurso y el impacto ambiental, comunitario y a la salud que tiene la deforestación, de forma tal que pueda adoptarse una política pública y legislación que atienda adecuadamente las necesidades y los retos que enfrenta el país en cuanto al cambio climático y la conservación de los recursos naturales».

“Al realizar lo propuesto, esta Cámara de Representantes cumplirá de manera óptima, su responsabilidad legislativa de investigar y legislar sobre todo aquello que propenda al bienestar general de la población. Como ya mencionamos, la salud ambiental es un imperativo moral y social’’, expresó la representante y autora de la medida Mariana Nogales Molinelli en comunicación escrita.

Según dispone el proyecto, el control sobre áreas forestales está mayormente en manos privadas donde poseen el 85 por ciento, mientras que el resto pertenece al Gobierno de Puerto Rico con un 11 por ciento y al Gobierno Federal, “por lo que la reglamentación clara y los esfuerzos de educación son indispensables para lograr una administración efectiva del recurso de la forestación».

De acuerdo con conservacionistas, arbolistas y personas interesadas en la protección de los recursos naturales hay un aumento preocupante en prácticas comerciales y no comerciales que resultan en la tala injustificada de árboles en Puerto Rico.

“El gobierno, en particular, ha incurrido en esta práctica luego de los huracanes Irma y María, y tras la asignación de más de 100 millones de dólares en fondos federales para el manejo de vegetación y disminución de riesgos de árboles peligrosos en lugares públicos. Organizaciones como Ciudadanos del Karso y Para la Naturaleza han denunciado, específicamente, la tala en instalaciones administradas por el Programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y han cuestionado las determinaciones y las cualificaciones de las empresas privadas contratadas para realizar los trabajos», agregó Nogales Molinelli.

Entre las áreas afectadas figuran el Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez, el Balneario Cerro Gordo en Vega Alta, el Parque de la Cavernas del Río Camuy, el Parque Urbano Julio Monagas en Bayamón y el Centro Vacacional Monte del Estado en Maricao.

A la vista asistieron el arbolista, William González, el ecólogo y científico del gobierno federal, Dr. Airel Lugo y la presidenta de Amigxs del M.A.R., Elga Vanessa Uriarte.

Por su parte, Vanessa Uriarte indicó que “es preocupante cómo el gobierno y las agencias llamadas a velar por el bienestar del país ignoran la situación, y en muchas ocasiones son los autores intelectuales de las masacres ecológicas que cada día son más frecuentes».

Además, añadió que Puerto Rico ha sido catalogado como el país número uno en el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, tras recibir los impactos de los huracanes Irma y María en 2017.

Igualmente, la presidenta de Amigxs del M.A.R., dijo que “en las últimas semanas se han suscitado actividades ilegales de tala de árboles en Dorado y Piñones ejecutadas por ‘personas privadas y municipios que no han pasado por reglamentación, y que actualmente se encuentran bajo investigación, pero no atendidas por el DRNA’’.

«Esto debería clasificarse como terrorismo ambiental porque realmente está siendo una práctica demasiado abierta», recalcó Vanessa Uriarte.

La presidenta de la organización, de igual manera, se unió al pedido de renuncia del licenciado Rafael Machargo, secretario del DRNA.

Por otro lado, González, expuso que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) llegó a un acuerdo con el DRNA para realizar unos trabajos de remoción de escombros causados por los huracanes Irma y María.

En el Parque Julio Enrique Monagas, a pesar de haber recibido una actividad de mínimo impacto, el arbolista informó que “estaban dispuestos a cortar 8,000 árboles y podar ramas peligrosas de otros 4,000, estimando aproximadamente 100,000 yardas cúbicas de escombro vegetal en un área cubierta de especies en peligro de extinción como la boa puertorriqueña y el palo de rosa».

“Ahora puede ser el pie de inicio para detener la práctica indiscriminada de tala de árboles y crear los espacios urgentes y necesarios para el debate y la creación de reglamentos que administren de manera eficiente, y poco burocrática los arbóreos de Puerto Rico», sostuvo el arbolista.

Mientras, Lugo subrayó que la conservación de los árboles de Puerto Rico está en las manos del DRNA, Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Junta de Planificación (JP), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que cada una “actúa sin coordinación alguna’’.

El ecólogo recomendó que Puerto Rico necesita un enfoque integrado para la conservación de los árboles y cobertura arbórea en los sectores urbanos, agrícolas y rurales.

Este enfoque requiere varios niveles de planificación y de implementación con la participación amplia de las organizaciones comunitarias dirigidas a la conservación de la naturaleza, agencias estatales, municipales y profesionales con conocimiento relevante en el asunto.

“Amamos a los árboles y los valoramos, pero por otro lado, al tolerar su maltrato sufrimos las consecuencias y pérdidas económicas, resultado de la falta de atención hacia los árboles. Esto requiere atención organizada y urgente», destacó Lugo.

Los tres deponentes concordaron que se debe desarrollar un plan rector donde se esboce la protección hacia los árboles, cómo enfocar la conservación que guíe a las agencias de Puerto Rico, que una a todos los consensos y organizaciones para que puedan brindar sus quejas en caso de ocurrir situaciones de talas de árboles injustificadas y aumentar el número de vigilantes que custodian estas zonas.

De mismo modo Lugo, reiteró que “con un plan de reforestación se resuelven casi el 90 por ciento de los problemas de cambio climático en Puerto Rico».

“Estos son unos asuntos que me parece que no se discuten mucho cotidianamente y que mediante esta Comisión de Recursos Naturales debemos atender estos reclamos para buscar las soluciones adecuadas para Puerto Rico de manera coordinada», puntualizó Nogales Molinelli.


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