Por Redacción Es Noticia
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La Fiscalía Federal en Puerto Rico reveló los detalles de una investigación que culminó con la acusación de 34 personas por tráfico de sustancias controladas dentro de las cárceles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Entre las drogas distribuidas se encuentran fentanilo, heroína, cocaína, marihuana y suboxone, además de variantes sintéticas de estas sustancias.
El grupo, identificado como «Ganga 31» o «Los Tiburones», utilizaba métodos como drones, familiares, correo postal y escondites en comida y equipos electrónicos para introducir las drogas a los penales. También se mencionó corrupción entre algunos oficiales del DCR y métodos como arrojar paquetes sobre las verjas de las instituciones correccionales.
Muertes por sobredosis y operación delictiva
El pliego acusatorio incluye señalamientos por cuatro muertes por sobredosis dentro de las cárceles, lo que pone en evidencia la magnitud del tráfico de drogas en estos recintos. Entre las instituciones afectadas se encuentran las prisiones de Aguadilla, Ponce (Las Cucharas), Bayamón 501 y la cárcel de máxima seguridad en Guayama.
De los acusados, 23 ya se encontraban confinados por otros delitos, mientras que tres continúan prófugos:
- Efraín González Serrano (“El Señor de los Cielos” o “Junito”)
- Moisés Mojica Torres (“Moi”)
- Aníbal Ramírez Alicea (“Nibby” o “Aníbal Martínez Alicea”)
Entre los nombres más destacados está Jensen Medina Cardona, quien cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de Arellys Mercado Ríos.
Declaraciones de las autoridades
El jefe de la Fiscalía Federal, W. Stephen Muldrow, indicó que la investigación está en curso y que podrían surgir más acusaciones, incluyendo contra oficiales de corrección involucrados. “La magnitud de esta operación subraya la necesidad de reforzar los controles en nuestras instituciones correccionales para proteger a la población y prevenir el tráfico de sustancias letales como el fentanilo”, expresó.
De ser declarados culpables, los acusados enfrentan posibles cadenas perpetuas por los cargos de narcotráfico y armas de fuego, así como penas de hasta 10 años por lavado de dinero.
Colaboración interagencial
La investigación contó con el apoyo de múltiples agencias locales y federales, incluyendo el FBI, ATF, HSI, Policía de Puerto Rico, el DCR y el Instituto de Ciencias Forenses, entre otros.
Los acusados comparecerán ante la magistrada federal Giselle López Soler para su vista inicial, mientras continúa el proceso judicial.
