La falta de integración entre los datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Registro de la Propiedad, los prolongados procesos judiciales, las controversias entre herederos y la escasez de recursos municipales figuran entre los principales obstáculos para atender las propiedades abandonadas y los estorbos públicos en Puerto Rico, según trascendió durante una vista pública presidida por la senadora Jamie Barlucea.
Durante la audiencia quedó evidenciada la disparidad entre los recursos y programas disponibles en los municipios. Mientras algunas administraciones municipales cuentan con inventarios y procesos más desarrollados para identificar propiedades y localizar a sus propietarios, otras carecen de personal capacitado, fondos y herramientas técnicas para establecer un programa efectivo.
- Juana Díaz informó que mantiene un inventario de aproximadamente 320 propiedades abandonadas y que ha logrado localizar a cerca de 200 propietarios, quienes asumieron responsabilidad por sus inmuebles.
- En Ponce, por su parte, estima que existen cerca de 4,000 propiedades abandonadas o posibles estorbos públicos en su jurisdicción.
- El municipio de Peñuelas señaló que datos del Censo de 2022 apuntan a unas 800 propiedades relacionadas con esta problemática.
- Mientras, Guánica ha identificado 74 propiedades.
- Guayanilla ha recibido cerca de 300 referidos ciudadanos.
“Los datos demuestran que los municipios están enfrentando realidades distintas, pero las trabas se repiten: problemas de herencia y titularidad, información que no coincide entre las agencias, procesos que se extienden demasiado y falta de recursos. Tenemos que brindarles herramientas claras y uniformes para que puedan actuar con mayor agilidad”, sostuvo la Senadora.
Uno de los señalamientos recurrentes fue el desfase entre la información del CRIM y la contenida en el Registro de la Propiedad. Representantes municipales indicaron que la obtención de certificaciones puede tomar días, semanas y, en algunos casos, hasta 90 días, lo que retrasa la investigación y tramitación de los expedientes. Entre las recomendaciones surgidas se encuentra desarrollar una plataforma digital interagencial que integre la información del CRIM, el Registro de la Propiedad, el Departamento de la Vivienda y los municipios.
También se planteó la necesidad de revisar los procedimientos relacionados con herencias, titularidad y notificaciones, sin menoscabar los derechos sucesorales. Asimismo, se recomendó capacitar a jueces y otros funcionarios sobre la legislación aplicable a los estorbos públicos, ante señalamientos de que algunos casos se dilatan por la utilización de procedimientos que no responden específicamente a este tipo de proceso.
Vivienda identifica 50,000 propiedades
El Departamento de la Vivienda informó que, como parte de uno de sus programas, se identificaron cerca de 50,000 propiedades, principalmente residencias. Ante esto, la Senadora solicitó información para que le desglosaran cuántas propiedades abandonadas hay por municipio, según el inventario del Departamento.
Barlucea destacó la importancia de que el Departamento fortalezca la orientación y asistencia técnica que ofrece a los gobiernos municipales, particularmente a aquellos que todavía no cuentan con inventarios o programas especializados. Vivienda expresó su disposición para colaborar y celebrar foros de capacitación.
“Existe información, hay programas y algunos municipios han desarrollado modelos que están dando resultados. Lo que necesitamos es lograr que esas herramientas sean conocidas y accesibles para todos los municipios, y que las agencias trabajen de manera coordinada”, afirmó la legisladora.
Durante la vista también se recomendó crear un fondo especial para ayudar a los municipios a sufragar los costos procesales; evaluar incentivos contributivos para que los propietarios rehabiliten los inmuebles antes de que sean declarados estorbos públicos; y establecer mecanismos para evitar que las propiedades recuperadas vuelvan a quedar abandonadas.
La vista fue la primera como parte de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 252. En ella participaron representantes del Departamento de la Vivienda, el Consejo para el Desarrollo Económico del Sur (CONSUR), el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y los municipios de Ponce, Juana Díaz, Guánica, Peñuelas y Guayanilla.
“Esta investigación no busca simplemente contar cuántos estorbos públicos existen. Queremos identificar qué está funcionando, dónde se está trancando el proceso y qué podemos corregir desde la Asamblea Legislativa para que menos propiedades permanezcan abandonadas y puedan volver a tener un uso productivo”, expresó Barlucea.
La próxima vista pública de la investigación se celebrará el miércoles, 23 de septiembre de 2026, en el municipio de Utuado. Estarán convocados los municipios de Adjuntas, Jayuya, Lares, Ciales, Maricao y Las Marías, así como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat.
