Por CyberNews
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La Junta de Control Fiscal (JCF) realizó hoy -jueves- una audiencia pública para indagar sobre asuntos relacionados a las reformas que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) necesita implantar para cumplir con el Plan Fiscal Certificado y asegurar las mejores prácticas relacionadas con los temas de seguridad, medidas de disuasión y la rehabilitación.
Durante la audiencia, que contó con la participación de oficiales correccionales y defensores de los derechos del confinado, se discutió el estatus de las reformas necesarias para fomentar responsabilidad fiscal y mejorar asuntos administrativos de la dependencia. Estos asuntos inciden directamente sobre la población correccional y los oficiales de custodia en términos de los servicios de salud y seguridad, entre otros componentes de la agencia.
“La Junta de Control Fiscal reconoce las dificultades que enfrenta el Departamento de Corrección en el sistema de prisiones”, sostuvo el presidente de la Junta, José Carrión.
“La Junta ha utilizado los planes de la agencia, al igual que el insumo de otras entidades y organizaciones, para desarrollar el Plan Fiscal Certificado. Continuamos recibiendo el insumo de todas las entidades involucradas en este proceso”, añadió.
La audiencia consistió de dos paneles. El primero estuvo compuesto por la gerencia y personal de Corrección, quienes comentaron sobre las iniciativas que se han implantado para cumplir con el Plan Fiscal y los planes diseñados para proyectos futuros.
Los panelistas del segundo grupo, en el que figuraron expertos del sistema correccional, compartieron sus experiencias lidiando con la agencia. Los miembros de la Junta plantearon preguntas que giraron en torno al presupuesto de la agencia y cómo se estaba utilizando para darle servicios a la población correccional.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, mencionó algunas de las mejoras que la agencia debería implementar, como la tasa de utilización de las instalaciones carcelarias y la ausencia de cambios operacionales que respondan a las fluctuaciones registradas en la población correccional.
“El sistema de prisiones de Puerto Rico requiere reformas”, indicó Jaresko.
“Algunas instalaciones requieren grandes obras de reparación y mantenimiento, mientras que una cantidad de fondos disponibles no se utilizaron para el año fiscal 2019. Además, se requieren mejoras en los asuntos de responsabilidad fiscal en el Departamento de Corrección. Se lo debemos a todos los puertorriqueños que haya un sistema correccional seguro, justo y que aquellos que estén cumpliendo sus sentencias sean tratados de manera humanitaria, y que haya una mayor posibilidad de que se reintegren a la sociedad”, añadió Jaresko.
Las principales medidas del Plan Fiscal de Corrección apuntan a la consolidación de instalaciones carcelarias, la reducción de personal, la optimización del sistema de compras y la fijación de gastos similares a los costos promedios de los sistemas carcelarios en Estados Unidos.
“Tenemos que felicitar los esfuerzos del Gobierno en el cumplimiento del Plan Fiscal, pero a la vez, debemos subrayar el trabajo que tenemos por delante para asegurar una agencia más eficiente”, dijo Jaresko.
