Los presidentes de los gremios que agrupan los alcaldes -rojos y azules- se sentaron en la misma mesa con una sola agenda: discutir la búsqueda de fondos para los ayuntamientos de cara al nuevo año fiscal.
La reunión ocurrió en preludio a que el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) intenten ponerse de acuerdo para presentar el presupuesto consolidado del próximo año fiscal 2026-2027.
“En muchos temas podemos tener diferencias, pero aquí hay una causa común y es defender los servicios que reciben nuestras comunidades. Nos sentamos en la misma mesa para discutir cuáles son nuestras prioridades, en qué coincidimos y cómo vamos a presentar un frente conjunto ante el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal», dijo el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez.
«Cuando se habla de amas de llaves, paramédicos y policías municipales, se habla de servicios que atienden diariamente a nuestra gente y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo de Jayuya, Jorge ‘Georgie’ González Otero, señaló que “más allá de diferencias políticas o administrativas, existe un compromiso genuino de defender a nuestra gente y a las comunidades que dependen diariamente de sus gobiernos municipales. Desde la Asociación de Alcaldes creemos firmemente en un frente unido para exigir justicia presupuestaria, proteger los fondos destinados a servicios esenciales y garantizar que ninguna decisión del gobierno central o de la Junta de Supervisión Fiscal termine afectando directamente la calidad de vida de nuestro pueblo”.
Como parte de la discusión presupuestaria, los alcaldes repasaron varias partidas pendientes de desembolso del presente Año Fiscal 2025-2026 y el pasado 2024-2025.
Durante el encuentro también discutieron el impacto fiscal que tendría en los municipios la implementación de la Ley 78 de 2025, relacionada al impuesto al inventario de medicamentos recetados.
Según los planteamientos presentados en la reunión, la medida provoca una reducción aproximada de $21.5 millones en recaudos municipales por concepto de contribución sobre propiedad mueble. Ante ese escenario, los alcaldes propusieron que los fondos acumulados en el Fondo de Consolidación de Servicios Municipales, que ascienden a $66 millones y permanecen en el presupuesto desde años anteriores, se utilicen para sustituir esa pérdida de ingresos y evitar un impacto en los servicios municipales.
Además, los ejecutivos municipales discutieron problemas relacionados con animales realengos y varios asuntos legislativos pendientes relacionados con autonomía municipal, distribución de fondos y reglamentación administrativa.
