Por Miguel Díaz Román

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La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le advirtió al gobierno local que acudirá al Tribunal Federal a solicitar la derogación de tres leyes que establecen dos ventanas de retiro para empleados públicos y de un mecanismo que facilita el retiro de maestros, si la gobernadora Wanda Vázquez Garced insiste en ponerlas en vigor luego de que las firmó antes de las primarias.

Jaresko advirtió que hasta que el organismo no evalúe el impacto fiscal de las tres leyes el gobierno no debe aceptar solicitudes de empleados públicos para acogerse a los beneficios de jubilación que ofrecen las leyes, y en especial las dos ventanas de retiro que garantizan el pago de una pensión vitalicia equivalente entre el 50 % y el 55 % del salario de los empleados públicos que la soliciten.

Los planteamientos de Jaresko figuran en una dura y contundente carta enviada por correo electrónico a la gobernadora y a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, el pasado 4 de septiembre y de la que EsNoticia obtuvo una copia.

En la misiva Jaresko reitera que con sus continuos atrasos e incumplimientos, el gobierno local ha violado los requisitos de la Ley federal Promesa, que avaló el establecimiento de la JSF en el 2016, y a obstaculizado la labor del organismo federal. También sostiene que el gobierno ha incumplido con el requisito de enviar información financiera para determinar el efecto fiscal de las tres leyes.

“Tal demora es especialmente irresponsable aquí porque las leyes afectan la carreras y vidas de miles de empleados públicos y tienen un impacto multimillonario en el finanzas y presupuesto del gobierno. En pocas palabras, la Legislatura no debe aprobar, y la gobernador no debería convertir en ley ninguna legislación sin antes comprender su consecuencias y concluir que no es incompatible con el plan fiscal.La práctica de adoptar legislación sin medir su costo fiscal probablemente contribuyó a la crisis financiera que enfrentó Puerto Rico en 2016, que resultó en la adopción de Promesa”, sostuvo la funcionaria federal en la carta.

Jaresko también señaló que la gobernadora solicitó prórrogas de siete días para presentar la documentación necesaria para certificar las tres leyes y casi la mitad de todas las leyes aprobadas en 2020, y condicionó la aprobación de la prórroga a que la gobernadora declare que no pondrá en vigor las ventanas de retiro.

“A la luz del interés del público en el estado de las leyes y la gravedad de su impacto, estaríamos dispuestos a otorgarle una prórroga hasta el 11 de septiembre y solo si el gobierno hace una declaración pública explicando a los empleados públicos que no aceptará solicitudes para acogerse a las ventanas de retiro”, indicó Jaresko.

Esta sería la segunda ocasión en que la directora ejecutiva de la JSF le solicita a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que anuncie públicamente que el gobierno no aceptará solicitudes para las ventanas de retiro aprobabas. La primera ocasión fue por medio de otra carta enviada el 25 de agosto.

Hasta el día de hoy ni Vázquez Garced ni otros funcionarios de jerarquía en su administración han realizado el mensaje solicitado por la JSF.

Las leyes de retiro firmadas por la gobernadora son el proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que se convirtió en la Ley 81 y que favorece a policías, bomberos y empleados de emergencias médicas. La segunda medida es el proyecto del Senado 1616, que se convirtió en la Ley 80 y ofrece una ventana del retiro a los empleados públicos de otras agencias del gobierno.

La tercera medida es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.

En la carta Jaresko le recuerda a la gobernadora que si se inclina por implementar las tres leyes y se propone aceptar solicitudes para las ventanas de retiro, deberá avisar a la JSF con 14 días de antelación.

Además, le advirte con claridad diáfana que acudirán al Tribunal Federal para impedir que las leyes entren en vigor.

“Si planea implementar estas leyes o aceptar solicitudes antes de nuestras determinaciones sobre si las leyes no menoscaban ni frustran los propósitos de Promesa, ni violan de otra manera PROMESA, la JSF se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, consistentes con las secciones 108 (a), 204 y 207 de Promesa, incluida la búsqueda de remedios para evitar la implementación y ejecución de las leyes y por cualquier implementación indebida de las mismas”, dijo Jaresko.

En el 2019 la JSF le solicitó al Tribunal Federal la revocación de la Ley 29, que establecía que el gobierno central pagaría obigaciones de los municipios. Ese año la jueza federal, Laura Taylor Swain, avaló la petición, lo que ha causado severas restricciones económicas a todos los municipios.

La directora ejecutiva de la JSF indica en la carta que desde el pasado 28 de agosto, fecha en la JSF envió otra misiva en la que advirtió que el gobierno no había entregado información financiera para certificar las tres leyes, el organismo federal ha recibido mensajes de empleados públicos preocupados por la puesta en vigor de las ventanas de retiro.

“La JSF ha recibido por medio de las redes sociales y de correos electrónicos, numerosas solicitudes de residentes de Puerto Rico sobre el estado de estas leyes. La implementación de estas leyes podría resultar en daños irreparables, por lo que es imperativo que estas leyes no se implementen hasta que la JSF haya revisado todos los materiales relevantes y haya determinado si las leyes no menoscaban o frustran los propósitos de Promesa”, señaló Jaresko.

En la carta Jaresko le indica Marrero que “por su propia admisión”, en alusión a una comunicación anterior, la información financiera que solicita la JSF para revisar la viabilidad de las tres leyes aún no está disponible, a pesar de que ya se cumplió un mes desde que la gobernadora firmó los estatutos a principios del pasado mes de agosto.

Además, Jaresko menciona que es “preocupante” que la información financiera relacionada con el efecto de las leyes en el fisco tampoco estuvo disponible ni para los funcionarios del Ejecutivo ni para los legisladores y mucho menos para la gobernadora, que convirtió en ley las medidas sin conocer su efecto en las finanzas públicas.

“Basado en su respuesta, nos preocupa además que, al evaluar los méritos de la legislación pendiente, estos documentos y análisis críticos nunca estuvieron disponibles para los tomadores de decisiones del gobierno, antes de aprobar y promulgar medidas que alteran fundamentalmente el futuro financiero del gobierno”, sostuvo la directora ejecutiva de la JSF.

Por Redacción Es Noticia

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La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció este lunes la aprobación de varias partidas de fondos federales que suman $42.5 millones para programas de educación, energía, remoción de escombros, vivienda, violencia doméstica y para mitigar la emergencia del COVID-19, entre otros.

Las asignaciones provienen por parte del Departamento de Energía Federal, la Administración de Desarrollo Económico (EDA), el Departamento de Vivienda (HUD), el Departamento de Justicia federal, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Fundación Nacional de Ciencias, por el Departamento de Educación federal, y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Educación federal asignó 7,118,596 dólares a varias instituciones educativas como parte de las subvenciones para el año fiscal 2020 del programa “Developing Hispanic-Serving Institutions Program; Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA)”.

Dentro de este programa, la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano recibirá 599,955 dólares; la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico recibirá 599,963 dólares; la Universidad Politécnica recibirá 599,987 dólares; el Colegio Universitario de San Juan recibirá 600,000 dólares; Atlantic University College recibirá 600,000 dólares; la Universidad Interamericana de Puerto Rico recinto de Aguadilla recibirá 599,952 dólares; American University of Puerto Rico recibirá 599,933 dólares; la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas recibirá 600,000 dólares; la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey recibirá 600,000 dólares; la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina recibirá 600,000 dólares y la Universidad de Puerto Rico Recinto de Aguadilla recibirá 518,890 dólares.

Por otra parte, el Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés) bajo el programa para reducir la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acoso en el campus asignó 299,962 dólares a la Universidad del Sagrado Corazón. El programa ofrece una oportunidad única para que las instituciones educativas superior establezcan enfoques multidisciplinarios incluyendo actividades para combatir la agresión sexual, la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo y el acoso en los campus.

Asimismo, Taller Salud recibirá 225,000 dólares para mejorar los servicios para víctimas de agresión sexual, violencia doméstica, violencia en el noviazgo y programa de acecho.

La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico recibirá 475,728 dólares por parte del Departamento de Vivienda federal (HUD) para el programa de Vales de Elección de Vivienda, conocido como Sección 8.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) asignó 150,000 dólares al Ocean Foundationpara para buscar y recoger artículos de pesca perdidos y desperdicios abandonados en el sureste de Puerto Rico y áreas de reserva marina.

El Centro Universitario de la Universidad de Puerto Rico recibirá 116,667 dólares por parte de la Administración de Desarrollo Económico para financiar el último año de un Programa de Desarrollo Económico del Centro Universitario de cinco años en la Universidad de Puerto Rico. Este programa brinda asistencia técnica y herramientas de investigación y desarrollo para aumentar la productividad, estimular la innovación y promover el espíritu empresarial para ayudar a aumentar la competitividad regional a largo plazo y la diversificación económica.

El programa del Centro Universitario de EDA es una asociación basada en la competitividad entre la EDA y las instituciones académicas que pone varios recursos de las universidades a disposición de la comunidad de profesionales para el desarrollo económico.

La Fundación Nacional para las Ciencias (NSF) asignó 3,200,000 dólares a la Universidad de Puerto Rico para el programa Louis Stokes STEM Pathways and Research Alliance: Puerto Rico-LSAMP – Expanding Opportunities for Underrepresented College Students (2020-2025)” bajo la dirección del Presidente de la Universidad, Jorge Haddock. Este programa tiene como fin atraer, reclutar y retener a los estudiantes en el campo de STEM en estudios de pregrado y posgrado culminar sus estudios. La alianza está compuesta por el Sistema Universitario de Puerto Rico: dos campus de posgrado – Río Piedras y Mayagüez y seis campus de 4 años – Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao y Ponce; la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; y el Sistema Universitario Ana G. Méndez – Universidad Metropolitana, Universidad del Este y Universidad del Turabo.

Además, el Departamento de Energía Federal asignó 4 millones de dólares al Sistema Universitario Ana G. Méndez para un sistema resiliente de energía,

El Departamento de Comercio federal asignó 578,755 de dólares a Puerto Rico Manufacturing Extension, Inc. (PRiMEX), para ayudar a las manufactureras en la isla a ponerlas en posición de desarrollar nuevos productos y clientes, expandirse a los mercados globales, adoptar nuevas tecnologías, entre otros servicios.

Más fondos para Puerto Rico bajo la Ley CARES

La comisionada anunció que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) otorgó un total de 414,088 dólares por medio del programa de asistencia para el pago del alquiler basada por proyecto Rehabilitación Moderada (Mod Rehab) bajo la ley estímulo económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, (Ley CARES), para agencias de vivienda pública en la isla (PHAs) que brindan asistencia de vivienda a residentes de bajos ingresos.

De estos fondos, el municipio de San Juan recibirá 249,375 dólares; Ponce, 21,590 dólares; Bayamón, 18,470 dólares; Trujillo Alto, 6,579 dólares; Arroyo, 52,400 dólares y el Puerto Rico Housing Finance Corporation, 65,674 dólares.

Otros fondos aprobados y anunciados, recientemente, incluyen 26 millones de dólares para mejoras a la infraestructura de aeropuertos en la Isla por parte del Departamento de Transportación federal (DOT, por sus siglas en inglés) a través de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

“Como miembro del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal, es prioridad para mí que Puerto Rico cuente con los recursos necesarios. Ya hemos asegurado inversión federal de 89 millones de dólares para los aeropuertos de Puerto Rico son fundamentales para expandir nuestra oferta de pasajeros y carga,” dijo la comisionada residente.

Hasta el 2 de septiembre de 2020, 10 aeropuertos en la Isla han recibido 89,862,346 dólares en fondos federales; 51,700,606 dólares bajo el CARES Act y 38,161,740 dólares en fondos recurrentes.

Puerto Rico ha recibido cerca de 10,305,144,996 dólares en fondos federales para hacer frente a los retos de la pandemia. La comisionada residente ha abogado y gestionado fondos federales y recursos para mitigar el efecto del coronavirus en las distintas industrias y sectores en la Isla, y también en las comunidades. Estos fondos no incluyen los otorgados bajo los programas temporero de beneficios por desempleo.