Por Sandra Caquías Cruz
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó que el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, incurrió en «negligencia inexcusable» al contratar a la compañía LR Handyman Services por un contrato que comenzó en $1.2 millones y para el que no realizó subasta.
La Resolución del PFEI propone suspender al alcalde de empleo y sueldo durante un periodo de 10 días. El salario mensual del alcalde de Villalba es de $6,000. Diez días de suspensión implica alrededor de la mitad de ese salario.
El alcalde tiene cinco días para impugnar la sanción, no así la «negligencia inexcusable» que fue adjudicada, explicó el representante penepé José Enrique Meléndez, quien radicó la denuncia y señaló que el empresario es aportador al partido en el que milita el alcalde.
Negligencia inexcusable, según la Ley de Municipios Autónomos, es la acción u omisión manifiesta, injustificada y que no admite excusas de descuido o incumplimiento por parte de un alcalde o alcaldesa para con las responsabilidades y obligaciones del cargo, de tal dimensión o magnitud que constituye una falta de gravedad mayor para la disciplina y eficiencia de la función pública, que implique la conciencia de la previsibilidad del daño y la aceptación temeraria, sin razón válida para ello, menoscabando de esa manera los intereses y/o derechos del pueblo».
La Resolución del PFEI establece que «el Alcalde incurrió en actuaciones sancionadas» en el Plan de Reorganización Núm. 1-2020, específicamente en el Art. 14, Inciso (c) el cual se refiere al abandono inexcusable y negligencia inexcusable en el desempeño de sus funciones que resulta lesiva a los mejores intereses públicos.
Hernández Ortiz reaccionó molesto por todo el proceso y la determinación. Aseguró que estaría radicando la impugnación. “Este es un proceso altamente abusivo y atropellado. Tengo cinco días para pedir una vista administrativa y nadie dude que así lo haré», expresó.
«Voy de frente y como en ocasiones anteriores, venceré contra esta injusticia, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi pueblo”, dijo el abogado y también vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
De la investigación llevada a cabo surge que, para los trabajos en la urbanización Alturas del Alba, no hubo una subasta pública, en clara violación a la Ley de Municipios Autónomos. Todos los contratos con LR Handyman Servicies, Inc., fueron otorgados sin haber llevado a cabo una subasta para los trabajos contratados».
Resolución – DJ-2017-008 (AF)
La controversia surgió en el 2011, cuando Hernández Ortiz no era alcalde de Villalba, según desglosa la Resolución del Panel sobre el FEI- Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
Cadena de eventos:
- 2011 – Agosto – Gobierno decreta estado de emergencia ante paso tormenta Irene.
- 2011 – Agosto – Municipio de Villalba también decreta estado de emergencia.
- 2012 – Noviembre – alcalde de Villalba (Waldemar Rivera) declaró otro estado de emergencia en la urbanización Alturas del Alba, relacionados a los daños de la tormenta.
- 2012 – finales – renuncia alcalde Waldemar Rivera, ahora juez.
- 2013 – Febrero – Luis Javier Hernández Ortiz asume la alcaldía.
- 2013 – Julio – firma el contrato con LR Handyman Services por $1.2 millones para reparar los daños.
- 2014 – Junio – aumenta el contrato a $1.3 millones.
- 2015 – Agosto – vuelve a aumenta el contrato a $1.5 millones.
- 2016 – Febrero – nueva enmienda al contrato lo lleva a $1,664,366.
El PFEI establece en su Resolución que «el contrato del 31 de julio de 2013 (Hernández Ortiz ya había asumido la poltrona municipal) no contienen explicación o fundamentos por el cual no se llevó a cabo la subasta que requiere la Ley de Municipios Autónomos».
Hernández Ortiz insistió en que el Panel investigó este caso «durante dos años y tuvo que reconocer que no había cometido delito alguno. Ahora, que los ojos del país están puestos en Villalba de forma positiva, gracias a la iniciativa del Consorcio Energético de la Montaña, vienen a tratar de manchar reputaciones sin tener ningún fundamento válido en derecho ni en los hechos”.
Además, destacó que «este caso nunca fue señalado por el Contralor en sus informes de auditoría. Lo que este servidor ha hecho es darle continuidad a un proyecto necesario para la comunidad de la urbanización Alturas del Alba. Este proyecto se culminó y fue inspeccionado por todas las agencias concernidas. De hecho, no hubo que devolver un solo centavo. Aquí no se ha cometido ilegalidad alguna”, insistió.
No obstante, al Resolución del PFEI señala que «del Informe del Abogado Investigador surgen violaciones a la Ley Electoral, sin embargo, por este asunto encontrarse bajo investigación del Contralor Electoral y, en ánimo de no afectar la investigación en curso por parte de esa institución, no intervendremos».
El documento especifica que la suspensión de empleo y sueldo por 10 días implica que durante ese tiempo el alcalde «Hernández Ortiz, no podrá visitar las instalaciones municipales, reunirse con el personal del municipio. ni dar instrucciones, por sí o mediante tercero, sobre la administración o labores de dicho municipio. Tampoco podrá hacer uso, en forma alguna de bienes muebles pertenecientes al municipio, entre ellos, vehículos. computadoras o teléfonos, entre otros».
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