Por Redacción Es Noticia
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Seis organizaciones demandaron al Gobierno por aprobar la construcción de proyectos industriales de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente, lo que viola las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.
Las organizaciones radicaron un ‘Mandamus’ en el que solicitan al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al Negociado de Energía, la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (Ddec) y el ELA, la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos.
Argumentaron en su petición, que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.
El Negociado aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.
Alertaron que queda “la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos” como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.
“Pese a la letra clara de las referidas leyes, el Negociado de Energía de Puerto Rico («Negociado») ha aprobado contratos de compra de energía para 18 proyectos industriales de energía renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agrícola, y estará considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (Ddec), y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”, lee la demanda.
Las entidades demandantes son:
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- Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc.
- Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
- Comité Diálogo Ambiental Inc.
- Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático)
- Sierra Club Puerto Rico
- Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc.
- El grupo cuentan con apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.
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Las organizaciones demandantes denunciaron la falta de transparencia del Negociado que llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.
“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el Negociado y las agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el Plan de Uso de Terrenos, y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.
“La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, indicó David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, sostuvo Sotomayor.
Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático) afirmó “los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. Cerca del 95% del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.
En la demanda argumentaron que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el Ddec al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.
“Favorecemos la energía renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecológico y reservas agrícolas de los mayores lugares productivos”, puntualizó Marissa Reyes, de la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc. “Pese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque evalúa y aprueba los proyectos industriales (de energía) del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del Ddec y sin requerir al Ddec que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019… De igual manera, el Ddec incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.”, añade la demanda.
Las organizaciones expresaron en conferencia de prensa que además del entorno de falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobación de estos proyectos, les preocupa el alegado conflicto de interés del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró con respecto a los cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).
Afirmaron que en medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama.
La licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable, resiliente y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades.
Explicó que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio Hidrológico Hidráulico (HH) que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.
“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.
