El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, reconoció hoy -martes- que la agencia enfrenta recortes que afectarán el mantenimiento y la seguridad de las escuelas, aunque señaló que la reducción de cerca de $1,200 millones en el presupuesto consolidado responde al vencimiento y la contabilización de fondos federales extraordinarios de la pandemia.
El presupuesto consolidado del Departamento pasó de aproximadamente $5,200 millones en el año fiscal anterior a cerca de $4,000 millones en el vigente. Parte de la diferencia corresponde a fondos ESSER cuya liquidación apareció contabilizada en el presupuesto anterior, pero que no representaban dinero disponible para sostener las operaciones ordinarias de la agencia.
“Sí hay una porción bastante grande relacionada con los fondos ESSER, porque recordarán que en algún momento tuvimos una paralización en la liquidación de esos fondos por mandato presidencial. Quedó un remanente cuya liquidación fue contabilizada el año pasado. Esa liquidación de los primeros meses del año fiscal se contabilizó —y hablo de contabilizar— porque no tuvo un efecto inmediato en muchas de las partidas u operaciones del Departamento”, explicó Ramos Parés a preguntas de la prensa.
Aunque rechazó que toda la diferencia presupuestaria represente una pérdida directa de recursos operacionales, el secretario admitió que varias partidas esenciales sí sufrieron reducciones sucesivas.
“La realidad es que tengo que reconocer que hemos tenido recortes paulatinos año tras año. Por ejemplo, la partida de mantenimiento, que hace dos años era de $71 millones, el año pasado fue recortada a unos $53 millones y este año a unos $28 millones. En efecto, habrá un impacto en todas estas partidas”, sostuvo.
En seguridad escolar, la reducción de un año al otro asciende a $11 millones, según el funcionario.
“En el área de seguridad también vemos un recorte paulatino: de hace dos años al año pasado, y uno mucho mayor este año. De un año a otro, vemos un recorte de $11 millones en la partida de seguridad escolar. Sin duda, tenemos un impacto”, afirmó.
Ramos Parés indicó que advirtió sobre esas insuficiencias durante el proceso presupuestario ante la Asamblea Legislativa y la Junta Fiscal. Añadió que en junio presentó los datos al equipo presupuestario de la Junta, pero el organismo certificó el presupuesto con los recortes que ahora deberá administrar.
Ante la disminución de recursos, Educación prepara una fórmula para distribuir los fondos de mantenimiento y seguridad entre los planteles de acuerdo con el tamaño de su infraestructura, la matrícula y sus necesidades particulares. El secretario aseguró que todas las escuelas tendrán recursos de mantenimiento, aunque no podrán recibir la misma cantidad.
“El Departamento sí enfrenta retos en este momento. Hicimos una fórmula para atender todas las escuelas en aspectos de mantenimiento y seguridad. Es un tema que no está cerrado. Ahora mismo espero un cálculo porque, sin duda, no podemos trabajar todas las escuelas de la misma forma”, señaló.
Educación especial cuenta con fondos adicionales para la prestación de servicios, mientras la agencia procura utilizar Medicaid para sufragar parte de las terapias y evaluaciones requeridas por los estudiantes. Ramos Parés dijo que espera que ese mecanismo opere plenamente durante el nuevo curso escolar.
El secretario también reconoció insuficiencias históricas en educación especial y transportación escolar. Explicó que antes el Departamento cubría esos desfases con sobrantes causados por nombramientos tardíos de maestros y compras que no se completaban, pero esas economías prácticamente desaparecieron ante una plantilla docente más completa y la ejecución de cerca del 97 por ciento de las compras.
“El presupuesto tiene que ajustarse a las obligaciones que tenemos con los estudiantes: obligaciones legales y constitucionales”, expresó Ramos Parés al señalar que los servicios establecidos en los Programas Educativos Individualizados no pueden reducirse únicamente para ajustarse a la asignación disponible.
La Junta Fiscal aprobó el 30 de junio una reprogramación de fondos gubernamentales para cubrir pagos pendientes de educación especial y transportación. Sin embargo, el Departamento todavía no ha completado los desembolsos por problemas asociados con la conversión de comprobantes al nuevo sistema financiero ERP.
“Durante estos 30 días, desde que la Junta aprobó la solicitud el 30 de junio, el principal reto del Departamento ha sido el ERP, el sistema financiero del Gobierno, que no nos ha permitido trabajar con la celeridad necesaria para desembolsar estos pagos”, admitió el secretario.
Los transportistas advirtieron que no firmarán los contratos del nuevo año académico mientras permanezcan las deudas. El servicio atiende a más de 30,000 estudiantes y cuesta unos 130 millones de dólares anuales, con una parte considerable destinada al transporte adaptado de alumnos de educación especial.
Ramos Parés aseguró que su objetivo es que todos los servicios estén disponibles para el inicio de clases el 6 de agosto, pero reconoció que depende de que los pagos puedan completarse.
“Ellos están diciendo que no suscribirán los contratos porque su intención es crear suficiente presión para que salgan estos pagos. Estamos trabajando y, vuelvo y te digo, mi pretensión es que todos los servicios estén disponibles para este 6 de agosto. Sin duda, dependemos de lo que ocurra durante el día de hoy”, sostuvo.
